“Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”. Ya lo dice la escritora francesa Laetitia Colombani en su libro “La Trenza”: “La violación es un arma poderosa, un arma de destrucción masiva. Hay quien habla de epidemia”.
Y a esta epidemia se suma la pandemia del covid-19, evidenciando que los actores del sistema de justicia en Guatemala son quienes más deuda tiene con las niñas, adolescentes y mujeres.
Así lo afirma Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) en el contexto del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
“La información hoy no fluye como antes del covid-19 y esto impacta en la vida de las niñas. No hay atención del parto en centros asistenciales, ni atención psicológica. Las áreas destinadas a estos servicios están ocupadas para pacientes con coronavirus”.
Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR)
Protocolo queda a deber
En 2012 quedó regulado que el embarazo en menores de 14 años es un delito de violencia sexual. A partir de entonces se generaron los primeros protocolos y normas con la participación de ocho instituciones:
- Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)
- Ministerios
- Salud
- Educación
- Desarrollo
- Ministerio Público (MP)
- Procuraduría General de la Nación (PGN)
- Organismo Judicial (OJ)
- Registro Nacional de las Personas (Renap)
Las acciones se encaminaron a no vulnerar los derechos de las menores, pero debido a la falta de seguimiento a los casos y monitoreo de los servicios, las niñas vuelven a ser violentadas, afirma Montenegro.
Varios son los ejemplos que da Montenegro. En Baja Verapaz, unos de ellos, se debe al vacío legal, una niña siguió viviendo con su agresor. Mientras que en otro caso, una familia permitió que más parientes violentaran a la menor, luego de la primera agresión.
También en Jalapa, la salida legal para el agresor y la víctima, ambos menores de edad, fue que siguieran con sus respectivas familias hasta alcanzar la mayoría de edad.
No obstante, cuando el agresor es un líder comunitario, el hecho ni siquiera figura entre las denuncias, cuenta Alma Odette Chacón, de la Organización Tierra Viva.
“Por temor al rechazo de la comunidad, la familia de la víctima evita la denuncia o más grave aún, los jueces optan por legalizar en secreto las uniones de niñas agredidas”, afirma.
Por aparte, Montenegro reconoce que en este entramado, el Ministerio de Salud es el que más cambio de rutas ha implementado, pero son insuficientes.
A decir de la experta, cumplen con denunciar ante el MP y PGN cuando atienden a una niña embarazada, pero no con la atención psicológica.
Refiere que la red de Salud en Huehuetenango tiene tres psicólogos para 33 municipios, siendo uno de los departamento con mayor casos de violencia sexual. En 2020, el departamento reportó 229 embarazos en niñas entre 10 y 14 años.
Distinta es la situación en Alta Verapaz, donde hay una psicóloga por distrito e intentan darle el servicio a las víctimas por lo menos de forma grupal, asevera Montenegro.
“El cuerpo de las niñas no están biológicamente preparadas para un embarazo. El parto obligatoriamente debe ser por cesárea. Física y psicológicamente las destruyen para siempre”.
Alma Odette Chacón, de la Organización Tierra Viva.
Sensibilidad y concientización
Los modelos de atención integral implementados para niñas, niños y adolescentes, así como el que será inaugurado este lunes para mujeres víctimas de violencia sexual, son un avance en el acceso a la justicia, dice Lorena Mejía, de la Organización Mujeres Transformando el Mundo.
Sin embargo, considera que no serán efectivos mientras no se incluya la pertinencia cultural y los derechos humanos con enfoque de género. “La violencia sexual no discrimina condición social, ni grupo étnico”, recuerda.
“Solo cuando las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian sean vistas como sujetas de derecho, los programas van a funcionar. Es decir, dejen de ser consideradas las culpables de la violación”.
Lorena Mejía, de Mujeres Transformando el Mundo.
Mejía añade que en los recientes femicidios habían denuncias previas, “pero como las mujeres no llegaron con moretones o moribundas, terminaron entre las estadísticas de fallecidas”.
Por ello, reitera el llamado al Estado a concientizar a los funcionarios encargados de proteger a la niñez.
“No se trata únicamente de habilitar más y mejores espacios, sino de cambiar el modelo de servicio, con una verdadera coordinación interinstitucional e integral”, asevera.
Sin atención integral
El programa Vid del Mides tiene a su cargo la entrega de transferencias condicionadas a niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, pero según un estudio del Osar, no responde a la protección social que ellas requieren.
Entre 2018 y 2019, solo incluyeron a 136 niñas de 3 mil 475 denuncias reportadas en igual período, por criterios de inclusión, procesos burocráticos y de interpretación.
Es decir, si el presunto violador está fuera del círculo familiar, las medidas de protección dictadas por un juez pueden no aplicar. “Exigen una sanción en definitiva y para cuando eso ocurre, el hijo de la víctima ya cumplió los 5 años”, matiza Chacón.
También exigen el número de Documento Personal de Identificación (DPI) de la víctima, cuando la mayoría de las menores solo tienen certificado de nacimiento.
“En el mejor de los casos, le entregan la ayuda a la mamá de la víctima, pero la menos beneficiada es la afectada, explica Chacón.
El programa tampoco prioriza departamentos. Huehuetenango, Alta Verapaz y Petén presentan los mayores índices de embarazo en niñas, pero no son priorizados.
En 2020 solo se ejecutó en 67 por ciento de los Q1.5 millones asignados entre 2018 y 2019.
Piden agilidad, monitoreo y evaluación de servicios
Por tal razón, Montenegro insiste en que se incluya en los modelos de atención el monitoreo y la evaluación interna y externa de las instituciones. Eso permitirá agilizar procesos y evitar la revictimización, asegura.
“Recién acompañamos a una menor de 12 años que fue violada por un trabajador de sus padres en la zona 7 capitalina. Llegó a consulta al hospital y no le fue aceptado el carnet de Modelo de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (Maina). Eso la obligó a relatar otra vez lo ocurrido”, puntualiza Montenegro.
A consideración de Montenegro, es clave que se agilicen los procesos desde que un hecho se denuncia y más aún, cuando ya están en manos de un juez. También ampliar la cobertura de la atención integral con estrategias basadas en las comunidades e impulsar la denuncia.
Parte del protocolo es aplicar un tratamiento médico durante las primeras 72 horas hasta cinco días después de la violación, menciona Montenegro. Sin embargo, por falta de denuncia, las niñas llegan al centro asistencial hasta cuando tiene cuatro a cinco meses de embarazo o cuando ya van a dar a luz.
“Con la pandemia, el registro de embarazos disminuyó porque la mayoría están siendo atendidos por comadronas. Tampoco los inscriben porque los Q15 del trámite equivale a un día de comida para toda la familia”, concluye Montenegro.
“Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”. Ya lo dice la escritora francesa Laetitia Colombani en su libro “La Trenza”: “La violación es un arma poderosa, un arma de destrucción masiva. Hay quien habla de epidemia”.
Y a esta epidemia se suma la pandemia del covid-19, evidenciando que los actores del sistema de justicia en Guatemala son quienes más deuda tiene con las niñas, adolescentes y mujeres.
Así lo afirma Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) en el contexto del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
“La información hoy no fluye como antes del covid-19 y esto impacta en la vida de las niñas. No hay atención del parto en centros asistenciales, ni atención psicológica. Las áreas destinadas a estos servicios están ocupadas para pacientes con coronavirus”.
Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR)
Protocolo queda a deber
En 2012 quedó regulado que el embarazo en menores de 14 años es un delito de violencia sexual. A partir de entonces se generaron los primeros protocolos y normas con la participación de ocho instituciones:
- Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)
- Ministerios
- Salud
- Educación
- Desarrollo
- Ministerio Público (MP)
- Procuraduría General de la Nación (PGN)
- Organismo Judicial (OJ)
- Registro Nacional de las Personas (Renap)
Las acciones se encaminaron a no vulnerar los derechos de las menores, pero debido a la falta de seguimiento a los casos y monitoreo de los servicios, las niñas vuelven a ser violentadas, afirma Montenegro.
Varios son los ejemplos que da Montenegro. En Baja Verapaz, unos de ellos, se debe al vacío legal, una niña siguió viviendo con su agresor. Mientras que en otro caso, una familia permitió que más parientes violentaran a la menor, luego de la primera agresión.
También en Jalapa, la salida legal para el agresor y la víctima, ambos menores de edad, fue que siguieran con sus respectivas familias hasta alcanzar la mayoría de edad.
No obstante, cuando el agresor es un líder comunitario, el hecho ni siquiera figura entre las denuncias, cuenta Alma Odette Chacón, de la Organización Tierra Viva.
“Por temor al rechazo de la comunidad, la familia de la víctima evita la denuncia o más grave aún, los jueces optan por legalizar en secreto las uniones de niñas agredidas”, afirma.
Por aparte, Montenegro reconoce que en este entramado, el Ministerio de Salud es el que más cambio de rutas ha implementado, pero son insuficientes.
A decir de la experta, cumplen con denunciar ante el MP y PGN cuando atienden a una niña embarazada, pero no con la atención psicológica.
Refiere que la red de Salud en Huehuetenango tiene tres psicólogos para 33 municipios, siendo uno de los departamento con mayor casos de violencia sexual. En 2020, el departamento reportó 229 embarazos en niñas entre 10 y 14 años.
Distinta es la situación en Alta Verapaz, donde hay una psicóloga por distrito e intentan darle el servicio a las víctimas por lo menos de forma grupal, asevera Montenegro.
“El cuerpo de las niñas no están biológicamente preparadas para un embarazo. El parto obligatoriamente debe ser por cesárea. Física y psicológicamente las destruyen para siempre”.
Alma Odette Chacón, de la Organización Tierra Viva.
Sensibilidad y concientización
Los modelos de atención integral implementados para niñas, niños y adolescentes, así como el que será inaugurado este lunes para mujeres víctimas de violencia sexual, son un avance en el acceso a la justicia, dice Lorena Mejía, de la Organización Mujeres Transformando el Mundo.
Sin embargo, considera que no serán efectivos mientras no se incluya la pertinencia cultural y los derechos humanos con enfoque de género. “La violencia sexual no discrimina condición social, ni grupo étnico”, recuerda.
“Solo cuando las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian sean vistas como sujetas de derecho, los programas van a funcionar. Es decir, dejen de ser consideradas las culpables de la violación”.
Lorena Mejía, de Mujeres Transformando el Mundo.
Mejía añade que en los recientes femicidios habían denuncias previas, “pero como las mujeres no llegaron con moretones o moribundas, terminaron entre las estadísticas de fallecidas”.
Por ello, reitera el llamado al Estado a concientizar a los funcionarios encargados de proteger a la niñez.
“No se trata únicamente de habilitar más y mejores espacios, sino de cambiar el modelo de servicio, con una verdadera coordinación interinstitucional e integral”, asevera.
Sin atención integral
El programa Vid del Mides tiene a su cargo la entrega de transferencias condicionadas a niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, pero según un estudio del Osar, no responde a la protección social que ellas requieren.
Entre 2018 y 2019, solo incluyeron a 136 niñas de 3 mil 475 denuncias reportadas en igual período, por criterios de inclusión, procesos burocráticos y de interpretación.
Es decir, si el presunto violador está fuera del círculo familiar, las medidas de protección dictadas por un juez pueden no aplicar. “Exigen una sanción en definitiva y para cuando eso ocurre, el hijo de la víctima ya cumplió los 5 años”, matiza Chacón.
También exigen el número de Documento Personal de Identificación (DPI) de la víctima, cuando la mayoría de las menores solo tienen certificado de nacimiento.
“En el mejor de los casos, le entregan la ayuda a la mamá de la víctima, pero la menos beneficiada es la afectada, explica Chacón.
El programa tampoco prioriza departamentos. Huehuetenango, Alta Verapaz y Petén presentan los mayores índices de embarazo en niñas, pero no son priorizados.
En 2020 solo se ejecutó en 67 por ciento de los Q1.5 millones asignados entre 2018 y 2019.
Piden agilidad, monitoreo y evaluación de servicios
Por tal razón, Montenegro insiste en que se incluya en los modelos de atención el monitoreo y la evaluación interna y externa de las instituciones. Eso permitirá agilizar procesos y evitar la revictimización, asegura.
“Recién acompañamos a una menor de 12 años que fue violada por un trabajador de sus padres en la zona 7 capitalina. Llegó a consulta al hospital y no le fue aceptado el carnet de Modelo de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (Maina). Eso la obligó a relatar otra vez lo ocurrido”, puntualiza Montenegro.
A consideración de Montenegro, es clave que se agilicen los procesos desde que un hecho se denuncia y más aún, cuando ya están en manos de un juez. También ampliar la cobertura de la atención integral con estrategias basadas en las comunidades e impulsar la denuncia.
Parte del protocolo es aplicar un tratamiento médico durante las primeras 72 horas hasta cinco días después de la violación, menciona Montenegro. Sin embargo, por falta de denuncia, las niñas llegan al centro asistencial hasta cuando tiene cuatro a cinco meses de embarazo o cuando ya van a dar a luz.
“Con la pandemia, el registro de embarazos disminuyó porque la mayoría están siendo atendidos por comadronas. Tampoco los inscriben porque los Q15 del trámite equivale a un día de comida para toda la familia”, concluye Montenegro.