El presidenciable de la alianza PAN-Podemos, Roberto Arzú, se presentó este martes al Congreso para promover una iniciativa de ley que busca beneficiar a farmacéuticas extranjeras.
Arzú, junto con varios diputados de la bancada Podemos, entregó a Dirección Legislativa la propuesta denominada Ley de Acceso a Medicamentos.
El proyecto, que consta de seis artículos, pretende exonerar de los registros fitosanitarios a “todos los medicamentos de uso humanos que cuenten con el certificado de buenas prácticas por parte de la autoridad del país del fabricante”.
También establece que los medicamentos deben ser comercializados en un tiempo máximo de cinco días, después de su ingreso en Guatemala.
Otro dato importante es la exoneración del impuesto de importación.
El interés detrás de la ley
Un punto que despierta curiosidad es la celeridad con la cual el presidenciable entrega una iniciativa de ley a pocos días de las elecciones.
Más importante aún es el posible interés económico y político que encierra la propuesta.
Hugo Sigman, cuyo nombre ha tomado fuerza por el posible apoyo económico que podría estar brindando a Roberto Arzú, es el dueño de una de las farmaceúticas más grandes de Argentina.
De aprobarse la iniciativa, la compañía de Sigman tendría la puerta abierta para ingresar al país con beneficios fiscales.
Arzú y Sigman son viejos conocidos. La llegada a Guatemala de su empresa Distrifarma Argentina, en enero de 2016, muestra la cercanía entre ambos.
Pero el dato que confirma su estrecha relación es que uno de los hijos de Arzú, José Roberto Arzú Saravia, es el representante legal de Distrifarma Argentina, según consta en Guatecompras.
Sigman, Arzú y JJRendón
Roberto Arzú fue sentenciado en 2018 a pagar más de US$6 millones al consultor Juan José Rendón, quien demandó al político guatemalteco por no cumplir un contrato de asesoría para su precampaña electoral en 2016.
De acuerdo con algunas conversaciones entre Arzú y el estratega, sería Hugo Sigman quien pagaría la asesoría de Rendón.
FOTO: Radio Punto
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El proyecto, que consta de seis artículos, pretende exonerar de los registros fitosanitarios a “todos los medicamentos de uso humanos que cuenten con el certificado de buenas prácticas por parte de la autoridad del país del fabricante”.
También establece que los medicamentos deben ser comercializados en un tiempo máximo de cinco días, después de su ingreso en Guatemala.
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De aprobarse la iniciativa, la compañía de Sigman tendría la puerta abierta para ingresar al país con beneficios fiscales.
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FOTO: Radio Punto
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