La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la convocatoria que el Congreso realizó para integrar las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones (AP).
La decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue luego de analizar un amparo que demanda que la convocatoria “estaba fuera del marco legal“
El amparo cuestiona la legalidad del acuerdo legislativo por considerar que contiene violaciones al principio de seguridad jurídica, al debido proceso administrativo y al principio de legalidad.
El amparo fue presentado por Eleonora Muralles de la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
Convocatoria
Muralles manifestó que de acuerdo con un análisis que realizaron, el Congreso debió convocar cuatro meses antes de que finalice el período para el cual fueron electos los actuales magistrados, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación.
“Es ese el plazo y no ocho meses antes, como se hizo al aprobar el 26 de febrero el Acuerdo Legislativo 6-2019”, declaró Muralles.
“Es indispensable que haya certeza de cada actuación, especialmente en procesos como estos, que podrían ser cuestionados más adelante por un aspecto que muchos podrían considerar menor, pero cuyas eventuales falencias resultarían graves para la estabilidad del sistema de justicia”, dijo Muralles.
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El amparo cuestiona la legalidad del acuerdo legislativo por considerar que contiene violaciones al principio de seguridad jurídica, al debido proceso administrativo y al principio de legalidad.
El amparo fue presentado por Eleonora Muralles de la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
Convocatoria
Muralles manifestó que de acuerdo con un análisis que realizaron, el Congreso debió convocar cuatro meses antes de que finalice el período para el cual fueron electos los actuales magistrados, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación.
“Es ese el plazo y no ocho meses antes, como se hizo al aprobar el 26 de febrero el Acuerdo Legislativo 6-2019”, declaró Muralles.
“Es indispensable que haya certeza de cada actuación, especialmente en procesos como estos, que podrían ser cuestionados más adelante por un aspecto que muchos podrían considerar menor, pero cuyas eventuales falencias resultarían graves para la estabilidad del sistema de justicia”, dijo Muralles.
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