La Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por cuatro delitos.
La acción planteada al finalizar la tarde de este miércoles, es contra José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejia Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar.
De acuerdo con la PGN, los tres habrían cometido los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Debido al cargo que ostentan, los magistrados gozan del derecho de antejuicio y su caso debe resolverlo el Congreso de la República.
El magistrado Bonerge Mejía dijo que no tenía conocimiento de la denuncia y menos notificación, por lo que prefirió no emitir comentarios.
¿Por qué los denuncian?
El comunicado emitido por la PGN señala que esa institución “analizó un conjunto de resoluciones judiciales proferidas por la Corte de Constitucionalidad, que pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales, las cuales tienden a atribuirse facultades que no le corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, variando las formas de tramitación de las acciones constitucionales de amparo”.
Añaden que “si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, también es cierto que el actuar de ellos no se encuentra eximido de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antimonia con la misma Constitución y demás leyes vigentes”.
“En este sentido, las constancias procesales en los distintos procesos constitucionales de amparo, en que la PGN ha sido parte, respaldan la presente acción, pues se estima que ciertas resoluciones de dicho tribunal constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del pais y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”, enfatiza el comunicado de la PGN.
Por último, la Procuraduría concluye que “en aras de defender los intereses del Estado, inicia la presente acción a efecto de que oportunamente el Congreso de la República determine la procedencia o no del derecho de antejuicio de los magistrados…”
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La Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por cuatro delitos.
La acción planteada al finalizar la tarde de este miércoles, es contra José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejia Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar.
De acuerdo con la PGN, los tres habrían cometido los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Debido al cargo que ostentan, los magistrados gozan del derecho de antejuicio y su caso debe resolverlo el Congreso de la República.
El magistrado Bonerge Mejía dijo que no tenía conocimiento de la denuncia y menos notificación, por lo que prefirió no emitir comentarios.
¿Por qué los denuncian?
El comunicado emitido por la PGN señala que esa institución “analizó un conjunto de resoluciones judiciales proferidas por la Corte de Constitucionalidad, que pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales, las cuales tienden a atribuirse facultades que no le corresponden, coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, variando las formas de tramitación de las acciones constitucionales de amparo”.
Añaden que “si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, también es cierto que el actuar de ellos no se encuentra eximido de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antimonia con la misma Constitución y demás leyes vigentes”.
“En este sentido, las constancias procesales en los distintos procesos constitucionales de amparo, en que la PGN ha sido parte, respaldan la presente acción, pues se estima que ciertas resoluciones de dicho tribunal constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del pais y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”, enfatiza el comunicado de la PGN.
Por último, la Procuraduría concluye que “en aras de defender los intereses del Estado, inicia la presente acción a efecto de que oportunamente el Congreso de la República determine la procedencia o no del derecho de antejuicio de los magistrados…”
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