La Cámara de Industria de Guatemala mostró su preocupación ante un posible rompimiento del orden legal en el país.
Por medio de un comunicado, hizo ver que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son responsables de sus resoluciones y cualquier acto que contravenga dicho artículo atenta contra el Estado de Derecho.
“La Constitución es clara en relación a la obligación que tienen los magistrados de la CC en ejercer la imparcialidad dentro de sus fallos o decisiones judiciales, impidiéndoles juzgarse a sí mismos, así como beneficiarse de sus propias resoluciones”, detalla el comunicado.
El Sector fija postura luego que la CC resolviera en definitiva un amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio trámite al antejuicio contra cuatro magistrados de ese tribunal y le ordenó emitir un nuevo fallo. El antejuicio ya era conocido por la comisión pesquisidora.
El Sector considera que obstaculizar la función del Congreso en cuanto a conocer los antejuicios contra los magistrados atenta contra la independencia de poderes, debiendo cada órgano proceder con apego a la ley y a la Constitución Política de la República.
El antejuicio contra cuatro magistrados
La 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por magistrados suplentes, dió trámite a una solicitud de antejuicio y la remitió al Congreso, que nombró una comisión pesquisidora.
La pesquisidora conocía el antejuicio contra los magistrados:
- Gloria Porras
- Bonerge Mejía
- Francisco de Mata Vela
- Neftalí Aldana
La solicitud de retiro de inmunidad fue promovida ante la CSJ por José Roberto Guzmán Hernández, abogado y aspirante a magistrado.
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