Sandra Torres, excandidata presidencial por la Unidad Nacional del Esperanza (UNE), permanecerá en prisión provisional hasta el 16 de octubre.
Lo anterior fue resuelto por Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, durante el tercer día de la audiencia de primera declaración.
Ese 16 de octubre se sabrá si la jueza Domínguez liga a proceso a la excandidata de la UNE.
“Es necesario revisar todos los medios de convicción, que suman unos 300 medios (…) revisaré cada uno de ellos, tanto los argumentos de la defensa, como los de la fiscalía, para resolver apegada a la ley”, manifestó la jueza.
Torres seguirá en Mariscal
Agregó que mientras anaiza los medios de prueba, Sandra Torres permanecerá en el centro carcelario ubicado en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
Asimismo, dijo que Torres se negó a que personal del InstitutoNacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizará una segunda evaluación médica.
“El informe del Inacif indicó que no se emitieron resultados porque Torres no deseaba que se le practicara nueva evaluación”, comunicó la jueza Domínguez
Defensa se centra en auditorías
Este día la defensa de Sandra Torres expuso sus argumentos para desvanecer la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
Lo abogados centraron sus argumentos en informes de auditoría del periodo 2015-2016 que tiene declaraciones juradas de financistas.
Informes que fueron entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cumpliendo con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), expuso Eduardo Velásquez, abogado de Torres.
Por aparte la defensa manifestó que de los 300 medios de prueba que tiene el MP contra la excandidata presidencial, corresponden a otras dos personas y los pocos que se relacionan a ella son “datos elementales”.
La defensa de Torres indica que se puso a disposición del juzgado desde que conoció el proceso en 2019 y que desde abril no ha salido del país.
Asimismo, el abogado cuestionó: ¿por qué la Fiscalía Especial contra la Impunidad está conociendo el proceso y no Delitos Electorales, si lo que se investiga tiene relación al proceso electoral, y además los señalamientos en su momento fueron desvanecidos con documentos en el TSE”.
Sandra Torres, excandidata presidencial por la Unidad Nacional del Esperanza (UNE), permanecerá en prisión provisional hasta el 16 de octubre.
Lo anterior fue resuelto por Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, durante el tercer día de la audiencia de primera declaración.
Ese 16 de octubre se sabrá si la jueza Domínguez liga a proceso a la excandidata de la UNE.
“Es necesario revisar todos los medios de convicción, que suman unos 300 medios (…) revisaré cada uno de ellos, tanto los argumentos de la defensa, como los de la fiscalía, para resolver apegada a la ley”, manifestó la jueza.
Torres seguirá en Mariscal
Agregó que mientras anaiza los medios de prueba, Sandra Torres permanecerá en el centro carcelario ubicado en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
Asimismo, dijo que Torres se negó a que personal del InstitutoNacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizará una segunda evaluación médica.
“El informe del Inacif indicó que no se emitieron resultados porque Torres no deseaba que se le practicara nueva evaluación”, comunicó la jueza Domínguez
Defensa se centra en auditorías
Este día la defensa de Sandra Torres expuso sus argumentos para desvanecer la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
Lo abogados centraron sus argumentos en informes de auditoría del periodo 2015-2016 que tiene declaraciones juradas de financistas.
Informes que fueron entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cumpliendo con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), expuso Eduardo Velásquez, abogado de Torres.
Por aparte la defensa manifestó que de los 300 medios de prueba que tiene el MP contra la excandidata presidencial, corresponden a otras dos personas y los pocos que se relacionan a ella son “datos elementales”.
La defensa de Torres indica que se puso a disposición del juzgado desde que conoció el proceso en 2019 y que desde abril no ha salido del país.
Asimismo, el abogado cuestionó: ¿por qué la Fiscalía Especial contra la Impunidad está conociendo el proceso y no Delitos Electorales, si lo que se investiga tiene relación al proceso electoral, y además los señalamientos en su momento fueron desvanecidos con documentos en el TSE”.