Este miércoles fue detenido en la zona 10 capitalina Raúl Osoy Penados, vinculado al caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura fue realizada por investigadores de la Policía en la 6a. avenida y 18 calle de la zona 10, informan las autoridades.
Ozoy tenía una orden de captura pendiente por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, cargos derivados de la investigación del caso TCQ, en el que también estaban implicados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, acusados de recibir sobornos para otorgar un contrato a una empresa extranjera.
Pérez Molina y Baldetti fueron separados de este caso porque el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió unir esta acusación al proceso conocido como Cooptación del Estado.
La Audiencia Nacional detecta pagos a Garzón en caso relacionado con TCQ
Sindicados en caso TCQ son enviados a juicio
¿Por qué retiraron a Otto Pérez y Roxana Baldetti de la audiencia de TCQ?
Los supuestos sobornos a exgobernantes
Según la investigación del Ministerio Público y la CICIG, los representantes de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), habrían pagado US$24.5 millones en sobornos.
En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y colaborador eficaz ya en libertad, le hizo saber al expresidente Pérez Molina, que en una reunión sostenida por él, en Cancún, (México), había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garín, el cronograma de pagos de esos US$24.5 millones.
El primer desembolso por US$10 millones se efectuó el segundo semestre de 2013 y el segundo pago por US$2 millones en los primeros dos meses de 2014. El resto, US$12 millones, en dos pagos más, entre abril y octubre de 2015.
TCQ supuestamente propuso que los abonos fueran hasta 2015 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que se debía cancelar dentro de su mandato, “nada adeudado hasta 2016, y el limite debía ser octubre de 2015”, explicó la CICIG en su momento.
El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil en gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio, según el MP.
De acuerdo con la CICIG, Pérez intervino en la entrega de terrenos y promovió reuniones con la banca internacional para facilitar los préstamos que la empresa obtuvo para ejecutar el proyecto donde saldría beneficiado.
Este miércoles fue detenido en la zona 10 capitalina Raúl Osoy Penados, vinculado al caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura fue realizada por investigadores de la Policía en la 6a. avenida y 18 calle de la zona 10, informan las autoridades.
Ozoy tenía una orden de captura pendiente por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, cargos derivados de la investigación del caso TCQ, en el que también estaban implicados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, acusados de recibir sobornos para otorgar un contrato a una empresa extranjera.
Pérez Molina y Baldetti fueron separados de este caso porque el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió unir esta acusación al proceso conocido como Cooptación del Estado.
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Según la investigación del Ministerio Público y la CICIG, los representantes de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), habrían pagado US$24.5 millones en sobornos.
En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y colaborador eficaz ya en libertad, le hizo saber al expresidente Pérez Molina, que en una reunión sostenida por él, en Cancún, (México), había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garín, el cronograma de pagos de esos US$24.5 millones.
El primer desembolso por US$10 millones se efectuó el segundo semestre de 2013 y el segundo pago por US$2 millones en los primeros dos meses de 2014. El resto, US$12 millones, en dos pagos más, entre abril y octubre de 2015.
TCQ supuestamente propuso que los abonos fueran hasta 2015 para cancelar la comisión; sin embargo, Pérez y Baldetti, habrían insistido en que se debía cancelar dentro de su mandato, “nada adeudado hasta 2016, y el limite debía ser octubre de 2015”, explicó la CICIG en su momento.
El acuerdo era pagar US$24.5 millones, de los que se debía descontar US$500 mil en gastos, US$5 millones para los operadores argentinos y US$5 millones más para el primer equipo gestor del negocio, según el MP.
De acuerdo con la CICIG, Pérez intervino en la entrega de terrenos y promovió reuniones con la banca internacional para facilitar los préstamos que la empresa obtuvo para ejecutar el proyecto donde saldría beneficiado.