Los cambios de directores en Presidios retrasan las solicitud de libertades anticipadas o la redención de penas. Esa situación contribuye al hacinamientos en los centros carcelarios, según el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
El hacinamiento no es un problema nuevo, sin embargo tiene en vilo a las autoridades y organismos de Derechos Humanos porque agudiza el riesgo que los privados de libertad vulnerables se contagien del Covid-19.
El 25 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una petición.
Bachelet pidió a los gobiernos tomar las medidas “urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas”, para frenar la pandemia del Covid-19.
Bachelet exhortó a los gobiernos y a las autoridades competentes proceder con rapidez a buscar esos mecanismos a fin de reducir el número de reclusos.
Grupos vulnerables y Presidios
Idonaldo Fuentes, director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), manifestó que es prioridad atender a los privados de libertad vulnerables al Covid-19, pues muchos ya están condenados, o bien su salud está en riesgo.
Aseguró que existen mecanismos legales en Guatemala y a nivel internacional para pedir las libertades anticipadas. Aclaró que es necesario analizar cada caso de manera urgente.
“Existe una normativa, hay un Corpus Iuris a nivel internacional como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos más conocido como El Pacto de San José”, afirmó Fuentes.
Agregó que otros mecanismos son las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, las Reglas de Tokio, entre otras.
Demoras en informes
Fuentes afirmó el seguimiento de los casos depende de “todos” los actores judiciales pero principalmente de Presidios. Las autoridades penitenciarias deben elaborar informes de trabajo, estudio, buen comportamiento de los privados de libertad en los centro carcelarios.
El director del IDPP explicó que esas solicitudes se complican porque el Sistema Penitenciario no rinden los informes porque frecuentemente se cambian las autoridades.
“Esos cambios de autoridades demoran los documento fundamentales para hacer los argumentos que corresponden. En la actualidad tenemos 542 solicitudes de redención de penas en trámite, veremos como avanzan ahora en la crisis”, enfatizó Fuentes.
Dijo que unificando esfuerzos con todos los actores judiciales podrán agilizarse los casos. Resaltó la necesidad de la sensibilización de la redención de penas con todos los actores judiciales para que las personas puedan obtener su libertad.
Debe agilizarse para evitar un caos
El Director de la Defensa Pública consideró que no será suficiente mayo para atender los casos vulnerables, aunque exista la voluntad de todos los actores. Por ahora el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial trabajan por turnos debido a la emergencia.
El funcionario manifestó que es urgente atender los casos de redención de penas, y todas las solicitudes de personas vulnerables al virus, como personas de la tercera y cuarta edad, discapacidad, mujeres embarazadas, y otras enfermedades crónicas.
“De no atenerse entraríamos en un caos en el tema sanitario para los privados de libertad (…) lo que quisiéramos un poquito con esto es invitar a los operados judiciales a encontrar una salida”, agregó.
Luis Rodolfo Escobar Ovalle, director de Sistema Penitenciario, informó que más de 2 mil personas han solicitado una redención de pena, y por la pandemia afirmó que agilizan los casos.
Los cambios de directores en Presidios retrasan las solicitud de libertades anticipadas o la redención de penas. Esa situación contribuye al hacinamientos en los centros carcelarios, según el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
El hacinamiento no es un problema nuevo, sin embargo tiene en vilo a las autoridades y organismos de Derechos Humanos porque agudiza el riesgo que los privados de libertad vulnerables se contagien del Covid-19.
El 25 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una petición.
Bachelet pidió a los gobiernos tomar las medidas “urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas”, para frenar la pandemia del Covid-19.
Bachelet exhortó a los gobiernos y a las autoridades competentes proceder con rapidez a buscar esos mecanismos a fin de reducir el número de reclusos.
Grupos vulnerables y Presidios
Idonaldo Fuentes, director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), manifestó que es prioridad atender a los privados de libertad vulnerables al Covid-19, pues muchos ya están condenados, o bien su salud está en riesgo.
Aseguró que existen mecanismos legales en Guatemala y a nivel internacional para pedir las libertades anticipadas. Aclaró que es necesario analizar cada caso de manera urgente.
“Existe una normativa, hay un Corpus Iuris a nivel internacional como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos más conocido como El Pacto de San José”, afirmó Fuentes.
Agregó que otros mecanismos son las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, las Reglas de Tokio, entre otras.
Demoras en informes
Fuentes afirmó el seguimiento de los casos depende de “todos” los actores judiciales pero principalmente de Presidios. Las autoridades penitenciarias deben elaborar informes de trabajo, estudio, buen comportamiento de los privados de libertad en los centro carcelarios.
El director del IDPP explicó que esas solicitudes se complican porque el Sistema Penitenciario no rinden los informes porque frecuentemente se cambian las autoridades.
“Esos cambios de autoridades demoran los documento fundamentales para hacer los argumentos que corresponden. En la actualidad tenemos 542 solicitudes de redención de penas en trámite, veremos como avanzan ahora en la crisis”, enfatizó Fuentes.
Dijo que unificando esfuerzos con todos los actores judiciales podrán agilizarse los casos. Resaltó la necesidad de la sensibilización de la redención de penas con todos los actores judiciales para que las personas puedan obtener su libertad.
Debe agilizarse para evitar un caos
El Director de la Defensa Pública consideró que no será suficiente mayo para atender los casos vulnerables, aunque exista la voluntad de todos los actores. Por ahora el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial trabajan por turnos debido a la emergencia.
El funcionario manifestó que es urgente atender los casos de redención de penas, y todas las solicitudes de personas vulnerables al virus, como personas de la tercera y cuarta edad, discapacidad, mujeres embarazadas, y otras enfermedades crónicas.
“De no atenerse entraríamos en un caos en el tema sanitario para los privados de libertad (…) lo que quisiéramos un poquito con esto es invitar a los operados judiciales a encontrar una salida”, agregó.
Luis Rodolfo Escobar Ovalle, director de Sistema Penitenciario, informó que más de 2 mil personas han solicitado una redención de pena, y por la pandemia afirmó que agilizan los casos.