Sin embargo, para poder abandonar la cárcel, donde se encontraba en prisión preventiva desde más de dos años, deberá pagar una fianza de Q100 mil. Además del arresto domiciliario Méndez tiene prohibición de salir del país.
El Ministerio Público señala al exintendente de Aduanas de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Ese juzgado también otorgó arresto domiciliario a Obdulio Barrios, Gustavo Adolfo Peña y Julio Estuardo González.
El exsuperintendente Carlos Muñoz deberá seguir en prisión por la posibilidad de que aún influye en testigos, según el juzgado.
El MP, en declaraciones anteriores, informó que las pesquisas, la interceptación de llamadas telefónicas, así como el secuestro de varios documentos, permitieron identificar a Méndez Asencio como parte de la estructura media de La Línea la cual operaba a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Además, indicó que, en el Caso la Línea, cada integrante de la estructura tenía roles determinados, pero todos tienen en común la asociación ilícita, es decir, que se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado de Guatemala en el ramo de Aduanas.
No obstante, Méndez, por la alta posición que ocupaba dentro de las aduanas, indudablemente su rol fue determinante, puesto que no solo consintió el funcionamiento de la estructura sino que participó activamente; lo cual se deduce de las interceptaciones telefónicas, por el hecho que integrantes de la misma indicaran que también tenían que obtener la autorización o hacerlo del conocimiento de la otra señora.
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Solicitudes de otros sindicados
El 22 de junio otros seis implicados en este mismo caso, hicieron similar solicitud por padecimientos de salud, sin embargo, solo tres obtuvieron la medida, entre quienes figuran Édgar Armando Sac Coyoy, José Rolando Gil Montenegro y Juan Carlos Ávila Morán.
Por este caso fueron enviados a juicio Otto Pérez Molina, expresidente y Roxana Baldetti, exvicepresidenta, junto con 26 personas más, el 27 de octubre del año pasado.
En esa audiencia el juzgado declaró la clausura de forma provisional contra Herbert Cabrera y Mónica Jáuregui, quienes recuperaran su libertad.
El debate oral y público lo conocería el Tribunal de Mayor Riesgo B.
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