Se ha argumentado que el financiamiento electoral privado es la raíz de los problemas políticos en el país. Hemos visto en los últimos meses una serie de casos que han puesto a la luz algunas dinámicas electorales que muchos han atribuido como el principio del fin para nuestra democracia. Algunas acciones han sido cuestionadas, con bastante razón, y otras han sido descalificadas de una forma superficial y poco fundamentada. Sin embargo, existe el consenso en que las reglas del juego no han sido claras y en que el financiamiento privado debe ser mejor regulado.

Un aspecto que es necesario considerar al momento de hacer propuestas sobre cómo debería estar regulado el financiamiento privado es que dicho tipo de financiamiento trae más beneficios que perjuicios al sistema de partidos políticos. Digo esto, porque muchos han aprovechado la ambigüedad de la norma y la ausencia de aplicación de la ley para proponer incluso erradicar del todo este tipo de financiamiento y sustituirlo completamente por un modelo público. Las consecuencias de esta propuesta serían nefastas por los siguientes puntos.

En primer lugar, los partidos políticos se distanciarían por completo de la sociedad civil. Esto porque los partidos ya no dependerían de los aportes que sus miembros hacen y por lo tanto sus propuestas podrían ser completamente ajenas a los intereses de sus afiliados. Con financiamiento privado, un partido político solamente puede subsistir en la medida en que convence a su electorado de financiar sus ideas y proyectos.

El segundo efecto sería una cartelización de los partidos políticos actuales. Al ver que el Estado está financiando por completo sus operaciones, tenderían a concentrar dicho financiamiento excluyendo a nuevos competidores del sistema. Así mismo, al contar con financiamiento público, evitarían que partidos políticos nuevos alcancen la suficiente relevancia para poder optar para el mismo; estaríamos viendo como un sistema de partidos se convierte en un corporativismo partidista.

Por último, el financiamiento público (pagado por los impuestos de todos) tendería a incrementar cada vez másya que los partidos restantes podrían presionar al Estado, argumentando que los recursos que se les dan no son suficientes para sus fines. Esta lógica de partidos políticos como grupo de presión está seriamente restringida con un modelo de financiamiento privado.

Una buena propuesta para alcanzar el máximo de beneficios positivos que trae consigo el financiamiento privado debería partir por las premisas antes mencionadas. Sin embargo, es necesario que dicho financiamiento privado este regulado en la medida en que el resultado de dicha acción traiga consigo consecuencias positivas para la democracia. Limitar la magnitud de los aportes individuales, exigir una cuota mensual a los afiliados y fiscalizar y sancionar de manera efectiva los aportes de fuentes ilícitas, podrían ser un buen primer paso para mejorar las dinámicas electorales y así fortalecer los partidos políticos. Las razones y argumentos serán discutidos en una próxima columna…

República es ajena a la opinión expresada en este artículo