La decisión de a quién vacunar primero es una que todos los gobiernos están enfrentando en este momento. La tan ansiada vacuna por fin está siendo distribuida y administrada en muchos países y se espera que para fin de año una gran parte de la población mundial ya tenga alguna de las vacunas que ya se aprobaron para uso masivo. En general los países han tomado un abordaje similar al momento de decidir a quiénes ponerle la vacuna antes: han privilegiado al personal de salud y después a las personas con mayor vulnerabilidad ya sea por edad o por condiciones de salud que han demostrado ser agravantes del COVID.
Sin embargo, ha surgido la duda de si esta es la forma más eficiente de administrar la vacuna. Para saber esto, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el objetivo de vacunar a las personas. En esencia hay dos objetivos: disminuir los contagios o disminuir los fallecidos. La mayoría de los gobiernos ha tomado la segunda como el parámetro para el cual deciden a quienes vacunar primero. Se suele vacunar al personal de salud primero ya que ellos están sobre expuestos a la enfermedad y por qué sin ellos el sistema de salud colapsaría probablemente provocando más fallecidos. Luego, se suele vacunar a los de mayor edad y a los que tienen condiciones de salud severas que pueden representar un alto grado de letalidad.
Esto tiene bastante lógica. La edad de un paciente explica alrededor de un 80% de los fallecidos según la información que uno puede sacar por medio de los datos publicados por el gobierno. La letalidad de la enfermedad para una persona menor de 35 años es de menos del 1% mientras que para una persona arriba de 75 años es superior al 20%. La letalidad sube arriba del 10% hasta los 60 años por lo que una persona sana menor de 60 años, si se trata a tiempo, debería poder superar la enfermedad sin mayores complicaciones.
Estos datos de forma aislada muestran que la forma correcta de aplicar la vacuna debería ser a las personas con mayor posibilidad de fallecer por la enfermedad. Sin embargo, esto no toma en cuenta la cantidad de personas que se enferman en cada grupo etario. En Guatemalala mayoría de la población que se ha enfermado es menor de 40 años. Esto significa que si bien la letalidad es bastante baja en esas edades en comparación con los mayores de 60 años, la cantidad de personas enfermas en ciertas edades podría representar más fallecidos que los de edad avanzada.
Este no ha sido el caso por el momento. Cuando comparamos ambas curvas, la de contagios y la de fallecidos, vemos que no son similares. Es decir, la mayoría de fallecidos no ha sido en los grupos etarios donde se encuentra la mayoría de casos ni viceversa. En el primer caso, si la mayoría de los fallecidos se encontrará en la mayoría de casos y en edades con menor tasa de letalidad, significa que demasiadas personas jóvenes se están enfermando y muriendo, por lo que lo lógico sería vacunar a ese grupo de población. En el segundo caso, si la mayoría de fallecidos y contagios convergen de igual forma en grupos de edad con mayor letalidad, lo lógico sería también vacunar a ese grupo de personas.
En nuestro caso, vacunar a las personas con mayor posibilidad de fallecer es lo más adecuado ya que también representan la mayor cantidad de fallecidos. Sin embargo, existen algunas consideraciones. La primera de ellas es analizar de qué forma se están contagiando las personas de más avanzada edad. Esto es algo difícil de llevar a cabo ya que requiere una recopilación de datos más precisa, lo cual representa algo casi imposible de lograr. A pesar de esto, la lógica nos dice que una persona de edad avanzada no se moviliza tanto como una persona más joven por lo que probablemente se enferma porque una persona joven cercana tuvo contacto con el.
Si esa persona joven no se hubiera enfermado (por ejemplo, estando vacunada) esa persona de edad avanzada tampoco se hubiera enfermado. Es decir, vacunar a una persona joven puede tener externalidades positivas sobre la demás población. Los datos que muestran que la mayoría de la población que se enferma es joven nos dice también que probablemente son los que más contagian. Si partimos de esta lógica, es posible que vacunar a aquellos que son más probables de contagiar a los demás podría tener el mismo o mayor efecto positivo sobre la mortalidad que vacunar a los que mayor letalidad representan.
La segunda consideración es que existe un grupo de población que no es el que mayor letalidad tiene ni el que más se está contagiando pero que es el que mayor expuesto podría estar a fallecer producto de un contagio. Estas personas son las que tienen una tasa de letalidad significativa (entre un 5-20%) pero que no están siendo contagiados de forma masiva por el momento. Esto significa que si la curva de contagios se mueve ligeramente hacia el centro, producto de que más personas de entre 55 y 75 años se están enfermando, se podría esperar que la cantidad de fallecidos aumente sustancialmente. Este grupo de personas son las que están marginalmente enfermas pero que tienen la mayor probabilidad de afectar la curva de fallecidos en caso que se enfermen.
La decisión de quienes deben ser vacunados primero debe ser tomada de forma técnica y no solamente hacer lo que es políticamente correcto. Vacunar de forma ineficiente ya sea por el diseño del plan de vacunación o por la incapacidad del Estado de vacunar de forma rápida podría tener consecuencias no esperadas a corto y a largo plazo. El riesgo de que la curva de contagios aumente drásticamente o que se mueva hacia personas más vulnerables es un escenario que podría ocurrir en cualquier momento y que representaría una potencial catástrofe. Cuidar de los más vulnerables no solamente es deber del Estado sino de todos nosotros y por lo tanto debemos exigir que la vacunación se haga de forma pronta y efectiva para evitar más fallecidos.
La decisión de a quién vacunar primero es una que todos los gobiernos están enfrentando en este momento. La tan ansiada vacuna por fin está siendo distribuida y administrada en muchos países y se espera que para fin de año una gran parte de la población mundial ya tenga alguna de las vacunas que ya se aprobaron para uso masivo. En general los países han tomado un abordaje similar al momento de decidir a quiénes ponerle la vacuna antes: han privilegiado al personal de salud y después a las personas con mayor vulnerabilidad ya sea por edad o por condiciones de salud que han demostrado ser agravantes del COVID.
Sin embargo, ha surgido la duda de si esta es la forma más eficiente de administrar la vacuna. Para saber esto, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el objetivo de vacunar a las personas. En esencia hay dos objetivos: disminuir los contagios o disminuir los fallecidos. La mayoría de los gobiernos ha tomado la segunda como el parámetro para el cual deciden a quienes vacunar primero. Se suele vacunar al personal de salud primero ya que ellos están sobre expuestos a la enfermedad y por qué sin ellos el sistema de salud colapsaría probablemente provocando más fallecidos. Luego, se suele vacunar a los de mayor edad y a los que tienen condiciones de salud severas que pueden representar un alto grado de letalidad.
Esto tiene bastante lógica. La edad de un paciente explica alrededor de un 80% de los fallecidos según la información que uno puede sacar por medio de los datos publicados por el gobierno. La letalidad de la enfermedad para una persona menor de 35 años es de menos del 1% mientras que para una persona arriba de 75 años es superior al 20%. La letalidad sube arriba del 10% hasta los 60 años por lo que una persona sana menor de 60 años, si se trata a tiempo, debería poder superar la enfermedad sin mayores complicaciones.
Estos datos de forma aislada muestran que la forma correcta de aplicar la vacuna debería ser a las personas con mayor posibilidad de fallecer por la enfermedad. Sin embargo, esto no toma en cuenta la cantidad de personas que se enferman en cada grupo etario. En Guatemalala mayoría de la población que se ha enfermado es menor de 40 años. Esto significa que si bien la letalidad es bastante baja en esas edades en comparación con los mayores de 60 años, la cantidad de personas enfermas en ciertas edades podría representar más fallecidos que los de edad avanzada.
Este no ha sido el caso por el momento. Cuando comparamos ambas curvas, la de contagios y la de fallecidos, vemos que no son similares. Es decir, la mayoría de fallecidos no ha sido en los grupos etarios donde se encuentra la mayoría de casos ni viceversa. En el primer caso, si la mayoría de los fallecidos se encontrará en la mayoría de casos y en edades con menor tasa de letalidad, significa que demasiadas personas jóvenes se están enfermando y muriendo, por lo que lo lógico sería vacunar a ese grupo de población. En el segundo caso, si la mayoría de fallecidos y contagios convergen de igual forma en grupos de edad con mayor letalidad, lo lógico sería también vacunar a ese grupo de personas.
En nuestro caso, vacunar a las personas con mayor posibilidad de fallecer es lo más adecuado ya que también representan la mayor cantidad de fallecidos. Sin embargo, existen algunas consideraciones. La primera de ellas es analizar de qué forma se están contagiando las personas de más avanzada edad. Esto es algo difícil de llevar a cabo ya que requiere una recopilación de datos más precisa, lo cual representa algo casi imposible de lograr. A pesar de esto, la lógica nos dice que una persona de edad avanzada no se moviliza tanto como una persona más joven por lo que probablemente se enferma porque una persona joven cercana tuvo contacto con el.
Si esa persona joven no se hubiera enfermado (por ejemplo, estando vacunada) esa persona de edad avanzada tampoco se hubiera enfermado. Es decir, vacunar a una persona joven puede tener externalidades positivas sobre la demás población. Los datos que muestran que la mayoría de la población que se enferma es joven nos dice también que probablemente son los que más contagian. Si partimos de esta lógica, es posible que vacunar a aquellos que son más probables de contagiar a los demás podría tener el mismo o mayor efecto positivo sobre la mortalidad que vacunar a los que mayor letalidad representan.
La segunda consideración es que existe un grupo de población que no es el que mayor letalidad tiene ni el que más se está contagiando pero que es el que mayor expuesto podría estar a fallecer producto de un contagio. Estas personas son las que tienen una tasa de letalidad significativa (entre un 5-20%) pero que no están siendo contagiados de forma masiva por el momento. Esto significa que si la curva de contagios se mueve ligeramente hacia el centro, producto de que más personas de entre 55 y 75 años se están enfermando, se podría esperar que la cantidad de fallecidos aumente sustancialmente. Este grupo de personas son las que están marginalmente enfermas pero que tienen la mayor probabilidad de afectar la curva de fallecidos en caso que se enfermen.
La decisión de quienes deben ser vacunados primero debe ser tomada de forma técnica y no solamente hacer lo que es políticamente correcto. Vacunar de forma ineficiente ya sea por el diseño del plan de vacunación o por la incapacidad del Estado de vacunar de forma rápida podría tener consecuencias no esperadas a corto y a largo plazo. El riesgo de que la curva de contagios aumente drásticamente o que se mueva hacia personas más vulnerables es un escenario que podría ocurrir en cualquier momento y que representaría una potencial catástrofe. Cuidar de los más vulnerables no solamente es deber del Estado sino de todos nosotros y por lo tanto debemos exigir que la vacunación se haga de forma pronta y efectiva para evitar más fallecidos.