La Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado este lunes por medio del cual señala supuestas presiones contra jueces que “colaboran” con la CICIG.
Con el título “Guatemala debe garantizar la independencia judicial”, “dos expertos de la ONU en derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, solicitaron al Estado guatemalteco centrar sus esfuerzos en proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial en el país centroamericano”, indica la nota del organismo.
Luego de este pronunciamiento, el Organismo Judicial (OJ) y la Asociación de Jueces y Magistrados coincidieron en que la aseveración de la ONU es “delicada” y “preocupante” porque se infiere una violación a la independencia judicial.
“Específicamente, mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”, señala el comunicado.
OJ y Asociación de Jueces y Magistrados rechazan afirmación
“Que un relator de la ONU mencione que un juez ‘colabora’, genera preocupación, porque un juez resuelve sobre la ley. Con esta afirmación se puede inferir que hay jueces pro-CICIG, pero los juzgadores no resolvemos a favor o contra, impartimos justicia. Es inaudito y preocupante esta afirmación porque hasta se podría entender como prevaricato”, sostuvo Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras tanto, Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial (OJ), señaló: “es delicado que la ONU asegure este tipo de colaboraciones. Debiera hacerlo con pruebas contundentes y demostrarlo con evidencias de que el juez hace tal cosa. Es complejo determinar si existe una colaboración, esto violaría el principio la independencia y autonomía de tales jueces. Es una aseveración delicada.
ONU debe presentar pruebas
Acerca de las supuestas amenazas e intimidación contra jueces y magistrados, tanto Siekavizza como López animan a los afectados a presentar la denuncia o que la ONU detalle los casos.
“…se han producido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales. Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”, señala el comunicado de los expertos de la ONU.
“Si hay jueces que se sienten intimidados lo deben denunciar, si la ONU considera que un juez está siendo intimidado, ese juez debiera acudir a las instancias pertinentes”, enfatiza el portavoz del Organismo Judicial.
De acuerdo con Marlon López, durante el tiempo que ha dirigido la Asociación no se recibió ninguna denuncia de algún juez o magistrado en el sentido que mencionan los expertos de la ONU.
Recordó que los juzgadores que tienen a su cargo casos de alto impacto o dirigen juzgados de Mayor Riesgo, cuentan con recursos y personal para garantizar su seguridad física.
Contrario a los señalamientos de la ONU, López rememoró el caso de dos jueces contra quienes sí fueron presentadas acciones legales por fallos no favorables a la CICIG y el Ministerio Público.
Se trata del juez de Mayor Riesgo, Léster Castellanos y el juez tercero de Instancia Penal, Mynor Moto.
Castellanos fue recusado, mientras que contra Moto fue presentada una solicitud de antejuicio, la que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado este lunes por medio del cual señala supuestas presiones contra jueces que “colaboran” con la CICIG.
Con el título “Guatemala debe garantizar la independencia judicial”, “dos expertos de la ONU en derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, solicitaron al Estado guatemalteco centrar sus esfuerzos en proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial en el país centroamericano”, indica la nota del organismo.
Luego de este pronunciamiento, el Organismo Judicial (OJ) y la Asociación de Jueces y Magistrados coincidieron en que la aseveración de la ONU es “delicada” y “preocupante” porque se infiere una violación a la independencia judicial.
“Específicamente, mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”, señala el comunicado.
OJ y Asociación de Jueces y Magistrados rechazan afirmación
“Que un relator de la ONU mencione que un juez ‘colabora’, genera preocupación, porque un juez resuelve sobre la ley. Con esta afirmación se puede inferir que hay jueces pro-CICIG, pero los juzgadores no resolvemos a favor o contra, impartimos justicia. Es inaudito y preocupante esta afirmación porque hasta se podría entender como prevaricato”, sostuvo Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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ONU debe presentar pruebas
Acerca de las supuestas amenazas e intimidación contra jueces y magistrados, tanto Siekavizza como López animan a los afectados a presentar la denuncia o que la ONU detalle los casos.
“…se han producido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales. Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”, señala el comunicado de los expertos de la ONU.
“Si hay jueces que se sienten intimidados lo deben denunciar, si la ONU considera que un juez está siendo intimidado, ese juez debiera acudir a las instancias pertinentes”, enfatiza el portavoz del Organismo Judicial.
De acuerdo con Marlon López, durante el tiempo que ha dirigido la Asociación no se recibió ninguna denuncia de algún juez o magistrado en el sentido que mencionan los expertos de la ONU.
Recordó que los juzgadores que tienen a su cargo casos de alto impacto o dirigen juzgados de Mayor Riesgo, cuentan con recursos y personal para garantizar su seguridad física.
Contrario a los señalamientos de la ONU, López rememoró el caso de dos jueces contra quienes sí fueron presentadas acciones legales por fallos no favorables a la CICIG y el Ministerio Público.
Se trata del juez de Mayor Riesgo, Léster Castellanos y el juez tercero de Instancia Penal, Mynor Moto.
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