El partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está bajo la mira del Ministerio Público.
De acuerdo a la investigación, la agrupación no reportó todos los millones de quetzales que utilizó durante la campaña del 2015, para impulsar la candidatura de Sandra Torres y Mario Leal.
Q19 millones es la suma que no fue reportada al Tribunal Supremo Electoral (TSE), detallaron las autoridades.
¿Cómo evadieron el control?
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que MAARIV S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
Acá puede consultar detalles del caso:
Cómo ocurrió el delito, según la CICIG
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
Los señalados
La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
También se tienen otras órdenes de aprehensión, entre las que destaca Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres.
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Q19 millones es la suma que no fue reportada al Tribunal Supremo Electoral (TSE), detallaron las autoridades.
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Según el MP, la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
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Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
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En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
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La candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
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