El último golpe de estado que hubo en Guatemala fue en 1993, perpetrado por el entonces presidente, Jorge Serrano Elías, en contra del legislativo y del judicial, pero además en contra de órganos de control, como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
En aquella oportunidad, fue la propia CC la que puso fin a ese putsch y aunque no se duda de que actualmente pueda haber algunos elementos insurrectos que no sepan o quieran vivir en una república, nunca han llegado a estar, ni cerca, de concretar un golpe de estado.
No ha habido golpes en los últimos 30 años, como tampoco lo hay ahora, a pesar de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, así lo dijo en una conferencia de prensa que tuvo eco a nivel global.
Arévalo dijo: "Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente".
Aunque son cuestionables esas declaraciones, por lo exageradas, es evidente que hay un grupo pequeño de inconformes con los resultados que, en su abandono, quisieran evitar que el 14 de enero tome posesión el presidente electo.
El problema consiste en que algunas voces –instigadores, ellos sí– han pretendido involucrar incluso a la Fiscal General, Consuelo Porras y a la institución misma del Ministerio Público.
La intención de los instigadores es aprovechar el momento para forzar la salida de Porras, a quien adversan.
La génesis de esa intención radica en la investigación que realiza el MP sobre la falsificación de firmas para la constitución del partido Movimiento Semilla, que postuló a Arévalo; resulta ilógico que Semilla no busque esclarecer los hechos, si su secretario general fue el denunciante, habida cuenta que, antes, un particular había denunciado ser afectado por la falsificación de su firma.
La FECI realizó una serie de operativos a pocos días de la segunda vuelta, por lo que las alarmas se encendieron al parecer que tales acciones lo que buscaban era impedir la oficialización de resultados, por parte del Tribunal Supremo Electoral, e incluso impedir la futura toma de posesión de Arévalo. La aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en lugar del procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos agravó más la situación; la discusión legal sobre este tema y el conflicto de competencia que encarna está todavía en discusión.
Pero una cosa es la investigación del MP sobre posibles hechos delictivos y otra muy distinta es que, por realizar su función constitucional, el MP y/o la Fiscal General pudiesen estar comprometidos con un intento de “golpe de estado”. Y es que, tanto la investigación de posibles hechos delictivos, como la concreción de la voluntad popular al elegir a Bernardo Arévalo como presidente, deben coexistir sin afectar la una a la otra.
Pero como algunos han aprovechado esta tensa situación para intentar forzar la salida de la Fiscal General, ella misma tuvo que salir a dar declaraciones, dando una breve conferencia de prensa el martes 5 de septiembre, en donde manifestó que, ni ella y mucho menos el MP, tenían intención de evitar el traspaso de mando. Al entendido, eso debiese traducirse a que el MP no tomará acción alguna en contra de Bernardo Arévalo o de Karin Herrera y que ambos tomarán posesión como lo manda la Constitución.
Los deseos –infructuosos– de algunos en subvertir la voluntad popular, a menos de que caigan en hechos delictivos, no serán sino elucubraciones malvadas. De igual forma, los deseos de los instigadores que pretenden que se trunque el período constitucional de la Fiscal General, no son más que sueños húmedos.
Bernardo Arévalo ha declarado que adversa el actuar de la Fiscal General, pero que sabe que no puede destituirla, que respetará su período constitucional.
Así, los actores principales: Consuelo Porras y Bernardo Arévalo, ambos deben estar claros de que no habrá hostilidades entre ellos o sus instituciones. Lo que advenedizos de uno y otro bando pretendan, es harina de otro costal. La institucionalidad debe prevalecer por encima de intereses particulares, sobre todo, los nefarios.
El último golpe de estado que hubo en Guatemala fue en 1993, perpetrado por el entonces presidente, Jorge Serrano Elías, en contra del legislativo y del judicial, pero además en contra de órganos de control, como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
En aquella oportunidad, fue la propia CC la que puso fin a ese putsch y aunque no se duda de que actualmente pueda haber algunos elementos insurrectos que no sepan o quieran vivir en una república, nunca han llegado a estar, ni cerca, de concretar un golpe de estado.
No ha habido golpes en los últimos 30 años, como tampoco lo hay ahora, a pesar de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, así lo dijo en una conferencia de prensa que tuvo eco a nivel global.
Arévalo dijo: "Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente".
Aunque son cuestionables esas declaraciones, por lo exageradas, es evidente que hay un grupo pequeño de inconformes con los resultados que, en su abandono, quisieran evitar que el 14 de enero tome posesión el presidente electo.
El problema consiste en que algunas voces –instigadores, ellos sí– han pretendido involucrar incluso a la Fiscal General, Consuelo Porras y a la institución misma del Ministerio Público.
La intención de los instigadores es aprovechar el momento para forzar la salida de Porras, a quien adversan.
La génesis de esa intención radica en la investigación que realiza el MP sobre la falsificación de firmas para la constitución del partido Movimiento Semilla, que postuló a Arévalo; resulta ilógico que Semilla no busque esclarecer los hechos, si su secretario general fue el denunciante, habida cuenta que, antes, un particular había denunciado ser afectado por la falsificación de su firma.
La FECI realizó una serie de operativos a pocos días de la segunda vuelta, por lo que las alarmas se encendieron al parecer que tales acciones lo que buscaban era impedir la oficialización de resultados, por parte del Tribunal Supremo Electoral, e incluso impedir la futura toma de posesión de Arévalo. La aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en lugar del procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos agravó más la situación; la discusión legal sobre este tema y el conflicto de competencia que encarna está todavía en discusión.
Pero una cosa es la investigación del MP sobre posibles hechos delictivos y otra muy distinta es que, por realizar su función constitucional, el MP y/o la Fiscal General pudiesen estar comprometidos con un intento de “golpe de estado”. Y es que, tanto la investigación de posibles hechos delictivos, como la concreción de la voluntad popular al elegir a Bernardo Arévalo como presidente, deben coexistir sin afectar la una a la otra.
Pero como algunos han aprovechado esta tensa situación para intentar forzar la salida de la Fiscal General, ella misma tuvo que salir a dar declaraciones, dando una breve conferencia de prensa el martes 5 de septiembre, en donde manifestó que, ni ella y mucho menos el MP, tenían intención de evitar el traspaso de mando. Al entendido, eso debiese traducirse a que el MP no tomará acción alguna en contra de Bernardo Arévalo o de Karin Herrera y que ambos tomarán posesión como lo manda la Constitución.
Los deseos –infructuosos– de algunos en subvertir la voluntad popular, a menos de que caigan en hechos delictivos, no serán sino elucubraciones malvadas. De igual forma, los deseos de los instigadores que pretenden que se trunque el período constitucional de la Fiscal General, no son más que sueños húmedos.
Bernardo Arévalo ha declarado que adversa el actuar de la Fiscal General, pero que sabe que no puede destituirla, que respetará su período constitucional.
Así, los actores principales: Consuelo Porras y Bernardo Arévalo, ambos deben estar claros de que no habrá hostilidades entre ellos o sus instituciones. Lo que advenedizos de uno y otro bando pretendan, es harina de otro costal. La institucionalidad debe prevalecer por encima de intereses particulares, sobre todo, los nefarios.