La policía, militares y trabajadores del gobierno cubano patrullan las calles de la Isla sobre todo en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde se originó todo.
Los accesos a esta localidad se encontraban en su mayoría custodiados por agentes de seguridad. La periodista Yoani Sánchez contó en su podcast Ventana 14 que se han registrado algunas protestas en la provincia. Sin embargo, el despliegue policial ha sido tal que han logrado reprimir a los manifestantes.
“Fueron reprimidas muy violentamente por fuerzas del orden y civiles armados con palos para golpear y amedrentar a los manifestantes. Hay un despliegue enorme”, denunció.
El acceso a internet sigue limitado aunque funciona ocasionalmente en algunos teléfonos móviles.
Ni el Gobierno ni el monopolio cubano de telecomunicaciones (Etecsa) han explicado por qué los datos móviles permanecen parcial o totalmente caídos desde el domingo 11 de julio, día en que miles de cubanos salieron a las calles para protestar y se produjeron enfrentamientos, altercados e incluso saqueos en algunas localidades.
Tampoco han informado sobre cuándo el servicio será restaurado y funcionará con normalidad.
Cientos de detenidos en las protestas están siendo juzgados
Aunque no hay una cifra oficial de detenidos durante las protestas que iniciaron el domingo de 11, se sabe que están siendo juzgados por medio de un proceso sumario conodicomo “atestado directo”.
Un informe jurídico publicado por Cuban Prisoners Defenders (CPD) explica que este proceso se denomina así porque “se pasa de la investigación policial, sin acusación fiscal ni proceso, a la vista oral”.
El acusado no tiene acceso en ningún momento al expediente, que consiste en un “informe resumido acusatorio”. No es redactado por un fiscal sino por el agente policial. “El fiscal puede optar por no participar, y el juicio seguirá adelante sin él”, explica el documento. “Si hay abogado, sólo éste ve someramente el expediente escasos minutos antes de la vista”.
“Desde el inicio del atestado directo hasta que se dicta sentencia, como mucho, no transcurren más de cinco días”, asevera CPD: “De uno a cuatro días para denunciar e investigar y 24 horas para formar causa en el tribunal, hacer juicio oral y dictar sentencia oral. Pero pueden ser, como en este caso, entre 48 y 96 horas”.
El objetivo, según las autoridades, es establecer “un método y una vía, ágiles y expeditas, de dar curso legal a los asuntos que se tramitan dentro del procedimiento sumario en los tribunales municipales”.
Sin embargo, CPD asegura que con su aplicación “se viola flagrantemente la garantía del debido proceso establecido en los artículos 94 y 95 de la Constitución”. Además de la legislación internacional y el derecho a la defensa efectiva.
Al momento el gobierno ha justificado sus acciones. Señala a las redes sociales de publicar un gran número de mensajes y así desestabilizar al régimen y motivar a las protestas.
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El acceso a internet sigue limitado aunque funciona ocasionalmente en algunos teléfonos móviles.
Ni el Gobierno ni el monopolio cubano de telecomunicaciones (Etecsa) han explicado por qué los datos móviles permanecen parcial o totalmente caídos desde el domingo 11 de julio, día en que miles de cubanos salieron a las calles para protestar y se produjeron enfrentamientos, altercados e incluso saqueos en algunas localidades.
Tampoco han informado sobre cuándo el servicio será restaurado y funcionará con normalidad.
Cientos de detenidos en las protestas están siendo juzgados
Aunque no hay una cifra oficial de detenidos durante las protestas que iniciaron el domingo de 11, se sabe que están siendo juzgados por medio de un proceso sumario conodicomo “atestado directo”.
Un informe jurídico publicado por Cuban Prisoners Defenders (CPD) explica que este proceso se denomina así porque “se pasa de la investigación policial, sin acusación fiscal ni proceso, a la vista oral”.
El acusado no tiene acceso en ningún momento al expediente, que consiste en un “informe resumido acusatorio”. No es redactado por un fiscal sino por el agente policial. “El fiscal puede optar por no participar, y el juicio seguirá adelante sin él”, explica el documento. “Si hay abogado, sólo éste ve someramente el expediente escasos minutos antes de la vista”.
“Desde el inicio del atestado directo hasta que se dicta sentencia, como mucho, no transcurren más de cinco días”, asevera CPD: “De uno a cuatro días para denunciar e investigar y 24 horas para formar causa en el tribunal, hacer juicio oral y dictar sentencia oral. Pero pueden ser, como en este caso, entre 48 y 96 horas”.
El objetivo, según las autoridades, es establecer “un método y una vía, ágiles y expeditas, de dar curso legal a los asuntos que se tramitan dentro del procedimiento sumario en los tribunales municipales”.
Sin embargo, CPD asegura que con su aplicación “se viola flagrantemente la garantía del debido proceso establecido en los artículos 94 y 95 de la Constitución”. Además de la legislación internacional y el derecho a la defensa efectiva.
Al momento el gobierno ha justificado sus acciones. Señala a las redes sociales de publicar un gran número de mensajes y así desestabilizar al régimen y motivar a las protestas.
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