El pasado 26 de diciembre el órgano jurídico del Estado presentó una denuncia contra tres magistrados.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), señaló a tres togados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por cuatro delitos.
Los magistrados señalados son José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejia Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar.
De acuerdo con la PGN, los tres habrían cometido los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
La CC publicó un breve comunicado en sus cuentas de redes sociales, y aunque no mencionan la denuncia concretamente, hacen referencia al trabajo de sus integrantes.
“Los magistrados y magistradas que integran el Tribunal Constitucional son conocedores del derecho y, en el ejercicio independiente de su investidura, respetan la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes del país“, refiere la CC.
Qué argumenta la PGN
La Procuraduría asegura que analizó varias resoluciones judiciales emitidas por la Corte de Constitucionalidad, que se pueden catalogar como “arbitrarias e ilegales”.
El argumento principal es que pueden coartar facultades constitucionales otorgadas directamente a la Presidencia de la República.
Añaden que: “si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, también es cierto que el actuar de ellos no se encuentra eximido de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antimonia con la misma Constitución y demás leyes vigentes”.
El pasado 26 de diciembre el órgano jurídico del Estado presentó una denuncia contra tres magistrados.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), señaló a tres togados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por cuatro delitos.
Los magistrados señalados son José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejia Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar.
De acuerdo con la PGN, los tres habrían cometido los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
La CC publicó un breve comunicado en sus cuentas de redes sociales, y aunque no mencionan la denuncia concretamente, hacen referencia al trabajo de sus integrantes.
“Los magistrados y magistradas que integran el Tribunal Constitucional son conocedores del derecho y, en el ejercicio independiente de su investidura, respetan la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes del país“, refiere la CC.
Qué argumenta la PGN
La Procuraduría asegura que analizó varias resoluciones judiciales emitidas por la Corte de Constitucionalidad, que se pueden catalogar como “arbitrarias e ilegales”.
El argumento principal es que pueden coartar facultades constitucionales otorgadas directamente a la Presidencia de la República.
Añaden que: “si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, también es cierto que el actuar de ellos no se encuentra eximido de responsabilidad penal, sobre todo cuando existe antimonia con la misma Constitución y demás leyes vigentes”.