Sector industrial solicita abrir proceso legal contra diputados de Semilla y delegado de la PDH
El sector industrial hizo una solicitud pública para abrir un proceso legal contra diputados del partido político Semilla y contra un delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), señala que los congresistas de la bancada Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, no tienen potestad legal para “realizar inspecciones en el ámbito privado”.
Lo anterior también aplica para Luis Daniel Reyes, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH. Esa facultad, en el campo laboral, solo le corresponde a la Inspección General del Ministerio de Trabajo.
Los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, así como el representante de la PDH, documentaron ellos mismos un intento por ingresar a una empresa en Amatitlán, sin la presencia del Ministerio de Trabajo.
Rechazan acción de los diputados y la PDH
La acción de los legisladores del bloque Semilla y de Reyes, de la PDH, es rechazada por el sector industrial.
- La función de fiscalización de los diputados del Congreso de la República se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución de la República y en las leyes.
- En relación a la PDH, es común que acompañe a la Inspección General de Trabajo, pero deben contar con la autorización de las empresas para que los funcionarios de la PDH ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores.
- La Constitución Política de la República es clara en relación a que, cuando un dignatario o funcionario en el ejercicio de su cargo infrinja la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y perjuicios, pudiendo existir responsabilidad penal o civil.
“Solicitamos a las autoridades correspondientes, abrir un proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad”, enfatizan los empresarios.
Legisladores con discurso antiempresa
Los diputados Pérez y Castellanos escriben en sus redes sociales, de manera frecuente, mensajes contra el sector productivo.
“Lo más vergonzoso es que los comunicados de Cacif salen cuando hay unanimidad en las cámaras. Ser empresario nunca ha sido vergüenza, pero ser de Cacif sí. Viven de privilegios, financian la cooptación, capturan el mercado y se ponen del lado de la corrupción”, escribió Samuel Pérez, secretario general del Partido Semilla, el 27 de junio.
También ese día, el legislador Castellanos, secretario de la Comisión de Trabajo, hizo un comentario en esa línea.
“No les bastó con desterrar la lucha contra la corrupción, se suben al barco del rompimiento constitucional. Llegaron a la democracia con convicciones autoritarias y visiones empresariales del siglo XIX, pero no representan al empresariado honesto ni las aspiraciones del país”.
De acuerdo con abogados consultados, el proceder de los diputados y el delegado de la PDH los lleva a cometer dos delitos: abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Sector industrial solicita abrir proceso legal contra diputados de Semilla y delegado de la PDH
El sector industrial hizo una solicitud pública para abrir un proceso legal contra diputados del partido político Semilla y contra un delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), señala que los congresistas de la bancada Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, no tienen potestad legal para “realizar inspecciones en el ámbito privado”.
Lo anterior también aplica para Luis Daniel Reyes, de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la PDH. Esa facultad, en el campo laboral, solo le corresponde a la Inspección General del Ministerio de Trabajo.
Los diputados Samuel Pérez y Román Castellanos, así como el representante de la PDH, documentaron ellos mismos un intento por ingresar a una empresa en Amatitlán, sin la presencia del Ministerio de Trabajo.
Rechazan acción de los diputados y la PDH
La acción de los legisladores del bloque Semilla y de Reyes, de la PDH, es rechazada por el sector industrial.
- La función de fiscalización de los diputados del Congreso de la República se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución de la República y en las leyes.
- En relación a la PDH, es común que acompañe a la Inspección General de Trabajo, pero deben contar con la autorización de las empresas para que los funcionarios de la PDH ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores.
- La Constitución Política de la República es clara en relación a que, cuando un dignatario o funcionario en el ejercicio de su cargo infrinja la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y perjuicios, pudiendo existir responsabilidad penal o civil.
“Solicitamos a las autoridades correspondientes, abrir un proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad”, enfatizan los empresarios.
Legisladores con discurso antiempresa
Los diputados Pérez y Castellanos escriben en sus redes sociales, de manera frecuente, mensajes contra el sector productivo.
“Lo más vergonzoso es que los comunicados de Cacif salen cuando hay unanimidad en las cámaras. Ser empresario nunca ha sido vergüenza, pero ser de Cacif sí. Viven de privilegios, financian la cooptación, capturan el mercado y se ponen del lado de la corrupción”, escribió Samuel Pérez, secretario general del Partido Semilla, el 27 de junio.
También ese día, el legislador Castellanos, secretario de la Comisión de Trabajo, hizo un comentario en esa línea.
“No les bastó con desterrar la lucha contra la corrupción, se suben al barco del rompimiento constitucional. Llegaron a la democracia con convicciones autoritarias y visiones empresariales del siglo XIX, pero no representan al empresariado honesto ni las aspiraciones del país”.
De acuerdo con abogados consultados, el proceder de los diputados y el delegado de la PDH los lleva a cometer dos delitos: abuso de autoridad y usurpación de funciones.