La propuesta de Ley de Acceso a Medicamentos que promueve el presidenciable Roberto Arzú, viola la Constitución, normativas internacionales y es un riesgo para la salud, según el sector farmacéutico nacional.
La propuesta consta de seis artículos y fue entregada el martes 4 de junio 2019, a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, por parte de Arzú y la bancada Podemos.
Sin embargo la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (Grefarma), objetó el planteamiento del político y los diputados que lo apoyan.
Puntos importantes del proyecto de ley incluyen:
- Exoneración del registro sanitario
- Exoneración de impuestos de importación a los medicamentos fabricados fuera del país
¿Quién se podría beneficiar con esta ley?
Roberto Arzú es el candidato presidencial que impulsa la coalición PAN-Podemos y se presume que uno de sus principales financistas es el millonario farmacéutico, Hugo Sigman, de nacionalidad argentina.
Por ello, se considera que la propuesta de Arzú buscaría favorecer a su financista, quien de aprobarse la ley, tendría puerta libre para beneficiar a sus empresas.
En enero de 2016, Sigman viajó a Guatemala para establecer la compañía Distrifarma Argentina.
Esta empresa tiene como representante legal a uno de los hijos de Arzú, José Roberto Arzú Saravia.
Además en el sitio Guatecompras figura como representante legal Osvin Ricardo de León, uno de los empleados de confianza de Roberto Arzú, quien recibió esta representación el 19 de abril de 2019.
Argumento Legal
“La Constitución Política de la República de Guatemala en su articulo 96 establece que el Estado de Guatemala deberá controlar la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos y de todos aquellos que puedan afectar la salud de los habitantes”, indica la Grefarma.
Asimismo, la entidad agrega que “el Código de Salud, contenido en el Decreto 90-97 del Congreso de La República, establece en el artículo 162, que los productos farmacéuticos y otros afines que consume la población, están sujetos a la regulación y vigilancia sanitaria en cuanto a la producción, importación, y comercialización de los mismos, por lo cual serán evaluados de conformidad y sujetos a una inscripción y registro sanitario”, añade la Grefarma.
La entidad agrega que el Código de Salud establece en su artículo 167 que el registro sanitario tendrá vigencia de cinco años y también establece las sanciones contra quien incumpla esta regulación y sus especificaciones.
Aparte de las normas internas, la Grefarma también cita que Guatemala está obligada a cumplir regulaciones internacionales que establecen un estricto control del registro sanitario para medicamentos de uso humano.
“El Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.59.11, establece la obligación del trámite y obtención del registro sanitario y contiene todos los requisitos para obtener el mismo. Este reglamento fue aprobado y publicado como ley en el diario oficial de Guatemala el 10 de enero del año 2014 lo que lo constituye en ley vigente en Guatemala”, subraya la Grefarma.
“Asimismo, por resolución del 23 de diciembre del año 2015, quedó aclarado por la Corte de Constitucionalidad que el Estado de Guatemala tiene el deber de observancia y aplicación del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos. Medicamentos para uso Humano, requisitos de Registro Sanitario”, enfatizan los fabricantes nacionales.
Iniciativa es una “aberración”
La Grefarma concluye que lo planteado en la propuesta impulsada por Roberto Arzú y los diputados de la bancada Podemos,“es ilógico y constituye una aberración a las leyes de Guatemala, Reglamento Técnico Centroamericano y a La Constitución Política de la República”.
Una deficiencia importante del proyecto de ley, se encuentra en su artículo 1, donde menciona que “los fabricantes Internacionales exonerados deben estar aprobados en sus Buenas Prácticas de manufactura por la Agencia Reguladora Nivel IV de La Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo esta agencia no existe como tal.
Es cada país el que tiene su propia agencia”.
“Además, no menciona en ningún momento que el producto requiera de un registro sanitario de origen, únicamente que el fabricante tenga certificado de buenas prácticas de manufactura”, indica la Grefarma.
Pero lo más importante, resalta la gremial es que “cualquier exoneración del requisito de registro sanitario para comercialización de un producto farmacéutico en Guatemala, pone en peligro la salud de los habitantes”.
Arzú y Hugo Sigman
El nombre de Hugo Sigman se conoció este año cuando salió a luz pública una demanda civil contra Roberto Arzú por incumplir un contrato con el asesor político Juan José Rendón (JJRendón).
Arzú faltó al acuerdo y fue demandado. En noviembre de 2018 fue sentenciado en Miami a pagar más de US $6 millones, según los documentos hechos públicos por el demandante.
De acuerdo con Rendón y según las comunicaciones contenidas en el expediente, Arzú siempre mencionó que quien pagaría la asesoría para su precampaña electoral sería Hugo Sigman.
Acá una de las comunicaciones entre Arzú y Rendón, cuando todavía discutían acerca del pago de honorarios:
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La propuesta consta de seis artículos y fue entregada el martes 4 de junio 2019, a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, por parte de Arzú y la bancada Podemos.
Sin embargo la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (Grefarma), objetó el planteamiento del político y los diputados que lo apoyan.
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- Exoneración del registro sanitario
- Exoneración de impuestos de importación a los medicamentos fabricados fuera del país
¿Quién se podría beneficiar con esta ley?
Roberto Arzú es el candidato presidencial que impulsa la coalición PAN-Podemos y se presume que uno de sus principales financistas es el millonario farmacéutico, Hugo Sigman, de nacionalidad argentina.
Por ello, se considera que la propuesta de Arzú buscaría favorecer a su financista, quien de aprobarse la ley, tendría puerta libre para beneficiar a sus empresas.
En enero de 2016, Sigman viajó a Guatemala para establecer la compañía Distrifarma Argentina.
Esta empresa tiene como representante legal a uno de los hijos de Arzú, José Roberto Arzú Saravia.
Además en el sitio Guatecompras figura como representante legal Osvin Ricardo de León, uno de los empleados de confianza de Roberto Arzú, quien recibió esta representación el 19 de abril de 2019.
Argumento Legal
“La Constitución Política de la República de Guatemala en su articulo 96 establece que el Estado de Guatemala deberá controlar la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos y de todos aquellos que puedan afectar la salud de los habitantes”, indica la Grefarma.
Asimismo, la entidad agrega que “el Código de Salud, contenido en el Decreto 90-97 del Congreso de La República, establece en el artículo 162, que los productos farmacéuticos y otros afines que consume la población, están sujetos a la regulación y vigilancia sanitaria en cuanto a la producción, importación, y comercialización de los mismos, por lo cual serán evaluados de conformidad y sujetos a una inscripción y registro sanitario”, añade la Grefarma.
La entidad agrega que el Código de Salud establece en su artículo 167 que el registro sanitario tendrá vigencia de cinco años y también establece las sanciones contra quien incumpla esta regulación y sus especificaciones.
Aparte de las normas internas, la Grefarma también cita que Guatemala está obligada a cumplir regulaciones internacionales que establecen un estricto control del registro sanitario para medicamentos de uso humano.
“El Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.59.11, establece la obligación del trámite y obtención del registro sanitario y contiene todos los requisitos para obtener el mismo. Este reglamento fue aprobado y publicado como ley en el diario oficial de Guatemala el 10 de enero del año 2014 lo que lo constituye en ley vigente en Guatemala”, subraya la Grefarma.
“Asimismo, por resolución del 23 de diciembre del año 2015, quedó aclarado por la Corte de Constitucionalidad que el Estado de Guatemala tiene el deber de observancia y aplicación del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos. Medicamentos para uso Humano, requisitos de Registro Sanitario”, enfatizan los fabricantes nacionales.
Iniciativa es una “aberración”
La Grefarma concluye que lo planteado en la propuesta impulsada por Roberto Arzú y los diputados de la bancada Podemos,“es ilógico y constituye una aberración a las leyes de Guatemala, Reglamento Técnico Centroamericano y a La Constitución Política de la República”.
Una deficiencia importante del proyecto de ley, se encuentra en su artículo 1, donde menciona que “los fabricantes Internacionales exonerados deben estar aprobados en sus Buenas Prácticas de manufactura por la Agencia Reguladora Nivel IV de La Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo esta agencia no existe como tal.
Es cada país el que tiene su propia agencia”.
“Además, no menciona en ningún momento que el producto requiera de un registro sanitario de origen, únicamente que el fabricante tenga certificado de buenas prácticas de manufactura”, indica la Grefarma.
Pero lo más importante, resalta la gremial es que “cualquier exoneración del requisito de registro sanitario para comercialización de un producto farmacéutico en Guatemala, pone en peligro la salud de los habitantes”.
Arzú y Hugo Sigman
El nombre de Hugo Sigman se conoció este año cuando salió a luz pública una demanda civil contra Roberto Arzú por incumplir un contrato con el asesor político Juan José Rendón (JJRendón).
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De acuerdo con Rendón y según las comunicaciones contenidas en el expediente, Arzú siempre mencionó que quien pagaría la asesoría para su precampaña electoral sería Hugo Sigman.
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