El Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, dirigido por la exdiputada Alejandra Carrillo, está bajo la mira del Ministerio Público debido a una denuncia de posibles plazas fantasma.
El jueves 24 de junio la Fiscalía Contra la Corrupción realizó un allanamiento para incautar documentación que constate si hay personas que no se presentan a laborar.
La denuncia no sorprende ya que meses después de que Carrillo fuera juramentada en el cargo, cobró fuerza el rumor que la entidad era una agencia de empleos para familiares y amigos de políticos.
Al revisar la planilla se puede identificar a algunos familiares.
- Maria José Recinos Chavarria es hija del alcalde de Barberena, Rubelio Recinos y la exdiputada Aracely Chavarria.Tiene puesto de orientadora con un salario mensual de Q11 mil 286
- Mariel Giordano Grajeda es hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano. Tiene un contrato 029 con un salario de Q14 mil 330.
- Yesica Magaly Ramírez de Moto es la esposa de Mynor Moto, exjuez y quien tiene orden de captura.
- Otto René Félix López es hijo del diputado de URNG, Walter Félix. Laboró en el Congreso y en la actualidad tiene una plaza de Q9 mil 519.
- Seelvyn Salvador Pineda Barales es hermano del magistrado José Antonio Pineda Barales. Tiene un salario de Q9 mil 500.
También se detectó el caso de Ana Lucía González Solís, quien fue asesora de la Bancada TODOS con un salario mensual de Q22 mil. Buscó sin éxito una curul en el proceso electoral del 2019 y ahora labora en el instituto como secretaria general con un salario de Q29 mil 666.
Presupuesto de Q40 millones
El Instituto fue creado en 2016, pero inició funciones hasta 2020 luego que Carrillo fuera juramentada como directora. Tiene 176 trabajadores y ocho asesores bajo el renglón 029.
A la entidad le fueron asignados Q40 millones de presupuesto.
En su página, se indica que el “Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito es el ente rector de las políticas victimológicas en Guatemala, y la institución encargada de brindar asistencia y atención a las víctimas del delito”.
Además, que “es un ente autónomo, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica, quien presta servicios a las víctimas del delito, cuando procede, a través de asistencia legal gratuita, atención psicológica y apoyo en la búsqueda de alternativas y soluciones para afrontar las secuelas del delito”.
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El Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, dirigido por la exdiputada Alejandra Carrillo, está bajo la mira del Ministerio Público debido a una denuncia de posibles plazas fantasma.
El jueves 24 de junio la Fiscalía Contra la Corrupción realizó un allanamiento para incautar documentación que constate si hay personas que no se presentan a laborar.
La denuncia no sorprende ya que meses después de que Carrillo fuera juramentada en el cargo, cobró fuerza el rumor que la entidad era una agencia de empleos para familiares y amigos de políticos.
Al revisar la planilla se puede identificar a algunos familiares.
- Maria José Recinos Chavarria es hija del alcalde de Barberena, Rubelio Recinos y la exdiputada Aracely Chavarria.Tiene puesto de orientadora con un salario mensual de Q11 mil 286
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- Yesica Magaly Ramírez de Moto es la esposa de Mynor Moto, exjuez y quien tiene orden de captura.
- Otto René Félix López es hijo del diputado de URNG, Walter Félix. Laboró en el Congreso y en la actualidad tiene una plaza de Q9 mil 519.
- Seelvyn Salvador Pineda Barales es hermano del magistrado José Antonio Pineda Barales. Tiene un salario de Q9 mil 500.
También se detectó el caso de Ana Lucía González Solís, quien fue asesora de la Bancada TODOS con un salario mensual de Q22 mil. Buscó sin éxito una curul en el proceso electoral del 2019 y ahora labora en el instituto como secretaria general con un salario de Q29 mil 666.
Presupuesto de Q40 millones
El Instituto fue creado en 2016, pero inició funciones hasta 2020 luego que Carrillo fuera juramentada como directora. Tiene 176 trabajadores y ocho asesores bajo el renglón 029.
A la entidad le fueron asignados Q40 millones de presupuesto.
En su página, se indica que el “Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito es el ente rector de las políticas victimológicas en Guatemala, y la institución encargada de brindar asistencia y atención a las víctimas del delito”.
Además, que “es un ente autónomo, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica, quien presta servicios a las víctimas del delito, cuando procede, a través de asistencia legal gratuita, atención psicológica y apoyo en la búsqueda de alternativas y soluciones para afrontar las secuelas del delito”.
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