Las recién aprobadas reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo, LONG, en términos generales no aporta mayores beneficios, sin embargo, cual caballo de Troya introduce la opción de cancelar dichas organizaciones a discreción de un burócrata.
Tal como han sucedido con muchas disposiciones gubernamentales, en lugar de atacar la raíz de los problemas prefieren irse por las ramas, crear más burocracia y obtener más poder. Un ejemplo muy claro fue el caso de ponerles chalecos a todos los motociclistas para identificarlos en lugar de atrapar a las bandas de asaltantes que circulaban en motocicletas. O el caso de la Ley “anti-adopciones” en lugar de investigar las denuncias de adopciones irregulares, atrapar a los responsables y llevarlos a juicio.
El caso de las ONG es muy parecido, ya que en lugar de perseguir a aquellas organizaciones que violan la Ley, violentan los derechos individuales, cometen fraudes en el manejo de fondos público prefieren poner mayores controles y dejarlas a merced de la discrecionalidad burocrática para continuar operando.
Considero que hay dos temas importantes que genuinamente nos interesan en cuanto al tema de las ONG’s, uno de ellos es la fiscalización en el uso de los fondos públicos, es decir del dinero que nos quitan a través de los impuestos y, el segundo, la sanción a aquellas organizaciones que se utilizan para violentar los derechos individuales.
En el caso de la fiscalización del uso de los impuestos, fondos públicos asignados a las ONG’s; pienso que antes de pensar en eso, deberíamos ir a la raíz y cuestionar ¿por qué estas organizaciones reciben fondos del Estado? ¿Es acaso una consecuencia de las múltiples, por no decir excesivas, funciones que tiene el gobierno? Me explico, el gobierno tiene tantas funciones que, al no poder cumplirlas, opta por “contratar” ONG’s que hagan este “trabajo”.
Entonces, ¿deberíamos darle tantas funciones y por ende poder al gobierno? Es claro que, en algunas ocasiones, las ONG’s administran mejor los recursos que el gobierno. Sin embargo, también es común observar como se utilizan para robarse el dinero de los tributarios, como se utilizan para beneficiar a financistas, familiares y amigos de quienes detentan el poder al momento de la repartición del dinero, léase presupuesto.
Las reformas no aportan nada nuevo, ya que la misma Constitución establece que la Contraloría General de Cuentas, CGC, debe fiscalizar el uso de los recursos públicos asignados. Ahora bien, si la CGC cumple o no con su labor de fiscalización es ya otra historia. También ya existe normativa que obliga a las ONG’s a registrarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, con todas las obligaciones que conlleva.
En el caso de las sanciones a ONG´s que violan los derechos individuales, en lugar de dejarlo a la discrecionalidad de un burócrata. Se debería reforzar el cumplimiento de leyes existentes, es decir, investigar las denuncias de abusos o posibles delitos de quienes integran estas organizaciones y llevarlos a juicio. Por lo que, la cancelación de una ONG debería estar sujeta a criterios objetivos como la violación de una ley, confirmada por sentencia de un juzgado y no por un reglamento.
Es decir, si los integrantes de una ONG violan una ley, deberían ser juzgados y, en caso de ser culpables, sancionados acorde a la Ley, así como a la organización a la que pertenecen. Sin embargo, como mencioné al inicio el caballo de Troya es el poder que otorga esta Ley para cancelar a estas organizaciones bajo criterios ambiguos que pueden ser modificados en el reglamento.
Considero que mientras exista la posibilidad del político o burócrata de turno de asignarle dinero del tributario a las ONG’s, el riesgo de malversación y el problema de una fiscalización efectiva persistirá. Mientras no se persigan y se juzguen a quienes violentan los derechos individuales escudados en ONG’s, las reformas sólo servirán para aumentar el poder discrecional de los burócratas de turno y se continuará sin resolver los problemas de fondo.
@Md30
Facebook.com/Mda30
Las recién aprobadas reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo, LONG, en términos generales no aporta mayores beneficios, sin embargo, cual caballo de Troya introduce la opción de cancelar dichas organizaciones a discreción de un burócrata.
Tal como han sucedido con muchas disposiciones gubernamentales, en lugar de atacar la raíz de los problemas prefieren irse por las ramas, crear más burocracia y obtener más poder. Un ejemplo muy claro fue el caso de ponerles chalecos a todos los motociclistas para identificarlos en lugar de atrapar a las bandas de asaltantes que circulaban en motocicletas. O el caso de la Ley “anti-adopciones” en lugar de investigar las denuncias de adopciones irregulares, atrapar a los responsables y llevarlos a juicio.
El caso de las ONG es muy parecido, ya que en lugar de perseguir a aquellas organizaciones que violan la Ley, violentan los derechos individuales, cometen fraudes en el manejo de fondos público prefieren poner mayores controles y dejarlas a merced de la discrecionalidad burocrática para continuar operando.
Considero que hay dos temas importantes que genuinamente nos interesan en cuanto al tema de las ONG’s, uno de ellos es la fiscalización en el uso de los fondos públicos, es decir del dinero que nos quitan a través de los impuestos y, el segundo, la sanción a aquellas organizaciones que se utilizan para violentar los derechos individuales.
En el caso de la fiscalización del uso de los impuestos, fondos públicos asignados a las ONG’s; pienso que antes de pensar en eso, deberíamos ir a la raíz y cuestionar ¿por qué estas organizaciones reciben fondos del Estado? ¿Es acaso una consecuencia de las múltiples, por no decir excesivas, funciones que tiene el gobierno? Me explico, el gobierno tiene tantas funciones que, al no poder cumplirlas, opta por “contratar” ONG’s que hagan este “trabajo”.
Entonces, ¿deberíamos darle tantas funciones y por ende poder al gobierno? Es claro que, en algunas ocasiones, las ONG’s administran mejor los recursos que el gobierno. Sin embargo, también es común observar como se utilizan para robarse el dinero de los tributarios, como se utilizan para beneficiar a financistas, familiares y amigos de quienes detentan el poder al momento de la repartición del dinero, léase presupuesto.
Las reformas no aportan nada nuevo, ya que la misma Constitución establece que la Contraloría General de Cuentas, CGC, debe fiscalizar el uso de los recursos públicos asignados. Ahora bien, si la CGC cumple o no con su labor de fiscalización es ya otra historia. También ya existe normativa que obliga a las ONG’s a registrarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, con todas las obligaciones que conlleva.
En el caso de las sanciones a ONG´s que violan los derechos individuales, en lugar de dejarlo a la discrecionalidad de un burócrata. Se debería reforzar el cumplimiento de leyes existentes, es decir, investigar las denuncias de abusos o posibles delitos de quienes integran estas organizaciones y llevarlos a juicio. Por lo que, la cancelación de una ONG debería estar sujeta a criterios objetivos como la violación de una ley, confirmada por sentencia de un juzgado y no por un reglamento.
Es decir, si los integrantes de una ONG violan una ley, deberían ser juzgados y, en caso de ser culpables, sancionados acorde a la Ley, así como a la organización a la que pertenecen. Sin embargo, como mencioné al inicio el caballo de Troya es el poder que otorga esta Ley para cancelar a estas organizaciones bajo criterios ambiguos que pueden ser modificados en el reglamento.
Considero que mientras exista la posibilidad del político o burócrata de turno de asignarle dinero del tributario a las ONG’s, el riesgo de malversación y el problema de una fiscalización efectiva persistirá. Mientras no se persigan y se juzguen a quienes violentan los derechos individuales escudados en ONG’s, las reformas sólo servirán para aumentar el poder discrecional de los burócratas de turno y se continuará sin resolver los problemas de fondo.
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