Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) denunciados por la Comisión Permanente del Congreso pidieron a la CSJ inhibirse.
Los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Patricia Porras y José Francisco de Mata Vela, presentaron un memorial a la Corte Suprema de Justicia.
Los togados rechazan la denuncia presentada por siete diputados del Legislativo contra tres de los cinco titulares de la CC, por la resolución del 18 de julio relacionada con la iniciativa de Reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
Los magistrados califican la querella en su contra como “ilegal e ilegitima”, al considerar que atenta contra la independencia judicial.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso ya había emitido un dictamen desfavorable da las reformas a la Ley de Reconciliación, según la CC.
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“El artículo 167 de la Ley de amparo y la jurisprudencia iniciada desde 1995, establecen claramente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, señala el criterio de los denunciados.
Los magistrados enfatizan en que la aplicación de la jurisprudencia es de carácter obligatorio para los órganos jurisdiccionales, para unificar la interpretación y aplicación del derecho.
“La CC, en forma preventiva, ha otorgado amparos provisionales que evitaron que normativas, a las que se les atribuyó el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, entraran en vigencia”, recuerdan los togados a la CSJ.
Añaden que han emitido sentencias de amparo a favor de magistrados denunciados por opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos.
“Solicitamos a la CSJ que, en observancia de la normativa constitucional relacionada y la doctrina legal sentada de forma inmediata y sin dar más trámite, rechace in limine la diligencia de antejuicio presentadas en nuestra contra, dado que la denuncia es política, espuria e ilegitima”, solicitan los magistrados.
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Los togados rechazan la denuncia presentada por siete diputados del Legislativo contra tres de los cinco titulares de la CC, por la resolución del 18 de julio relacionada con la iniciativa de Reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
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Los magistrados enfatizan en que la aplicación de la jurisprudencia es de carácter obligatorio para los órganos jurisdiccionales, para unificar la interpretación y aplicación del derecho.
“La CC, en forma preventiva, ha otorgado amparos provisionales que evitaron que normativas, a las que se les atribuyó el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, entraran en vigencia”, recuerdan los togados a la CSJ.
Añaden que han emitido sentencias de amparo a favor de magistrados denunciados por opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos.
“Solicitamos a la CSJ que, en observancia de la normativa constitucional relacionada y la doctrina legal sentada de forma inmediata y sin dar más trámite, rechace in limine la diligencia de antejuicio presentadas en nuestra contra, dado que la denuncia es política, espuria e ilegitima”, solicitan los magistrados.