ATAL se pronuncia acerca de la pretendida Ley de Adquisiciones del Estado
La iniciativa 6141 presentada por el Organismo Ejecutivo avanza a la carrera y prende todas las alarmas.
A pasos acelerados avanza la iniciativa de Ley 6141, Ley de Adquisiciones del Estado, presentada por el Organismo Ejecutivo. Dicha pretendida normativa fue presentada el 20 de septiembre y al día siguiente la conoció el pleno del Congreso, que resolvió enviarla a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, misma que sorprendentemente emitió dictamen favorable solamente 5 días después de ello, el 26 de septiembre.
El vertiginoso avance no quedó ahí, pues se conoció en primer debate el 28 de septiembre, y en segundo debate una semana después, hoy 5 de octubre. Más allá del fondo de la iniciativa, su acelerado trámite es casi prueba del interés electorero que puede haber detrás de ella. Diversos sectores se han pronunciado en ese sentido, señalado que es la forma del partido gobernante -Partido Vamos- en quedar bien con los alcaldes para que puedan hacer compras de mayores montos y con menos controles de los que hay ahora, justo en año electoral. No es secreto que el partido Vamos pretende conseguir un gran número de alcaldías (se menciona que el objetivo son 200) para tener músculo político en el próximo período constitucional; si a ello se agrega que podrían obtener un número importante de diputados (los propios y los trásfugas) pareciera que se resignan a que el candidato presidencial no tiene chances de ganar una elección general, cuando menos no transparentemente.
Regresando a la iniciativa 6141, en ella se suben los montos para compra directa, cotización licitación, entre otros, además de eliminar la posibilidad de arbitrajes para resolución de disputas y que cada adquisición deba tener un certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP) para poder hacerlas. Este punto es particularmente preocupante, porque si no se cuenta con un CDP, no hay certeza de pago por parte de la actual administración, inflando lo que se conoce como "deuda flotante" para que sean las autoridades siguientes quienes tengan que enfrentar el pago de esas adquisiciones.
ATAL, la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo, una entidad privada, no lucrativa, apolítica y con fines de desarrollo social, se pronunció hoy al respecto en un comunicado; en él, señalan los riesgos, amenazas u debilidades de la iniciativa 6141, mas no se oponen a que se mejoren los mecanismos de compras en el Estado.
De hecho, se pronuncian a favor de ello, pero no por existir la necesidad de mejorar esos mecanismos se debe aprobar -a la carrera, además- una normativa que no mejora dichos mecanismos de adquisición, sino que además debilita los ya escasos controles de las compras públicas. Todo ello, en los últimos meses del año previo a las elecciones generales, circunstancia que prende todas las alertas posibles.
El de ATAL es el más reciente pronunciamiento, técnico y fundamentado, que se hace en contra de la atropellada aprobación a la iniciativa 6141; desde su presentación al Legislativo, ha habido varios pronunciamientos en la misma línea. Si los diputados tienen algo de conciencia, deberán frenar la aprobación de dicha iniciativa, regresar a comisión la misma y hacer las modificaciones necesarias basadas en criterios técnicos y amplios consensos. De lo contrario, estarían dando crédito a los señalamientos respecto a la inclinación a la corrupción de muchos de ellos. Por el bien de la República, deben desistir de aprobar la iniciativa 6141, Ley de Adquisiciones del Estado.
ATAL se pronuncia acerca de la pretendida Ley de Adquisiciones del Estado
La iniciativa 6141 presentada por el Organismo Ejecutivo avanza a la carrera y prende todas las alarmas.
A pasos acelerados avanza la iniciativa de Ley 6141, Ley de Adquisiciones del Estado, presentada por el Organismo Ejecutivo. Dicha pretendida normativa fue presentada el 20 de septiembre y al día siguiente la conoció el pleno del Congreso, que resolvió enviarla a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, misma que sorprendentemente emitió dictamen favorable solamente 5 días después de ello, el 26 de septiembre.
El vertiginoso avance no quedó ahí, pues se conoció en primer debate el 28 de septiembre, y en segundo debate una semana después, hoy 5 de octubre. Más allá del fondo de la iniciativa, su acelerado trámite es casi prueba del interés electorero que puede haber detrás de ella. Diversos sectores se han pronunciado en ese sentido, señalado que es la forma del partido gobernante -Partido Vamos- en quedar bien con los alcaldes para que puedan hacer compras de mayores montos y con menos controles de los que hay ahora, justo en año electoral. No es secreto que el partido Vamos pretende conseguir un gran número de alcaldías (se menciona que el objetivo son 200) para tener músculo político en el próximo período constitucional; si a ello se agrega que podrían obtener un número importante de diputados (los propios y los trásfugas) pareciera que se resignan a que el candidato presidencial no tiene chances de ganar una elección general, cuando menos no transparentemente.
Regresando a la iniciativa 6141, en ella se suben los montos para compra directa, cotización licitación, entre otros, además de eliminar la posibilidad de arbitrajes para resolución de disputas y que cada adquisición deba tener un certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP) para poder hacerlas. Este punto es particularmente preocupante, porque si no se cuenta con un CDP, no hay certeza de pago por parte de la actual administración, inflando lo que se conoce como "deuda flotante" para que sean las autoridades siguientes quienes tengan que enfrentar el pago de esas adquisiciones.
ATAL, la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo, una entidad privada, no lucrativa, apolítica y con fines de desarrollo social, se pronunció hoy al respecto en un comunicado; en él, señalan los riesgos, amenazas u debilidades de la iniciativa 6141, mas no se oponen a que se mejoren los mecanismos de compras en el Estado.
De hecho, se pronuncian a favor de ello, pero no por existir la necesidad de mejorar esos mecanismos se debe aprobar -a la carrera, además- una normativa que no mejora dichos mecanismos de adquisición, sino que además debilita los ya escasos controles de las compras públicas. Todo ello, en los últimos meses del año previo a las elecciones generales, circunstancia que prende todas las alertas posibles.
El de ATAL es el más reciente pronunciamiento, técnico y fundamentado, que se hace en contra de la atropellada aprobación a la iniciativa 6141; desde su presentación al Legislativo, ha habido varios pronunciamientos en la misma línea. Si los diputados tienen algo de conciencia, deberán frenar la aprobación de dicha iniciativa, regresar a comisión la misma y hacer las modificaciones necesarias basadas en criterios técnicos y amplios consensos. De lo contrario, estarían dando crédito a los señalamientos respecto a la inclinación a la corrupción de muchos de ellos. Por el bien de la República, deben desistir de aprobar la iniciativa 6141, Ley de Adquisiciones del Estado.