Estamos atravesando por una crisis constitucional, dentro de la cual hay que resaltar la situación concreta que existe con relación a uno de los poderes del Estado: el poder judicial. Crisis que tiene su génesis en no respetar la Constitución Política de la República de Guatemala.
La Constitución, establece clara y expresamente que los Magistrados, cualquiera que sea su categoría, durarán en sus funciones cinco años. Hoy en día, en plena violación al plazo establecido por la Constitución, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones están ejerciendo sus respectivas Magistraturas, fuera del plazo antes indicado. Las nuevas Magistraturas debieron haber sido electas en octubre del año pasado.
Lo anterior, es sumamente grave y preocupante, porque, si se puede pasar por alto la alternancia del poder en el Organismo Judicial, también podría pasarse por alto en el poder Ejecutivo o Legislativo. Ya no importa entonces qué regula la Constitución, los plazos carecen de sentido y, por consiguiente, como ha ocurrido ahora, es la Corte de Constitucionalidad (CC) la que decide por arriba de la Constitución. Es preciso señalar, que fue por resoluciones de la CC, dictadas en distintos momentos, que el plazo a que se ha hecho referencia fue violado.
A lo indicado, hay que agregar que hoy en día existen serias complicaciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por dicho Tribunal, mediante la cual ordena la elección de Magistrados. Esa sentencia, puso la elección en un escenario indefinido. Sí, “sentencia firme”, que siendo tan ambigua y contradictoria, no fue aclarada, ampliada o modificada en el momento procesal oportuno por la CC; sentencia, con relación a la cual el Ministerio Público pidió la nulidad, no siendo acogida por la CC la solicitud; sentencia, que ordena la elección de Magistrados, cuando según el Ministerio Público, la corrupción para la conformación de las nóminas de candidatos pudo haber existido inclusive antes de la integración de las comisiones de postulación. Sí, esa sentencia que es aberrante, que ordena la elección de Magistrados, como si nada hubiera pasado y a pesar de los graves señalamientos de corrupción por parte del Ministerio Público, es la que ahora debe cumplir el Congreso de la República por orden de la CC.
Lo ordenado por la CC a los diputados, deben cumplirlo, dando el tiempo suficiente para el ejercicio democrático del voto, sin restricción alguna o presión arbitraria, candidato por candidato, a “viva voz”, realizando las rondas que sean necesarias -el Congreso no puede variar el procedimiento de votación ordenado por la CC- porque así fue ordenado y la sentencia ya no puede ser modificada; desde luego deben abstenerse de votar con relación a los candidatos de los que exista duda en cuanto a su capacidad, honorabilidad y honradez. El informe del Ministerio Público es un documento fundamental para el razonamiento del voto. El Congreso entonces, en lugar de estar discutiendo “metodología de elección”, debe cumplir con lo ordenado por la CC en cuanto al procedimiento de votación. Entre más tarde empiece, más tarde finalizará y la crisis en el poder judicial ser prolongará aún más.
Independientemente de que debe procederse a la elección de Magistrados, como lo ordenó la CC, no hay que olvidar que en el Ministerio Público está investigando “todo” el proceso por posible corrupción –existen varias líneas de investigación-, proceso que aplicó a todos los de las nóminas, la cual fue resultado según el ente investigador de un proceso anómalo. Ojalá se tengan pronto resultados concluyentes de las investigaciones del Ministerio Público.
Finalmente, oportuno es indicar que todo lo anterior tiene que llevarse a cabo, en momentos en que la propia Corte de Constitucionalidad, causante de esta prórroga indefinida, tiene desde hace más de dos años su propia crisis, ya que no está integrada como lo manda la Constitución, lo que pone en entredicho su legitimidad.
Estamos atravesando por una crisis constitucional, dentro de la cual hay que resaltar la situación concreta que existe con relación a uno de los poderes del Estado: el poder judicial. Crisis que tiene su génesis en no respetar la Constitución Política de la República de Guatemala.
La Constitución, establece clara y expresamente que los Magistrados, cualquiera que sea su categoría, durarán en sus funciones cinco años. Hoy en día, en plena violación al plazo establecido por la Constitución, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones están ejerciendo sus respectivas Magistraturas, fuera del plazo antes indicado. Las nuevas Magistraturas debieron haber sido electas en octubre del año pasado.
Lo anterior, es sumamente grave y preocupante, porque, si se puede pasar por alto la alternancia del poder en el Organismo Judicial, también podría pasarse por alto en el poder Ejecutivo o Legislativo. Ya no importa entonces qué regula la Constitución, los plazos carecen de sentido y, por consiguiente, como ha ocurrido ahora, es la Corte de Constitucionalidad (CC) la que decide por arriba de la Constitución. Es preciso señalar, que fue por resoluciones de la CC, dictadas en distintos momentos, que el plazo a que se ha hecho referencia fue violado.
A lo indicado, hay que agregar que hoy en día existen serias complicaciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por dicho Tribunal, mediante la cual ordena la elección de Magistrados. Esa sentencia, puso la elección en un escenario indefinido. Sí, “sentencia firme”, que siendo tan ambigua y contradictoria, no fue aclarada, ampliada o modificada en el momento procesal oportuno por la CC; sentencia, con relación a la cual el Ministerio Público pidió la nulidad, no siendo acogida por la CC la solicitud; sentencia, que ordena la elección de Magistrados, cuando según el Ministerio Público, la corrupción para la conformación de las nóminas de candidatos pudo haber existido inclusive antes de la integración de las comisiones de postulación. Sí, esa sentencia que es aberrante, que ordena la elección de Magistrados, como si nada hubiera pasado y a pesar de los graves señalamientos de corrupción por parte del Ministerio Público, es la que ahora debe cumplir el Congreso de la República por orden de la CC.
Lo ordenado por la CC a los diputados, deben cumplirlo, dando el tiempo suficiente para el ejercicio democrático del voto, sin restricción alguna o presión arbitraria, candidato por candidato, a “viva voz”, realizando las rondas que sean necesarias -el Congreso no puede variar el procedimiento de votación ordenado por la CC- porque así fue ordenado y la sentencia ya no puede ser modificada; desde luego deben abstenerse de votar con relación a los candidatos de los que exista duda en cuanto a su capacidad, honorabilidad y honradez. El informe del Ministerio Público es un documento fundamental para el razonamiento del voto. El Congreso entonces, en lugar de estar discutiendo “metodología de elección”, debe cumplir con lo ordenado por la CC en cuanto al procedimiento de votación. Entre más tarde empiece, más tarde finalizará y la crisis en el poder judicial ser prolongará aún más.
Independientemente de que debe procederse a la elección de Magistrados, como lo ordenó la CC, no hay que olvidar que en el Ministerio Público está investigando “todo” el proceso por posible corrupción –existen varias líneas de investigación-, proceso que aplicó a todos los de las nóminas, la cual fue resultado según el ente investigador de un proceso anómalo. Ojalá se tengan pronto resultados concluyentes de las investigaciones del Ministerio Público.
Finalmente, oportuno es indicar que todo lo anterior tiene que llevarse a cabo, en momentos en que la propia Corte de Constitucionalidad, causante de esta prórroga indefinida, tiene desde hace más de dos años su propia crisis, ya que no está integrada como lo manda la Constitución, lo que pone en entredicho su legitimidad.