Un colegio tendrá que pagar Q1.2 millones en concepto de resarcimiento por contaminación con aguas residuales, sanción que debe ser cancelada en dos años, según el Ministerio Público.
El Ministerio Público (MP) informó que la Agencia Fiscal de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala realizó la investigación del caso.
Agregó que la sanción fue contra el Colegio Inglés Americano y fue resuelta por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural.
De acuerdo con la Fiscalía, la sanción es de Q1 millón 212 mil 614 y se calculó con base a los normativos legales. Agregó que se aplicó al representante legal del colegio, Alberto José Montes Monterrojas, por el delito de contaminación industrial.
“La fiscalía determinó que este colegio estaba contaminando el cuerpo de agua con sus aguas residuales (…) El resarcimiento debe pagarse en un plazo de dos años al Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación por los daños ocasionados al ambiente”, agregó la Fiscalía.
Acciones del Ambiente
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que tiene conocimiento del caso y que se brindó acompañamiento técnico. Citó que fue el Departamento de Economía Ambiental de la Dirección de Cumplimiento Legal del MARN, que, a requerimiento de la PGN, elaboró el informe técnico para determinar el monto de la valoración económica del daño ambiental causado por la entidad EAS, S. A. propietaria del Colegio EAS.
La indemnización ascendió a la cantidad de Q1 millón 212 mil 614, informe que sirve de base para el pago respectivo a favor del Estado, representado por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“Fue el MARN, a través del Jefe del Departamento de Recursos Hídricos y Cuencas, promovió la denuncia ante el Ministerio Público”, citó.
En audiencia celebrada el 24 de febrero de 2021 en el Juzgado 12o. de 1a. Instancia Penal Especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural, el caso fue resuelto mediante la aplicación de la figura desjudicializadora de suspensión de la persecución penal.
Un colegio tendrá que pagar Q1.2 millones en concepto de resarcimiento por contaminación con aguas residuales, sanción que debe ser cancelada en dos años, según el Ministerio Público.
El Ministerio Público (MP) informó que la Agencia Fiscal de Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala realizó la investigación del caso.
Agregó que la sanción fue contra el Colegio Inglés Americano y fue resuelta por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural.
De acuerdo con la Fiscalía, la sanción es de Q1 millón 212 mil 614 y se calculó con base a los normativos legales. Agregó que se aplicó al representante legal del colegio, Alberto José Montes Monterrojas, por el delito de contaminación industrial.
“La fiscalía determinó que este colegio estaba contaminando el cuerpo de agua con sus aguas residuales (…) El resarcimiento debe pagarse en un plazo de dos años al Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación por los daños ocasionados al ambiente”, agregó la Fiscalía.
Acciones del Ambiente
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que tiene conocimiento del caso y que se brindó acompañamiento técnico. Citó que fue el Departamento de Economía Ambiental de la Dirección de Cumplimiento Legal del MARN, que, a requerimiento de la PGN, elaboró el informe técnico para determinar el monto de la valoración económica del daño ambiental causado por la entidad EAS, S. A. propietaria del Colegio EAS.
La indemnización ascendió a la cantidad de Q1 millón 212 mil 614, informe que sirve de base para el pago respectivo a favor del Estado, representado por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“Fue el MARN, a través del Jefe del Departamento de Recursos Hídricos y Cuencas, promovió la denuncia ante el Ministerio Público”, citó.
En audiencia celebrada el 24 de febrero de 2021 en el Juzgado 12o. de 1a. Instancia Penal Especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural, el caso fue resuelto mediante la aplicación de la figura desjudicializadora de suspensión de la persecución penal.