La Fiscalía Especial Contra la Impunidad fue creada mediante un convenio celebrado el 27 de febrero del año 2008 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esa fiscalía fue concebida para ser parte del “desarrollo” de esa comisión; y debía investigar determinados casos “de alto impacto”, seleccionados por ese ministerio y la misma comisión, la cual brindaría asesoría y recursos técnicos. Hasta mayo del año 2019 habían sido asignados a la fiscalía especial por lo menos 119 casos.
Empero, la vigencia del acuerdo de creación de la comisión finalizó el 3 de septiembre del año 2019; y no podía suceder que esa misma comisión se extinguiera, y que la fiscalía especial subsistiera. También ella tenía que haber finalizado. Colígese que tal fiscalía es ilegal. O infiérese que ella es un ilegítimo residuo de aquella comisión internacional que, durante casi doce años, introdujo, en Guatemala, novedosas modalidades de impune criminalidad.
En el presente, la destitución del Fiscal Especial Contra la Inmunidad, señor Juan Francisco Sandoval, ha suscitado una hostil reacción nacional e internacional; pero el problema esencial no es esa destitución, ni la designación de un nuevo fiscal especial, que puede ser peor o mejor que el destituido fiscal. El problema esencial es que esa fiscalía es ilegal. Y aunque el nuevo fiscal especial fuera un extraordinario persecutor de una criminalidad “de alto impacto”, y fuese declarado héroe nacional por su coraje, su intrepidez y su valentía, y por derrotar a la más grandiosa impunidad, esa fiscalía es ilegal.
Los políticos de los Estados Unidos de América sufren dolorosamente la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad, señor Juan Francisco Sandoval, como si hubieran perdido un siervo, es decir, alguien que servía más al interés de ellos que al interés de Guatemala; pero la fiscalía especial es ilegal. Los políticos de la Unión Europea claman y reclaman, susurran y gritan, gimen y lloran, como si hubieran perdido a un fabuloso persecutor del crimen que convertía la cooperación que ellos brindan, en una luminosa promesa de creciente punidad; pero la fiscalía es ilegal.
Y algunos ciudadanos guatemaltecos, incluidos mayas, xincas y garífunas, pueden obstruir carreteras y puentes, e invadir calles y edificios públicos; para exigir, con furia salvaje y violencia criminal, que renuncie la señora Consuelo Porras, Jefe del Ministerio Púbico y Fiscal General de la República, que destituyó al fiscal especial; pero la fiscalía es ilegal. Y pueden agregarse a esa exigencia, ladinos y criollos, y extranjeros subversivos, incluidos embajadores europeos, ocultos entre las impetuosas muchedumbres; pero la fiscalía es ilegal.
Independientemente de que la fiscalía sea ilegal, ¿qué opinar del fiscal especial destituido? Mi opinión es que, por medio de él, el jefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, señor Iván Velásquez, había convertido al Ministerio Público en la continuación de esa comisión. Y le brindaba, al ahora ex fiscal especial, algún secreto poder para ser realmente el jefe de ese ministerio. El único poder que no pudo brindarle fue el de evitar que fuera destituido.
Creo que la destitución fue atinada, precisamente porque el destituido fiscal especial era un servidor del interés ideológico y político de Iván Velásquez. Ese interés era el criterio de selección de los “casos de alto impacto”. Por ejemplo, la presunta impunidad de determinados militares que combatieron a la guerrilla podía ser un “caso de alto impacto”, pero la manifiesta impunidad de los ex guerrilleros jamás podía serlo.
Conjeturo que Iván Velásquez confía en que la Corte Suprema de Justicia, y quizá finalmente la Corte de Constitucionalidad, otorgue el amparo que el destituido fiscal especial ha solicitado para ser restituido. Y el amparo podría ser otorgado porque los políticos de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea acudirían a la amenaza y al chantaje para obligar a los jueces a otorgarlo. Entonces la señora Consuelo Porras tendría que renunciar; y la intromisión de aquellos políticos hasta podría lograr que el nuevo Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República fuera precisamente el destituido fiscal especial.
Post scriptum. La destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad, señor Juan Francisco Sandoval, ha creado la ocasión para presentir, con inhibido terror, la corrupción de la acción penal pública, o acción que, a partir de la denuncia de comisión de un delito, emprende el Estado para que el juez inicie un proceso judicial.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad fue creada mediante un convenio celebrado el 27 de febrero del año 2008 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esa fiscalía fue concebida para ser parte del “desarrollo” de esa comisión; y debía investigar determinados casos “de alto impacto”, seleccionados por ese ministerio y la misma comisión, la cual brindaría asesoría y recursos técnicos. Hasta mayo del año 2019 habían sido asignados a la fiscalía especial por lo menos 119 casos.
Empero, la vigencia del acuerdo de creación de la comisión finalizó el 3 de septiembre del año 2019; y no podía suceder que esa misma comisión se extinguiera, y que la fiscalía especial subsistiera. También ella tenía que haber finalizado. Colígese que tal fiscalía es ilegal. O infiérese que ella es un ilegítimo residuo de aquella comisión internacional que, durante casi doce años, introdujo, en Guatemala, novedosas modalidades de impune criminalidad.
En el presente, la destitución del Fiscal Especial Contra la Inmunidad, señor Juan Francisco Sandoval, ha suscitado una hostil reacción nacional e internacional; pero el problema esencial no es esa destitución, ni la designación de un nuevo fiscal especial, que puede ser peor o mejor que el destituido fiscal. El problema esencial es que esa fiscalía es ilegal. Y aunque el nuevo fiscal especial fuera un extraordinario persecutor de una criminalidad “de alto impacto”, y fuese declarado héroe nacional por su coraje, su intrepidez y su valentía, y por derrotar a la más grandiosa impunidad, esa fiscalía es ilegal.
Los políticos de los Estados Unidos de América sufren dolorosamente la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad, señor Juan Francisco Sandoval, como si hubieran perdido un siervo, es decir, alguien que servía más al interés de ellos que al interés de Guatemala; pero la fiscalía especial es ilegal. Los políticos de la Unión Europea claman y reclaman, susurran y gritan, gimen y lloran, como si hubieran perdido a un fabuloso persecutor del crimen que convertía la cooperación que ellos brindan, en una luminosa promesa de creciente punidad; pero la fiscalía es ilegal.
Y algunos ciudadanos guatemaltecos, incluidos mayas, xincas y garífunas, pueden obstruir carreteras y puentes, e invadir calles y edificios públicos; para exigir, con furia salvaje y violencia criminal, que renuncie la señora Consuelo Porras, Jefe del Ministerio Púbico y Fiscal General de la República, que destituyó al fiscal especial; pero la fiscalía es ilegal. Y pueden agregarse a esa exigencia, ladinos y criollos, y extranjeros subversivos, incluidos embajadores europeos, ocultos entre las impetuosas muchedumbres; pero la fiscalía es ilegal.
Independientemente de que la fiscalía sea ilegal, ¿qué opinar del fiscal especial destituido? Mi opinión es que, por medio de él, el jefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, señor Iván Velásquez, había convertido al Ministerio Público en la continuación de esa comisión. Y le brindaba, al ahora ex fiscal especial, algún secreto poder para ser realmente el jefe de ese ministerio. El único poder que no pudo brindarle fue el de evitar que fuera destituido.
Creo que la destitución fue atinada, precisamente porque el destituido fiscal especial era un servidor del interés ideológico y político de Iván Velásquez. Ese interés era el criterio de selección de los “casos de alto impacto”. Por ejemplo, la presunta impunidad de determinados militares que combatieron a la guerrilla podía ser un “caso de alto impacto”, pero la manifiesta impunidad de los ex guerrilleros jamás podía serlo.
Conjeturo que Iván Velásquez confía en que la Corte Suprema de Justicia, y quizá finalmente la Corte de Constitucionalidad, otorgue el amparo que el destituido fiscal especial ha solicitado para ser restituido. Y el amparo podría ser otorgado porque los políticos de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea acudirían a la amenaza y al chantaje para obligar a los jueces a otorgarlo. Entonces la señora Consuelo Porras tendría que renunciar; y la intromisión de aquellos políticos hasta podría lograr que el nuevo Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República fuera precisamente el destituido fiscal especial.
Post scriptum. La destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad, señor Juan Francisco Sandoval, ha creado la ocasión para presentir, con inhibido terror, la corrupción de la acción penal pública, o acción que, a partir de la denuncia de comisión de un delito, emprende el Estado para que el juez inicie un proceso judicial.