La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y deberán remitirlo al Congreso de la República.
El mandatario es señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del delito de financiamiento electoral ilícito.
La Bancada Oficial está integrada por 37 diputados, que buscarán no retirar la inmunidad al gobernante.
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Ahora corresponde al Congreso conocer el tema. Los diputados deberán conformar una comisión pesquisidora, que será entregada por cinco diputados elegidos al azar.
Los congresistas tendrán que presentar un informe donde sugerirán si se le debe retirar la inmunidad al mandatario para que sea investigado. La decisión debe ser respaldada con 105 votos.
La decisión de retirar o no la inmunidad del presidente está en manos de los diputados.
Es la segunda vez que Morales está a un paso de perder la inmunidad. En 2017, las autoridades pidieron investigarlo por el mismo delito, pero los diputados lo archivaron al sumar 104 votos.
El caso
Morales en su calidad de Secretario General no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral, detalla la CICIG.
Las autoridades explicaron que los fiscales, participaron en su representación los días 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, durante la primera y segunda vuelta de las elecciones de ese mismo año, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de Q7,920,375.70 no reportados al TSE.
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