El Gobierno de Argentina retiró a su personal de seguridad que había sido asignado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La acción ocurrió porque el Gobierno de Guatemala no accedió a renovar los privilegios e inmunidades al contingente de Argentina.
Las personas estaban asignadas a tareas preventivas de seguridad y reacción, a las instalaciones y el personal de la Comisión.
La renovación de privilegios estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien le notificó al país sudamericano sobre la decisión.
La acción de la Cancillería ocurre pese a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que amparó provisionalmente contra la decisión de Jimmy Morales de finalizar unilateralmente el mandato de la CICIG.
El 7 de enero, la canciller Sandra Jovel se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para informarle de la decisión adoptada por el Ejecutivo.
Horas más tarde, el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa que daba por finalizado el convenio, tras 16 meses de espera de una solución con la ONU a las “preocupaciones” planteadas.
El Gobierno de Guatemala fue notificado de la resolución de la CC y respondió que analizarían el fallo, aunque siguen sin emitir una postura.
Guterres se pronunció horas después de la reunión con Jovel, y rechazó lo adoptado por el Ejecutivo de Guatemala, y afirmó que el mandato termina hasta septiembre.
El Gobierno de Argentina retiró a su personal de seguridad que había sido asignado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La acción ocurrió porque el Gobierno de Guatemala no accedió a renovar los privilegios e inmunidades al contingente de Argentina.
Las personas estaban asignadas a tareas preventivas de seguridad y reacción, a las instalaciones y el personal de la Comisión.
La renovación de privilegios estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien le notificó al país sudamericano sobre la decisión.
La acción de la Cancillería ocurre pese a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que amparó provisionalmente contra la decisión de Jimmy Morales de finalizar unilateralmente el mandato de la CICIG.
El 7 de enero, la canciller Sandra Jovel se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para informarle de la decisión adoptada por el Ejecutivo.
Horas más tarde, el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa que daba por finalizado el convenio, tras 16 meses de espera de una solución con la ONU a las “preocupaciones” planteadas.
El Gobierno de Guatemala fue notificado de la resolución de la CC y respondió que analizarían el fallo, aunque siguen sin emitir una postura.
Guterres se pronunció horas después de la reunión con Jovel, y rechazó lo adoptado por el Ejecutivo de Guatemala, y afirmó que el mandato termina hasta septiembre.