El Ejecutivo manda y el Congreso aprueba iniciativa para atraer inversión extranjera, pero no dicen cómo
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo publicó 4 recomendaciones previo a la aprobación final de dicha ley; lamentablemente los diputados no las tomaron en cuenta y aprobaron un texto deficiente y que provoca desconfianza
Ayer fue aprobado por el Congreso de la República el Decreto 46-2022, Ley de Fomento de Inversión de Capital Extranjero, que pretende crear condiciones favorables para la atracción de inversión extranjera directa (IED) con los beneficios que ella acarrea, principalmente la creación de nuevas fuentes de trabajo directo e indirecto. Así, el Decreto 46-2022 nace de una muy buena intención, pero el resultado -lo que fue aprobado- es deficiente y debe ser, o vetado por el Ejecutivo (algo poco probable, pues nace de una iniciativa de ese organismo) o modificado antes de su aplicación, habida cuenta de serias deficiencias.
Como todo país, Guatemala compite a nivel mundial para la atracción de IED, pero a nivel regional, con jurisdicciones más favorables para este tipo de inversiones como Colombia, Panamá y El Salvador quienes, además, cuentan con legislación vigente que tiene justamente esa finalidad: ofrecer condiciones favorables a la IED con respecto a otros países.
Este tipo de legislación es bastante común en países que han reconocido que las economías abiertas son más eficientes para el aumento de la calidad de vida de sus habitantes, habida cuenta de las nuevas fuentes de trabajo que implica las nuevas inversiones y el aumento del consumo interno. Sin embargo, siempre hay políticos populistas -usualmente de corte socialista o progresista- que, en lugar de reconocer esos beneficios, señalan todo mecanismo de incentivo a la inversión como “privilegio” para unos, sin tomar en cuenta el gran efecto de derrame que tiene en las economías.
Que Guatemala cuente con normas que pretendan atraer IED es positivo, pero, lamentablemente, el Decreto fue aprobado con deficiencias, siendo la principal de ellas que no se especifica cuál será el beneficio o incentivo otorgado a aquellas personas naturales o jurídicas extranjeras que decidan invertir en Guatemala. Suena ridículo, pero es la verdad. Deficiencias en la aprobación de leyes muestra una falta de cuidado y desprecio por las instancias técnicas propias del legislativo (como la Comisión de Apoyo Técnico) además de cerrazón a los insumos de tanques de pensamiento, o de stakeholders.
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo publicó 4 recomendaciones previo a la aprobación final de dicha ley; lamentablemente los diputados no las tomaron en cuenta y aprobaron un texto deficiente y que provoca desconfianza.
Aunque el Decreto fue aprobado con 99 votos, tuvo la crítica de diputados opositores, pero también de algunos diputados que en el pasado han apoyado a la alianza oficialista; la oposición de los primeros, entre los que se encuentra Samuel Pérez Álvarez de Movimiento Semilla, se centra en acusaciones y señalamientos infundados y politiqueros, mientras que la oposición de los segundos, como la del diputado Lázaro Zamora del Partido Unionista, se centra en las deficiencias técnicas de la normativa.
El decreto 46-2022, como se apuntó, es una ley que pretende crear incentivos para atracción de inversión, pero no menciona cuáles son esos incentivos y, aunque no lo dice expresamente, pretende dejar en manos de una norma inferior (reglamento) la regulación de tales beneficios que, si como se supone, incluirán incentivos o exenciones fiscales, dicha norma devendrá inconstitucional. De entrar en vigor así, en lugar de provocar confianza en el país por parte de inversionistas extranjeros, provocará desconfianza y reticencia. Justo el efecto contrario al deseado, todo por el deficiente trabajo de redacción y revisión de un relativamente corto y simple texto legislativo.
El Ejecutivo manda y el Congreso aprueba iniciativa para atraer inversión extranjera, pero no dicen cómo
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo publicó 4 recomendaciones previo a la aprobación final de dicha ley; lamentablemente los diputados no las tomaron en cuenta y aprobaron un texto deficiente y que provoca desconfianza
Ayer fue aprobado por el Congreso de la República el Decreto 46-2022, Ley de Fomento de Inversión de Capital Extranjero, que pretende crear condiciones favorables para la atracción de inversión extranjera directa (IED) con los beneficios que ella acarrea, principalmente la creación de nuevas fuentes de trabajo directo e indirecto. Así, el Decreto 46-2022 nace de una muy buena intención, pero el resultado -lo que fue aprobado- es deficiente y debe ser, o vetado por el Ejecutivo (algo poco probable, pues nace de una iniciativa de ese organismo) o modificado antes de su aplicación, habida cuenta de serias deficiencias.
Como todo país, Guatemala compite a nivel mundial para la atracción de IED, pero a nivel regional, con jurisdicciones más favorables para este tipo de inversiones como Colombia, Panamá y El Salvador quienes, además, cuentan con legislación vigente que tiene justamente esa finalidad: ofrecer condiciones favorables a la IED con respecto a otros países.
Este tipo de legislación es bastante común en países que han reconocido que las economías abiertas son más eficientes para el aumento de la calidad de vida de sus habitantes, habida cuenta de las nuevas fuentes de trabajo que implica las nuevas inversiones y el aumento del consumo interno. Sin embargo, siempre hay políticos populistas -usualmente de corte socialista o progresista- que, en lugar de reconocer esos beneficios, señalan todo mecanismo de incentivo a la inversión como “privilegio” para unos, sin tomar en cuenta el gran efecto de derrame que tiene en las economías.
Que Guatemala cuente con normas que pretendan atraer IED es positivo, pero, lamentablemente, el Decreto fue aprobado con deficiencias, siendo la principal de ellas que no se especifica cuál será el beneficio o incentivo otorgado a aquellas personas naturales o jurídicas extranjeras que decidan invertir en Guatemala. Suena ridículo, pero es la verdad. Deficiencias en la aprobación de leyes muestra una falta de cuidado y desprecio por las instancias técnicas propias del legislativo (como la Comisión de Apoyo Técnico) además de cerrazón a los insumos de tanques de pensamiento, o de stakeholders.
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo publicó 4 recomendaciones previo a la aprobación final de dicha ley; lamentablemente los diputados no las tomaron en cuenta y aprobaron un texto deficiente y que provoca desconfianza.
Aunque el Decreto fue aprobado con 99 votos, tuvo la crítica de diputados opositores, pero también de algunos diputados que en el pasado han apoyado a la alianza oficialista; la oposición de los primeros, entre los que se encuentra Samuel Pérez Álvarez de Movimiento Semilla, se centra en acusaciones y señalamientos infundados y politiqueros, mientras que la oposición de los segundos, como la del diputado Lázaro Zamora del Partido Unionista, se centra en las deficiencias técnicas de la normativa.
El decreto 46-2022, como se apuntó, es una ley que pretende crear incentivos para atracción de inversión, pero no menciona cuáles son esos incentivos y, aunque no lo dice expresamente, pretende dejar en manos de una norma inferior (reglamento) la regulación de tales beneficios que, si como se supone, incluirán incentivos o exenciones fiscales, dicha norma devendrá inconstitucional. De entrar en vigor así, en lugar de provocar confianza en el país por parte de inversionistas extranjeros, provocará desconfianza y reticencia. Justo el efecto contrario al deseado, todo por el deficiente trabajo de redacción y revisión de un relativamente corto y simple texto legislativo.