El Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal contra de siete personas vinculadas con la segunda fase del caso Transurbano: Seguridad y Transporte.
Los documentos fueron presentados este viernes en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, confirmó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La FECI informó que la investigación está sustentada con 442 medios de pruebas: 397 documentales, 20 audiovisuales y 25 medios de prueba material.
Las siete personas son señaladas por el Ministerio Público por delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado en grado de complicidad.
Entre los implicados se encuentra la hermana el transportista, Luis Gómez, quien se encuentra prófugo desde el 2018.
Sindicado
- Reina Gómez
- Carlos Roberto Paz Reynoso
- Juan Miguel Bernal Ramos
- Óscar Alejandro Rossi Archila
- Mario Enrique Vargas Salazar
- Rudy Leonel Maldonado Castillo
- Carlos Herlinda Quintanilla V.
Detalles del caso
En el marco de las investigaciones del Caso Trasurbano, y luego de presentadas las irregularidades a principios de 2018, vinculadas al sistema de pre-pago, se profundizó acerca del manejo del subsidio de seguridad de este sistema de transporte.
Durante los años 2008 y 2009, personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbarno a funcionarios de la Administración del gobierno de Álvaro Colom.
Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses de 2008 y durante 2009, inclusive.
Aprovechando la creación del subsidio de seguridad, un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían obtenido del Estado más de Q80 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público.
Una notable proporción de esta cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo con los fines del Proyecto.
La estructura criminal
Una vez asignados los recursos del gobierno nacional al subsidio a la seguridad en el transporte público, personeros de la AEAU y la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. subscribieron, de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, varios contratos para la prestación del servicio de seguridad (esto incluía la subcontratación de otras empresas de seguridad).
La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.
Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal habría realizado informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos acerca de las supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.
La investigación señala que tanto miembros de AEAU y Protección Metropolitana S.A. tenían conocimiento de la causa y actuaron en connivencia para montar el “Proyecto de Seguridad en el Transporte Público” en beneficio de la estructura criminal integrada por ellos mismos.
Es de hacer notar que el Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q80 milllones, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción de Q17,700,000 por parte de la estructura criminal.
La investigación determina que los recursos económicos fueron utilizados por la estructura criminal para la compra de bienes inmuebles y aeronaves.
Este caso devela una trama de corrupción en el servicio de seguridad en el transporte público, aspecto fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía, indicaron las autoridades en su momento.
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El Ministerio Público (MP) presentó la acusación formal contra de siete personas vinculadas con la segunda fase del caso Transurbano: Seguridad y Transporte.
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La FECI informó que la investigación está sustentada con 442 medios de pruebas: 397 documentales, 20 audiovisuales y 25 medios de prueba material.
Las siete personas son señaladas por el Ministerio Público por delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado en grado de complicidad.
Entre los implicados se encuentra la hermana el transportista, Luis Gómez, quien se encuentra prófugo desde el 2018.
Sindicado
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- Óscar Alejandro Rossi Archila
- Mario Enrique Vargas Salazar
- Rudy Leonel Maldonado Castillo
- Carlos Herlinda Quintanilla V.
Detalles del caso
En el marco de las investigaciones del Caso Trasurbano, y luego de presentadas las irregularidades a principios de 2018, vinculadas al sistema de pre-pago, se profundizó acerca del manejo del subsidio de seguridad de este sistema de transporte.
Durante los años 2008 y 2009, personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbarno a funcionarios de la Administración del gobierno de Álvaro Colom.
Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses de 2008 y durante 2009, inclusive.
Aprovechando la creación del subsidio de seguridad, un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían obtenido del Estado más de Q80 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público.
Una notable proporción de esta cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo con los fines del Proyecto.
La estructura criminal
Una vez asignados los recursos del gobierno nacional al subsidio a la seguridad en el transporte público, personeros de la AEAU y la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. subscribieron, de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, varios contratos para la prestación del servicio de seguridad (esto incluía la subcontratación de otras empresas de seguridad).
La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.
Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal habría realizado informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos acerca de las supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.
La investigación señala que tanto miembros de AEAU y Protección Metropolitana S.A. tenían conocimiento de la causa y actuaron en connivencia para montar el “Proyecto de Seguridad en el Transporte Público” en beneficio de la estructura criminal integrada por ellos mismos.
Es de hacer notar que el Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q80 milllones, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción de Q17,700,000 por parte de la estructura criminal.
La investigación determina que los recursos económicos fueron utilizados por la estructura criminal para la compra de bienes inmuebles y aeronaves.
Este caso devela una trama de corrupción en el servicio de seguridad en el transporte público, aspecto fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía, indicaron las autoridades en su momento.
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