Los accionistas de la Financiera de Occidente (Fidosa), presentaron recursos legales contra la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Junta Monetaria (JM) por supuestas violaciones al derecho de defensa.
Los inconformes señalan que las autoridades violentaron leyes vigentes al intervenir e iniciar el proceso de liquidación de la citada Financiera.
Como ente regulador del sistema financiero nacional, la SIB emitió regulaciones administrativas específicas para Fidosa y todas se cumplieron, aseguran los afectados.
Los accionistas enfatizan que Fidosa contaba con suficiente solvencia y liquidez financiera, por lo que la intervención se hizo en detrimento de los inversionistas y accionistas.
De auditor a jefe de la SIB
La Corporación de Occidente conformada por la Financiera de Occidente, Tarjetas de Crédito de Occidente y Asesores Bursátiles de Occidente, daba pasos para convertirse de nuevo en un banco.
Según Pedro Aguirre, representante de los accionistas de Fidosa, en 2018 hicieron una operación apuntando a lograr su objetivo y todo marchaba bien.
Fue en mayo de 2018 que se registró el paso de acciones por US$26 millones de la Corporación de Occidente hacia la Financiera de Occidente.
El traslado de activos extraordinarios obtuvo el visto bueno de su auditor de entonces, Erick Armando Vargas Sierra, quien meses más tarde, como jefe de la SIB, dirigió la acción para intervenir la Financiera y cuestionar la operación.
Archivan compra de acciones
Una de las acciones que mandó la SIB, con Vargas Sierra al frente, fue que Fidosa debía vender las acciones aportadas por la Corporación de Occidente.
Aguirre señala que pronto apareció un comprador que buscaba adquirir las acciones por US$56 millones. La operación la debía aprobar o rechazar la Superintendencia de Bancos, pero la entidad la archivó, indica Aguirre.
Ese trámite de archivar el expediente ocurrió el 6 diciembre y siete días más tarde, el 13 de diciembre, la SIB anunció la intervención y suspensión de la Financiera de Occidente.
Acuden a la CSJ, CC y otros tribunales
Luego de conocer la resolución de la Junta Monetaria sobre la base del informe presentado por la SIB, los accionistas plantearon un recurso administrativo para detener la suspensión, pero fue rechazado.
Se despidió a 100 empleados y se causó incertidumbre en el sistema financiero, inversionistas y accionistas, señala Aguirre.
Por ello, al no ser atendidos por las autoridades de la SIB y la JM, acudieron a instancias legales como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
A los magistrados de la CSJ les piden que resuelvan con el fin de ordenar que la Junta Monetaria conozca los recursos planteados.
Por el momento la referida Corte analiza el expediente. En tanto, la SIB continuó el proceso de venta de activos y pasivos de la Financiera de Occidente.
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Los accionistas de la Financiera de Occidente (Fidosa), presentaron recursos legales contra la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Junta Monetaria (JM) por supuestas violaciones al derecho de defensa.
Los inconformes señalan que las autoridades violentaron leyes vigentes al intervenir e iniciar el proceso de liquidación de la citada Financiera.
Como ente regulador del sistema financiero nacional, la SIB emitió regulaciones administrativas específicas para Fidosa y todas se cumplieron, aseguran los afectados.
Los accionistas enfatizan que Fidosa contaba con suficiente solvencia y liquidez financiera, por lo que la intervención se hizo en detrimento de los inversionistas y accionistas.
De auditor a jefe de la SIB
La Corporación de Occidente conformada por la Financiera de Occidente, Tarjetas de Crédito de Occidente y Asesores Bursátiles de Occidente, daba pasos para convertirse de nuevo en un banco.
Según Pedro Aguirre, representante de los accionistas de Fidosa, en 2018 hicieron una operación apuntando a lograr su objetivo y todo marchaba bien.
Fue en mayo de 2018 que se registró el paso de acciones por US$26 millones de la Corporación de Occidente hacia la Financiera de Occidente.
El traslado de activos extraordinarios obtuvo el visto bueno de su auditor de entonces, Erick Armando Vargas Sierra, quien meses más tarde, como jefe de la SIB, dirigió la acción para intervenir la Financiera y cuestionar la operación.
Archivan compra de acciones
Una de las acciones que mandó la SIB, con Vargas Sierra al frente, fue que Fidosa debía vender las acciones aportadas por la Corporación de Occidente.
Aguirre señala que pronto apareció un comprador que buscaba adquirir las acciones por US$56 millones. La operación la debía aprobar o rechazar la Superintendencia de Bancos, pero la entidad la archivó, indica Aguirre.
Ese trámite de archivar el expediente ocurrió el 6 diciembre y siete días más tarde, el 13 de diciembre, la SIB anunció la intervención y suspensión de la Financiera de Occidente.
Acuden a la CSJ, CC y otros tribunales
Luego de conocer la resolución de la Junta Monetaria sobre la base del informe presentado por la SIB, los accionistas plantearon un recurso administrativo para detener la suspensión, pero fue rechazado.
Se despidió a 100 empleados y se causó incertidumbre en el sistema financiero, inversionistas y accionistas, señala Aguirre.
Por ello, al no ser atendidos por las autoridades de la SIB y la JM, acudieron a instancias legales como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
A los magistrados de la CSJ les piden que resuelvan con el fin de ordenar que la Junta Monetaria conozca los recursos planteados.
Por el momento la referida Corte analiza el expediente. En tanto, la SIB continuó el proceso de venta de activos y pasivos de la Financiera de Occidente.
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