Max Quirín, exdirectivo del IGSS, escribió una carta abierta dirigida a la CICIG para comentar acerca del “legado” de esta entidad que operó durante 11 años en Guatemala.
Quirín fue enjuiciado y condenado por el caso IGSS-Pisa, acusado del delito de fraude, pero luego una Sala anuló el fallo y lo declaró inocente.
Este martes, a 14 días de que finalice el mandato de la CICIG, Quirín escribió este texto:
“Los guatemaltecos queremos gozar de un Estado de Derecho, tener un sistema de justicia independiente, y llevar un combate frontal contra la corrupción garantizando que la ley sea respetada por todos. Está claro que lo anterior no fue un objetivo para CICIG”.
“Hoy que la Comisión Internacional pretende con pompa recordar sus logros en los años que estuvo en nuestro país, es oportuno también traer a la memoria la gran cantidad de abusos que cometió, las transgresiones al marco legal que infringieron, y los actos perversos que con fines políticos y personales lideraron. Su actuación dista mucho del objetivo de un Estado de Derecho que todos buscamos y el proceder de quienes fueron parte de ella no es el ejemplo que debemos seguir”.
“La CICIG usó la bandera del combate a la corrupción olvidando que no se puede batallar contra ésta al mismo tiempo que se irrespeta el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas. Intimidaron y amenazaron a testigos, pactando inclusive con delincuentes peligrosos para que hicieran declaraciones falsas, lo que se recordará como uno de los hechos más condenables atribuibles a la CICIG”.
“En el caso en mi contra se emitió una orden de arresto ilegal penalizando actos administrativos sin respetar el debido proceso establecido en la ley. Nunca se tomó en cuenta mi participación por más de 15 años en diferentes directivas e instituciones públicas sin haber tenido señalamiento alguno de una actuación indebida. Les interesaba más generar un show mediático a través de conferencias de prensa que pretendían lograr una condena pública anticipada, violando derechos constitucionales”.
“Pero es más preocupante que se haya intimidado de diversas formas a jueces y magistrados del Organismo Judicial para que se dictara prisión preventiva injustificadamente y se negara en repetidas veces las solicitudes de otorgar alguna medidas sustitutiva como sucedió en mi caso, en el de la líder sindicalista Amparo Lotán, en el de las enfermeras que conformaron la junta de licitación o en el del doctor Jesús Oliva, que conllevó a la pérdida de la vida de un gran profesional”.
“Esta presión también se ejerció para retardar maliciosamente las resolución de amparos y apelaciones presentadas, o para resolverlas sin fundamento en contra de los sindicados. Así, como todo tipo de resoluciones no ajustadas a derechos, se me mantuvo detenido por 3 años y 8 meses, cometieron un abuso desmedido de la prisión preventiva. Este mismo abuso se ha cometido y se sigue cometiendo en contra de cientos de personas, violando la presunción de inocencia, derecho fundamental de todo guatemalteco”.
“Fue hasta febrero de este año que, en contra de muchas presiones, se me otorgaron medidas sustitutivas con las cuales pude recuperar mi libertad condicional y, recientemente, en una resolución valiente y bien fundamentada, se me absolvió de toda acusación, y tras cuatro años de un tortuoso proceso fui declarado inocente. Nunca cometí delito alguno, no consentí ningún acto de corrupción y mis acciones siempre se apegaron a la ley. Aún así fui acusado y procesado sin existir ninguna evidencia en mi contra, se me retuvo en prisión por 44 meses y se me negó la justicia repetidamente”.
“Ese es el legado, abusos de la CICIG en mi vida”.
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“La CICIG usó la bandera del combate a la corrupción olvidando que no se puede batallar contra ésta al mismo tiempo que se irrespeta el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas. Intimidaron y amenazaron a testigos, pactando inclusive con delincuentes peligrosos para que hicieran declaraciones falsas, lo que se recordará como uno de los hechos más condenables atribuibles a la CICIG”.
“En el caso en mi contra se emitió una orden de arresto ilegal penalizando actos administrativos sin respetar el debido proceso establecido en la ley. Nunca se tomó en cuenta mi participación por más de 15 años en diferentes directivas e instituciones públicas sin haber tenido señalamiento alguno de una actuación indebida. Les interesaba más generar un show mediático a través de conferencias de prensa que pretendían lograr una condena pública anticipada, violando derechos constitucionales”.
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“Esta presión también se ejerció para retardar maliciosamente las resolución de amparos y apelaciones presentadas, o para resolverlas sin fundamento en contra de los sindicados. Así, como todo tipo de resoluciones no ajustadas a derechos, se me mantuvo detenido por 3 años y 8 meses, cometieron un abuso desmedido de la prisión preventiva. Este mismo abuso se ha cometido y se sigue cometiendo en contra de cientos de personas, violando la presunción de inocencia, derecho fundamental de todo guatemalteco”.
“Fue hasta febrero de este año que, en contra de muchas presiones, se me otorgaron medidas sustitutivas con las cuales pude recuperar mi libertad condicional y, recientemente, en una resolución valiente y bien fundamentada, se me absolvió de toda acusación, y tras cuatro años de un tortuoso proceso fui declarado inocente. Nunca cometí delito alguno, no consentí ningún acto de corrupción y mis acciones siempre se apegaron a la ley. Aún así fui acusado y procesado sin existir ninguna evidencia en mi contra, se me retuvo en prisión por 44 meses y se me negó la justicia repetidamente”.
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