La comisión legislativa de Gobernación conocerá y analizará el contenido de la iniciativa de ley que reactiva la pena de muerte en Guatemala.
La propuesta se envió a petición de la diputada de la bancada Valor, Lucrecia Marroquín de Palomo. La sala de Gobernación está a cargo del oficialista Sergio David Arana Roca.
El proyecto busca restituir la posibilidad de que el presidente indulte a muerte a quienes sean condenados por: parricidio, asesinato, plagio o secuestro -en el caso de la muerte de la víctima- y magnicidio. El argumento es porque esos hechos ilícitos contemplaban la pena capital antes de la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa la presentó el bloque Valor en marzo de 2020. Sin embargo, solo se leyó en el pleno, pero no se envió a ninguna comisión. Esta se hace necesaria ante el aumento de muertes violentas contra las niñas y mujeres, según Marroquín.
La congresista informó que, en lo que va del año, 59 mujeres, entre ellas niñas, fueron asesinadas. La mayoría fueron víctimas de violencia sexual.
- Deberías leer: Congresistas presentan iniciativa para activar la pena de muerte | República.gt | Noticias, Eventos y más en Guatemala (republica.gt)
Pena de muerte en Guatemala
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional, en dos resoluciones, la aplicación de la pena de muerte por los delitos de asesinato, parricidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, así como plagio o secuestro.
El artículo 18 de la Constitución establece la pena de muerte. No obstante, no se ha aplicado desde 2000, cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante la inyección letal.
La inyección intravenosa acabó con la vida de Tomás Cerrate y Amílcar Cetino, miembros de la banda de secuestradores “Los Pasaco”. Su muerte se transmitió en directo por televisión.
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El proyecto busca restituir la posibilidad de que el presidente indulte a muerte a quienes sean condenados por: parricidio, asesinato, plagio o secuestro -en el caso de la muerte de la víctima- y magnicidio. El argumento es porque esos hechos ilícitos contemplaban la pena capital antes de la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa la presentó el bloque Valor en marzo de 2020. Sin embargo, solo se leyó en el pleno, pero no se envió a ninguna comisión. Esta se hace necesaria ante el aumento de muertes violentas contra las niñas y mujeres, según Marroquín.
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El artículo 18 de la Constitución establece la pena de muerte. No obstante, no se ha aplicado desde 2000, cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante la inyección letal.
La inyección intravenosa acabó con la vida de Tomás Cerrate y Amílcar Cetino, miembros de la banda de secuestradores “Los Pasaco”. Su muerte se transmitió en directo por televisión.
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