La generación primaria de riqueza en Guatemala, de acuerdo a las cifras de Banco de Guatemala, que todos conocemos, ha sido y sigue siendo producida en el sector agropecuario.
Esto implica que en la medida que este sector genere riqueza, de manera directa, esta permeara los otros sectores económicos, tales como; comercio, industria, financiero, servicios, comunicaciones y otros.
Por esta razón, si se facilita la competitividad del sector agropecuario, se permite que el impacto al desarrollo económico de Guatemala se motive de forma directa.
Los costos de producción de un producto agropecuario están afectados directamente por las tasas impositivas a las que está sujeto este bien o servicio.
Y sucede que al hacer un estudio comparativo con la región centroamericana, sudamericana y México, descubrimos con sorpresa que Guatemala es el único país que no exonera del pago del impuesto sobre ventas al sector agropecuario. Situación que todavía es peor, cuando podemos verificar que países vecinos como México, subsidia hasta en un 50-70% la infraestructura agroindustrial.
En toda Latinoamérica hay incentivos fiscales de la misma naturaleza, que promueven la generación de riqueza en el sector primario. Estados Unidos de igual manera subsidia a la producción agropecuaria. Incluso muchos de estos países de la región, adicional a la exoneración del impuesto sobre ventas, también tiene exento el pago del impuesto sobre rentas a las MIPYMES. Y en otros casos exonera a este sector del pago de impuestos territoriales.
Esta desventaja fiscal afecta directamente la competitividad de los productos agropecuarios que Guatemala oferta en el mercado local e internacional. Afectando desfavorablemente en el mediano y largo plazo el balance comercial.
Si a esta desventaja competitiva y comparativa, sumamos una tasa de cambio desfavorable y un salario mínimo mucho menor, tal es el caso de México, esto provoca el contrabando en esas fronteras de manera natural.
De no tener una ley de Equidad Fiscal con nuestros vecinos regionales, quienes son nuestra competencia directa, nuestro país perderá la producción agropecuaria por la falta de competitividad. Es una situación de subsistencia de nuestra producción agropecuaria, que antes de estas leyes de incentivos a los sectores primarios, otorgada por nuestros vecinos, nos permitió tener una balanza comercial favorable. Dicho sea de paso que cada vez es menor con países como Honduras, aún cuando está a nuestro favor. Ejemplos de esto son las hortalizas, café, ganado y otros bienes agropecuarios.
Es importante aclarar, que una ley de esta naturaleza, no es un privilegio para este sector, que directamente o indirectamente, afecta a los otros sectores económicos del país. Se trata de una defensa de la producción agropecuaria de Guatemala. Esta desigualdad fiscal, también provoca y es responsable del alto porcentaje de informalidad de la gran mayoría de los productos agropecuarios, en busca de una competitividad, que de otra manera los saca del mercado, al estar formalizados. Muy engorroso y burocrático por cierto, lo cual complica y dificulta el pago correspondiente.
De tal suerte, que una ley de equidad fiscal, puede sin duda, facilitar la formalización del sector agropecuario, ya que al estar exento del impuesto sobre ventas o al valor agregado (IVA), forzosamente obliga a que el productor deba estar registrado como tal, para hacer efectiva la exención al momento de la compra.
Por lo tanto, un efecto inmediato, adicional a generar más riqueza primaria para el sector agropecuario, es el de aumentar la masa tributaria. Cuyo aporte a la economía, definitivamente, será de crecimiento en el sector agropecuario, con el consabido derrame en los sectores; comercial, industrial, financiero, de servicios y otros.
Finalmente, la formalización del sector agropecuario para darle competitividad, contribuye a la recaudación fiscal ya que todo aquel productor agropecuario que se beneficie de la exención del impuesto sobre ventas, está obligado a reportar el impuesto sobre la renta, Situación que supera con creces la que deja de percibir por concepto de cobro de IVA en el sector agropecuario. Siempre y cuando se facilite el pago del mismo por un mecanismo sencillo y de fácil recaudación, por medio de un Sistema de Contabilidad Simplificada, tal cual es el caso de Chile para lo cual establece un mecanismo que puede estar en línea o por medio de un APP de celular.
“Es mucho más inteligente tener un porcentaje de algo, que todo de nada”
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La generación primaria de riqueza en Guatemala, de acuerdo a las cifras de Banco de Guatemala, que todos conocemos, ha sido y sigue siendo producida en el sector agropecuario.
Esto implica que en la medida que este sector genere riqueza, de manera directa, esta permeara los otros sectores económicos, tales como; comercio, industria, financiero, servicios, comunicaciones y otros.
Por esta razón, si se facilita la competitividad del sector agropecuario, se permite que el impacto al desarrollo económico de Guatemala se motive de forma directa.
Los costos de producción de un producto agropecuario están afectados directamente por las tasas impositivas a las que está sujeto este bien o servicio.
Y sucede que al hacer un estudio comparativo con la región centroamericana, sudamericana y México, descubrimos con sorpresa que Guatemala es el único país que no exonera del pago del impuesto sobre ventas al sector agropecuario. Situación que todavía es peor, cuando podemos verificar que países vecinos como México, subsidia hasta en un 50-70% la infraestructura agroindustrial.
En toda Latinoamérica hay incentivos fiscales de la misma naturaleza, que promueven la generación de riqueza en el sector primario. Estados Unidos de igual manera subsidia a la producción agropecuaria. Incluso muchos de estos países de la región, adicional a la exoneración del impuesto sobre ventas, también tiene exento el pago del impuesto sobre rentas a las MIPYMES. Y en otros casos exonera a este sector del pago de impuestos territoriales.
Esta desventaja fiscal afecta directamente la competitividad de los productos agropecuarios que Guatemala oferta en el mercado local e internacional. Afectando desfavorablemente en el mediano y largo plazo el balance comercial.
Si a esta desventaja competitiva y comparativa, sumamos una tasa de cambio desfavorable y un salario mínimo mucho menor, tal es el caso de México, esto provoca el contrabando en esas fronteras de manera natural.
De no tener una ley de Equidad Fiscal con nuestros vecinos regionales, quienes son nuestra competencia directa, nuestro país perderá la producción agropecuaria por la falta de competitividad. Es una situación de subsistencia de nuestra producción agropecuaria, que antes de estas leyes de incentivos a los sectores primarios, otorgada por nuestros vecinos, nos permitió tener una balanza comercial favorable. Dicho sea de paso que cada vez es menor con países como Honduras, aún cuando está a nuestro favor. Ejemplos de esto son las hortalizas, café, ganado y otros bienes agropecuarios.
Es importante aclarar, que una ley de esta naturaleza, no es un privilegio para este sector, que directamente o indirectamente, afecta a los otros sectores económicos del país. Se trata de una defensa de la producción agropecuaria de Guatemala. Esta desigualdad fiscal, también provoca y es responsable del alto porcentaje de informalidad de la gran mayoría de los productos agropecuarios, en busca de una competitividad, que de otra manera los saca del mercado, al estar formalizados. Muy engorroso y burocrático por cierto, lo cual complica y dificulta el pago correspondiente.
De tal suerte, que una ley de equidad fiscal, puede sin duda, facilitar la formalización del sector agropecuario, ya que al estar exento del impuesto sobre ventas o al valor agregado (IVA), forzosamente obliga a que el productor deba estar registrado como tal, para hacer efectiva la exención al momento de la compra.
Por lo tanto, un efecto inmediato, adicional a generar más riqueza primaria para el sector agropecuario, es el de aumentar la masa tributaria. Cuyo aporte a la economía, definitivamente, será de crecimiento en el sector agropecuario, con el consabido derrame en los sectores; comercial, industrial, financiero, de servicios y otros.
Finalmente, la formalización del sector agropecuario para darle competitividad, contribuye a la recaudación fiscal ya que todo aquel productor agropecuario que se beneficie de la exención del impuesto sobre ventas, está obligado a reportar el impuesto sobre la renta, Situación que supera con creces la que deja de percibir por concepto de cobro de IVA en el sector agropecuario. Siempre y cuando se facilite el pago del mismo por un mecanismo sencillo y de fácil recaudación, por medio de un Sistema de Contabilidad Simplificada, tal cual es el caso de Chile para lo cual establece un mecanismo que puede estar en línea o por medio de un APP de celular.
“Es mucho más inteligente tener un porcentaje de algo, que todo de nada”
República es ajena a la opinión expresada en este artículo