Investigación: Los abusos y violaciones procesales cometidos por la FECI, CICIG y los Jueces de Mayor Riesgo
Como lo demuestran documentos en esta investigación, el objetivo de la FECI de Juan Francisco Sandoval, la CICIG de Iván Velásquez y de los jueces de Mayor Riesgo, no fue la justicia o la reparación justa al Estado. Violaron procedimientos legales y el derecho humano a un juicio justo.
La presente nota es el primer resultado de una investigación periodística de República. Hoy, los lectores podrán constatar los horrores procesales y judiciales que jueces y fiscales incurrieron en la llamada “lucha en contra de la impunidad” de la mano de la CICIG.
La exjueza Erika Aifán, la jueza Claudette Domínguez y el exfiscal Juan Francisco Sandoval cometieron presuntas ilegalidades, verbigracia, violaciones a procedimientos legales y, por ende habrían violado el derecho humano a un juicio justo.
No son los únicos “operadores de justicia” que lo han hecho o que lo harán, tristemente. Nuestro sistema de justicia es no solo deficiente, sino parece diseñado para ser corrompido y abusado, y sucede desde tiempos inmemoriales, pasando por la estadía de la CICIG, continuando hasta nuestros días. Eso es algo que se ha repetido hasta la saciedad.
Nada nuevo, pero lo que sí se empieza a desvelar son detalles -los casos concretos- en los que la CICIG y sus últimos soldados cometieron ilegalidades que tienen aún a muchas personas detenidas “preventivamente”, a otras condenadas con dudosos procedimientos y, trágicamente a algunos muertos mientras sufrieron persecución injusta por parte de quienes juraron respetar la Constitución y las leyes.
Como se dijo, no son los únicos que han cometido presuntas ilegalidades, pero el caso de Aifán es paradigmático, pues desde la creación de SU juzgado, el Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo del Grupo “D”, las presuntas ilegalidades se concentraron inevitablemente, debido a la concentración de casi todos los procesos que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteó durante la dirección de otro exoperador de justicia, el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Se dice que la concentración de las presuntas ilegalidades fue inevitable, debido a que en ese juzgado se urdió el proceso identificado con el número C. 01073-2016-00359, conocido coloquialmente como la infame “multicausa”.
Con ese número es que se identifican una serie de casos (multicausa) que tienen alguna, poca o ninguna conexión real, más que quien dirigía la FECI (Sandoval) y quien ejercía la judicatura el ese juzgado (Aifán).
Entre ellos dos tramitaban el grueso de los casos que en otros tiempos se distribuían más o menos equitativamente entre todos los demás juzgados de mayor riesgo. Atrás quedó el estrellato del juez Miguel Ángel Gálvez (Juez de Instancia del Grupo “B”) o Claudette Domínguez (Juez de Instancia del Grupo “A”). Silvia De León, Lester Castellanos o Maribel Ramírez, todos jueces de mayor riesgo nunca alcanzaron el olimpo de los casos mediáticos. Se puede especular las razones, pero ciertamente en el “B” y sobre todo en el “D” las resoluciones siempre fueron favorables a los deseos de la FECI y, en su momento, de CICIG. Tal vez por eso.
La violación de procedimientos, de normas sustantivas y adjetivas por parte de los jueces de mayor riesgo ya es un hecho ampliamente aceptado, con la diferencia de que quienes defendieron en su momento a capa y espada los desmanes de la CICIG y de FECI, no tienen la hidalguía de llamarles así, sino que muchos dicen que fueron “errores”. Errores, que han tenido a personas detenidas durante años, condenadas otras con base a esos “errores” y otros, muertos. ¡Vaya errores!
Con base en malos procedimientos, pruebas manipuladas o falseadas y a testimonios coaccionados y falsos es que se persiguió a funcionarios y particulares que estuvieron o pudieron haber estado involucrados en actos de corrupción. Nadie en su sano juicio podrá decir que en Guatemala no hay corrupción y que algunos -muchos- de los procesados sean mansas palomas.
Sin embargo, el derecho humano a un juicio justo se basa en el respeto a la presunción de inocencia del sindicado hasta ser encontrado culpable, pero también en el respeto a las normas procesales y procedimientos preestablecidos.
Conforme se van conociendo los detalles, se va conociendo la verdad; mientras aquellos ex “operadores de justicia” tenían el control de los procesos, esos detalles jamás hubiesen visto la luz del día. La investigación que República. lleva a cabo da cuenta de algunas de esas violaciones a procedimientos, abiertas arbitrariedades y hasta actos delictivos, como elaborar documentos públicos en los que se hace constar hechos falsos. A continuación, uno de esos casos, el primero de muchos.
El caso Odebrecht
Dentro de la multicausa, uno de los casos más transcendentes es el llamado “caso Odebrecht”, en el cual se procesó a constructores corruptores y funcionarios corruptos por haber pactado el pago de dinero (de los primeros a los segundos) por la adjudicación y posterior pago de estimaciones.
Así, un contrato de construcción de una carretera de cuatro carriles desde Cocales hasta Tecún Umán con un costo estimado de más de Q3 mil millones, terminó siendo una serie de tramos inconexos y puentes sin terminar.
Odebrecht y sus representantes fueron acusados y procesados a lo largo y ancho del continente, pero en Guatemala pactaron con Sandoval y con mandatarios de la CICIG que no se les persiguiera y se comprometieron a pagar pequeñas multas y una reparación al Estado de Guatemala que nunca cumplieron.
El objetivo de la FECI de Sandoval y de la CICIG de Iván Velásquez nunca fue la justicia o la reparación justa al Estado. Sin embargo, como tenían que contar con un acuerdo de colaboración para dejar libres a los constructores brasileños, a través de los oficios de sus asesores, la constructora consigue que Sandoval, Eva Siomara Sosa y otros fiscales y mandatarios de CICIG, viajen a Brasil a tomarles allá su declaración de conformidad con un acuerdo previamente pactado. Tan pactado estaban esos acuerdos de colaboración y las declaraciones, que cayeron en presuntas falsedades al momento de suscribirlos.
Resulta que según los acuerdos de colaboración de Luiz Antonio Mameri, representante de la constructora brasileña para Latinoamérica y de Eduardo Oliveira Gedeon, mandatario especial con representación de Norberto Odebrecht, Sociedade Anónima, sucursal Guatemala, celebrados el 6 de septiembre de 2017, ambos con el auxilio de su abogado guatemalteco, Francisco Javier Gallardo Samayoa; más allá de que se cuestiona la facultad de ejercer como abogado en ese país, la presunta ilegalidad ocurre porque según la declaración testimonial de Marcos de Cerqueira Lima Machado, también personero de Odebrecht, este también contó con el auxilio del mismo abogado guatemalteco.
El problema es que los acuerdos de colaboración antes indicados comienzan, el primero a las 14:00 y termina a las 16:00 horas, y el segundo comienza a las 18:00 y finaliza a las 20:00 horas. Mientras eso sucedía, Lima Machado comienza su declaración ese 6 de septiembre a las 15:33 y termina (se suspende para el día siguiente) a las 19:30. Según los acuerdos de colaboración y la declaración de Lima Machado, el mismo abogado estuvo presente en todos esos actos al mismo tiempo, lo que es imposible. Pudo comparecer en los acuerdos de colaboración, más no simultáneamente en la declaración de Lima Machado. Ese es un hecho falso.
Los acuerdos de colaboración suscritos por Juan Francisco Sandoval y la declaración de Lima Machado por Eva Siomara Sosa Pérez, como el abogado de Odebrecht físicamente no pudo estar simultáneamente en todas esas actuaciones, o Sandoval, o Sosa mienten y falsifican pruebas al suscribir las respectivas actas.
El problema no es un simple error de horario o de nombre, el problema, lo que esas actuaciones desvelan, es que para la FECI y para CICIG no importaba vulnerar procesos, violar derechos o falsificar pruebas.
Resulta evidente que los acuerdos de colaboración, las declaraciones y demás actos que dejaron sin prisión a los constructores brasileños fueron meros formalismos que les hicieron firmar conforme a la historia que les urdieron la fiscalía y la CICIG. Es decir, mintieron, tanto en los acuerdos de colaboración, como en los testimonios.
Otros “errores” del acta de declaración de Lima Machado es que, en absoluta violación al principio de unidad del acto (principio que se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto), pues el acta inicia el día 6 de septiembre y finaliza el día 7.
Con ello hay dos problemas que invalidan el acta: el primero es que, de acuerdo con el principio aludido, debieron finalizar la declaración el día 6 y, en un acta distinta, continuar la declaración al día siguiente. Lo que hicieron fue que en el punto tercero del acta la suspenden y, sin desparpajo alguno, la continúan en el punto cuarto al día siguiente.
El segundo problema es que al cerrar el acta dicen que se finaliza el mismo día de su inicio, lo cual es falso, como la propia acta lo demuestra. Lo anterior es especialmente grave, pues a cualquier abogado, sindicado o querellante que intente usar un acta con esos errores le sería rechazada, no así a los fiscales de la FECI a quienes no solo se les obviaron esos errores, sino que son documentos fundantes de su caso.
No son simples omisiones o errores, como se ha dicho; esos documentos pasaron por decenas de ojos, tanto de los abogados de los constructores brasileños, de fiscales de FECI y de mandatarios de CICIG, como por los de la juez Claudette Domínguez que los avaló.
Posteriormente, la juez Erika Aifán, que tuvo el proceso bajo su control, jamás se detuvo a reparar en ese vicio; no tenía por qué, pues a ella nadie -más allá de los procesados- le cuestionaba sus decisiones y, cuando un ente superior le enmendaba la plana, simplemente no les hacía caso.
Esto último es otro, uno de tantos, abusos que cometió Aifán en el diligenciamiento de los procesos a su cargo. Aifán violó la ley en reiteradas ocasiones y así como muestra esta primera nota, lo demostrarán las subsiguientes, con documentos que todos quienes quieran verlos, puedan hacerlo. Siempre habrá quienes, a pesar de las evidencias, defenderán lo indefendible, pero entonces quedarán expuestos como lo que en realidad son: activistas con agenda. Ya no engañarán a nadie.
Investigación: Los abusos y violaciones procesales cometidos por la FECI, CICIG y los Jueces de Mayor Riesgo
Como lo demuestran documentos en esta investigación, el objetivo de la FECI de Juan Francisco Sandoval, la CICIG de Iván Velásquez y de los jueces de Mayor Riesgo, no fue la justicia o la reparación justa al Estado. Violaron procedimientos legales y el derecho humano a un juicio justo.
La presente nota es el primer resultado de una investigación periodística de República. Hoy, los lectores podrán constatar los horrores procesales y judiciales que jueces y fiscales incurrieron en la llamada “lucha en contra de la impunidad” de la mano de la CICIG.
La exjueza Erika Aifán, la jueza Claudette Domínguez y el exfiscal Juan Francisco Sandoval cometieron presuntas ilegalidades, verbigracia, violaciones a procedimientos legales y, por ende habrían violado el derecho humano a un juicio justo.
No son los únicos “operadores de justicia” que lo han hecho o que lo harán, tristemente. Nuestro sistema de justicia es no solo deficiente, sino parece diseñado para ser corrompido y abusado, y sucede desde tiempos inmemoriales, pasando por la estadía de la CICIG, continuando hasta nuestros días. Eso es algo que se ha repetido hasta la saciedad.
Nada nuevo, pero lo que sí se empieza a desvelar son detalles -los casos concretos- en los que la CICIG y sus últimos soldados cometieron ilegalidades que tienen aún a muchas personas detenidas “preventivamente”, a otras condenadas con dudosos procedimientos y, trágicamente a algunos muertos mientras sufrieron persecución injusta por parte de quienes juraron respetar la Constitución y las leyes.
Como se dijo, no son los únicos que han cometido presuntas ilegalidades, pero el caso de Aifán es paradigmático, pues desde la creación de SU juzgado, el Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo del Grupo “D”, las presuntas ilegalidades se concentraron inevitablemente, debido a la concentración de casi todos los procesos que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteó durante la dirección de otro exoperador de justicia, el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Se dice que la concentración de las presuntas ilegalidades fue inevitable, debido a que en ese juzgado se urdió el proceso identificado con el número C. 01073-2016-00359, conocido coloquialmente como la infame “multicausa”.
Con ese número es que se identifican una serie de casos (multicausa) que tienen alguna, poca o ninguna conexión real, más que quien dirigía la FECI (Sandoval) y quien ejercía la judicatura el ese juzgado (Aifán).
Entre ellos dos tramitaban el grueso de los casos que en otros tiempos se distribuían más o menos equitativamente entre todos los demás juzgados de mayor riesgo. Atrás quedó el estrellato del juez Miguel Ángel Gálvez (Juez de Instancia del Grupo “B”) o Claudette Domínguez (Juez de Instancia del Grupo “A”). Silvia De León, Lester Castellanos o Maribel Ramírez, todos jueces de mayor riesgo nunca alcanzaron el olimpo de los casos mediáticos. Se puede especular las razones, pero ciertamente en el “B” y sobre todo en el “D” las resoluciones siempre fueron favorables a los deseos de la FECI y, en su momento, de CICIG. Tal vez por eso.
La violación de procedimientos, de normas sustantivas y adjetivas por parte de los jueces de mayor riesgo ya es un hecho ampliamente aceptado, con la diferencia de que quienes defendieron en su momento a capa y espada los desmanes de la CICIG y de FECI, no tienen la hidalguía de llamarles así, sino que muchos dicen que fueron “errores”. Errores, que han tenido a personas detenidas durante años, condenadas otras con base a esos “errores” y otros, muertos. ¡Vaya errores!
Con base en malos procedimientos, pruebas manipuladas o falseadas y a testimonios coaccionados y falsos es que se persiguió a funcionarios y particulares que estuvieron o pudieron haber estado involucrados en actos de corrupción. Nadie en su sano juicio podrá decir que en Guatemala no hay corrupción y que algunos -muchos- de los procesados sean mansas palomas.
Sin embargo, el derecho humano a un juicio justo se basa en el respeto a la presunción de inocencia del sindicado hasta ser encontrado culpable, pero también en el respeto a las normas procesales y procedimientos preestablecidos.
Conforme se van conociendo los detalles, se va conociendo la verdad; mientras aquellos ex “operadores de justicia” tenían el control de los procesos, esos detalles jamás hubiesen visto la luz del día. La investigación que República. lleva a cabo da cuenta de algunas de esas violaciones a procedimientos, abiertas arbitrariedades y hasta actos delictivos, como elaborar documentos públicos en los que se hace constar hechos falsos. A continuación, uno de esos casos, el primero de muchos.
El caso Odebrecht
Dentro de la multicausa, uno de los casos más transcendentes es el llamado “caso Odebrecht”, en el cual se procesó a constructores corruptores y funcionarios corruptos por haber pactado el pago de dinero (de los primeros a los segundos) por la adjudicación y posterior pago de estimaciones.
Así, un contrato de construcción de una carretera de cuatro carriles desde Cocales hasta Tecún Umán con un costo estimado de más de Q3 mil millones, terminó siendo una serie de tramos inconexos y puentes sin terminar.
Odebrecht y sus representantes fueron acusados y procesados a lo largo y ancho del continente, pero en Guatemala pactaron con Sandoval y con mandatarios de la CICIG que no se les persiguiera y se comprometieron a pagar pequeñas multas y una reparación al Estado de Guatemala que nunca cumplieron.
El objetivo de la FECI de Sandoval y de la CICIG de Iván Velásquez nunca fue la justicia o la reparación justa al Estado. Sin embargo, como tenían que contar con un acuerdo de colaboración para dejar libres a los constructores brasileños, a través de los oficios de sus asesores, la constructora consigue que Sandoval, Eva Siomara Sosa y otros fiscales y mandatarios de CICIG, viajen a Brasil a tomarles allá su declaración de conformidad con un acuerdo previamente pactado. Tan pactado estaban esos acuerdos de colaboración y las declaraciones, que cayeron en presuntas falsedades al momento de suscribirlos.
Resulta que según los acuerdos de colaboración de Luiz Antonio Mameri, representante de la constructora brasileña para Latinoamérica y de Eduardo Oliveira Gedeon, mandatario especial con representación de Norberto Odebrecht, Sociedade Anónima, sucursal Guatemala, celebrados el 6 de septiembre de 2017, ambos con el auxilio de su abogado guatemalteco, Francisco Javier Gallardo Samayoa; más allá de que se cuestiona la facultad de ejercer como abogado en ese país, la presunta ilegalidad ocurre porque según la declaración testimonial de Marcos de Cerqueira Lima Machado, también personero de Odebrecht, este también contó con el auxilio del mismo abogado guatemalteco.
El problema es que los acuerdos de colaboración antes indicados comienzan, el primero a las 14:00 y termina a las 16:00 horas, y el segundo comienza a las 18:00 y finaliza a las 20:00 horas. Mientras eso sucedía, Lima Machado comienza su declaración ese 6 de septiembre a las 15:33 y termina (se suspende para el día siguiente) a las 19:30. Según los acuerdos de colaboración y la declaración de Lima Machado, el mismo abogado estuvo presente en todos esos actos al mismo tiempo, lo que es imposible. Pudo comparecer en los acuerdos de colaboración, más no simultáneamente en la declaración de Lima Machado. Ese es un hecho falso.
Los acuerdos de colaboración suscritos por Juan Francisco Sandoval y la declaración de Lima Machado por Eva Siomara Sosa Pérez, como el abogado de Odebrecht físicamente no pudo estar simultáneamente en todas esas actuaciones, o Sandoval, o Sosa mienten y falsifican pruebas al suscribir las respectivas actas.
El problema no es un simple error de horario o de nombre, el problema, lo que esas actuaciones desvelan, es que para la FECI y para CICIG no importaba vulnerar procesos, violar derechos o falsificar pruebas.
Resulta evidente que los acuerdos de colaboración, las declaraciones y demás actos que dejaron sin prisión a los constructores brasileños fueron meros formalismos que les hicieron firmar conforme a la historia que les urdieron la fiscalía y la CICIG. Es decir, mintieron, tanto en los acuerdos de colaboración, como en los testimonios.
Otros “errores” del acta de declaración de Lima Machado es que, en absoluta violación al principio de unidad del acto (principio que se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto), pues el acta inicia el día 6 de septiembre y finaliza el día 7.
Con ello hay dos problemas que invalidan el acta: el primero es que, de acuerdo con el principio aludido, debieron finalizar la declaración el día 6 y, en un acta distinta, continuar la declaración al día siguiente. Lo que hicieron fue que en el punto tercero del acta la suspenden y, sin desparpajo alguno, la continúan en el punto cuarto al día siguiente.
El segundo problema es que al cerrar el acta dicen que se finaliza el mismo día de su inicio, lo cual es falso, como la propia acta lo demuestra. Lo anterior es especialmente grave, pues a cualquier abogado, sindicado o querellante que intente usar un acta con esos errores le sería rechazada, no así a los fiscales de la FECI a quienes no solo se les obviaron esos errores, sino que son documentos fundantes de su caso.
No son simples omisiones o errores, como se ha dicho; esos documentos pasaron por decenas de ojos, tanto de los abogados de los constructores brasileños, de fiscales de FECI y de mandatarios de CICIG, como por los de la juez Claudette Domínguez que los avaló.
Posteriormente, la juez Erika Aifán, que tuvo el proceso bajo su control, jamás se detuvo a reparar en ese vicio; no tenía por qué, pues a ella nadie -más allá de los procesados- le cuestionaba sus decisiones y, cuando un ente superior le enmendaba la plana, simplemente no les hacía caso.
Esto último es otro, uno de tantos, abusos que cometió Aifán en el diligenciamiento de los procesos a su cargo. Aifán violó la ley en reiteradas ocasiones y así como muestra esta primera nota, lo demostrarán las subsiguientes, con documentos que todos quienes quieran verlos, puedan hacerlo. Siempre habrá quienes, a pesar de las evidencias, defenderán lo indefendible, pero entonces quedarán expuestos como lo que en realidad son: activistas con agenda. Ya no engañarán a nadie.