La Corte de Constitucionalidad (CC), revocó el amparo provisional que había otorgado contra la suscripción de un acuerdo migratorio con EE. UU.
La máxima magistratura declaró con lugar la solicitud de revocatoria del amparo provisional, a petición del presidente Jimmy Morales.
Los magistrados resolvieron que la protección constitucional que otorgaron el 14 de julio, fue ante la amenaza de la posible firma de un convenio de Tercer País Seguro.
El objetivo era prevenir al Presidente de cumplir con los mecanismos de la Constitución para firmar un convenio de esa naturaleza y con esos alcances.
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Ahora la CC dice que Morales tiene “pleno conocimiento” de los alcances y obligaciones que asumirá el Estado de Guatemala al firmar el “Acuerdo entre el Gobierno de EE. UU. y Guatemala”.
La Corte también afirma que Morales ya conoce la ruta legal establecida en la Constitución para la firma de un acuerdo como el mencionado.
“Tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el Acuerdo en mención cobre vigencia”, señala la CC.
Añaden: “Dicho Acuerdo establece en el Artículo 8, que el mismo entrará en vigencia por medio de un canje de notas entre las partes, en el cual deberán indicar que cada una ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para el efecto”.
La Corte de Constitucionalidad aclara que puede examinar de nueva cuente el expediente, si una parte lo solicita.
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El acuerdo
Lo firmado contempla que el país recibirá solicitudes de asilo de ciudadanos de El Salvador y Honduras, que busquen protección en su ruta migratoria a EE. UU.
Guatemala ha asegurado que no erogará fondos para poner en marcha este plan, ya que será con apoyo de organismos internacionales relacionados con la migración.
Vía legal
Diversos criterios aseguran que el Acuerdo debe ser conocido por el Congreso y que esa instancia determine si lo aprueban o no.
Otros expertos en tratados y acuerdos internacionales afirman que no es necesario que lo conozca el pleno.
El Ejecutivo no ha aclarado si lo enviará al Legislativo para su ratificación o improbarlo.
La Corte de Constitucionalidad (CC), revocó el amparo provisional que había otorgado contra la suscripción de un acuerdo migratorio con EE. UU.
La máxima magistratura declaró con lugar la solicitud de revocatoria del amparo provisional, a petición del presidente Jimmy Morales.
Los magistrados resolvieron que la protección constitucional que otorgaron el 14 de julio, fue ante la amenaza de la posible firma de un convenio de Tercer País Seguro.
El objetivo era prevenir al Presidente de cumplir con los mecanismos de la Constitución para firmar un convenio de esa naturaleza y con esos alcances.
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Ahora la CC dice que Morales tiene “pleno conocimiento” de los alcances y obligaciones que asumirá el Estado de Guatemala al firmar el “Acuerdo entre el Gobierno de EE. UU. y Guatemala”.
La Corte también afirma que Morales ya conoce la ruta legal establecida en la Constitución para la firma de un acuerdo como el mencionado.
“Tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el Acuerdo en mención cobre vigencia”, señala la CC.
Añaden: “Dicho Acuerdo establece en el Artículo 8, que el mismo entrará en vigencia por medio de un canje de notas entre las partes, en el cual deberán indicar que cada una ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para el efecto”.
La Corte de Constitucionalidad aclara que puede examinar de nueva cuente el expediente, si una parte lo solicita.
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El acuerdo
Lo firmado contempla que el país recibirá solicitudes de asilo de ciudadanos de El Salvador y Honduras, que busquen protección en su ruta migratoria a EE. UU.
Guatemala ha asegurado que no erogará fondos para poner en marcha este plan, ya que será con apoyo de organismos internacionales relacionados con la migración.
Vía legal
Diversos criterios aseguran que el Acuerdo debe ser conocido por el Congreso y que esa instancia determine si lo aprueban o no.
Otros expertos en tratados y acuerdos internacionales afirman que no es necesario que lo conozca el pleno.
El Ejecutivo no ha aclarado si lo enviará al Legislativo para su ratificación o improbarlo.