Desde hace algunos días ha estado circulado un extracto del Reporte de País de la Unidad de Inteligencia de The Economist generado el 16 de mayo. Posteriormente circuló también el documento completo, que se asume fue distribuido por un suscriptor.

El Reporte de País es generado mensualmente y, al igual que la publicación insigne del grupo -la revista semanal- no es firmado por autor o analista alguno y solo se lista al editor. Es un reporte de pago que cuesta cerca de mil dólares al año. Es un reporte usado por inversionistas y políticos de todo el mundo para tomar decisiones informadas. Al contrario de su publicación semanal que presenta la visión y opinión del medio, el Reporte de País muestra -debiese- hechos, datos, cifras y sucesos, además de breves análisis realizados con base en los anteriores elementos.

Siendo así, uno esperaría que dicho documento sea certero y veraz, pero al leer el de este mes se descubrieron inexactitudes, errores y datos falsos que no son admisibles en lo absoluto, mucho menos para un grupo editorial de la seriedad de The Economist.

A saber:

En el apartado titulado “Election watch” el Reporte apunta que el presidente Giammattei no puede correr para la reelección, porque la Constitución prohíbe la reelección consecutiva. El artículo 187 de la Constitución dice textualmente: “La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos años en situación de titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo”.

La Unidad de Inteligencia de The Economist yerra en ese apartado, pues en Guatemala no solo está prohibida la reelección presidencial consecutiva, sino que está prohibida a perpetuidad. Eso es algo que hubiesen podido consignar correctamente de haber sido acuciosos en la elaboración del Reporte.

En ese mismo apartado, el Reporte lista los candidatos que incluye a Sandra Torres, Thelma Cabrera, Edmond Mulet, Zury Ríos, Enrique Degenhart, Oscar Rodolfo Castañeda y Roberto Arzú. La lista (con la adición de Arzú) es la que en República consideramos meses atrás que sería la de los candidatos viables, es decir, con partido (o en formación en fase final) y con posibilidades. Vale decir que esa lista ha aumentado a la fecha y que seguirá aumentando conforme se acercan las elecciones.

The Economist acierta en la lista de posibles candidatos, pero luego dice que tanto Castañeda como Cabrera son relativamente nuevos participantes. Si bien Thelma Cabrera no se había postulado antes de la elección pasada (quedando en un 4to lugar) su participación la convierte entonces en ya candidata experimentada y no novata como sugiere el Reporte de The Economist.

En el caso de Castañeda, el Reporte se equivoca totalmente. Oscar Rodolfo Castañeda fue fundador el Partido de Avanzada Nacional PAN (1989) y fue diputado al Congreso de la República en el período 1996-2000. Además, fue candidato presidencial por ese mismo partido en las elecciones de 2007. Así, Castañeda no tiene absolutamente nada de “relativamente nuevo” en la política. Más bien, es un experimentado político que a pesar de su larga trayectoria no ha sido señalado de corrupto o de abuso de poder, algo igual de raro como refrescante en la política nacional.

Si bien Roberto Arzú participó como candidato del PAN en las elecciones pasadas, es bien sabido que ya no será candidato de ese partido, que postulará supuestamente a Manuel Conde. El Reporte yerra al suponer que Arzú será nuevamente candidato de ese mismo partido, un error que alguien medianamente informado del acontecer político nacional jamás cometería.

Pero más allá de esas apreciaciones que puedan tener el o los analistas que elaboraron ese Reporte -por sesgo o por ignorancia- lo que en definitiva resulta inadmisible es que al final del documento, en el apartado sobre el gobierno y los “ministros clave” (en los que el Reporte incluye al presidente y vicepresidente) nombra a varios que, o ya no estaban en el cargo al momento de elaborar el Reporte, o simplemente no existen e inventaron los nombres.

Así, en el Reporte de fecha 16 de mayo colocan a Gendry Reyes como ministro de Gobernación, cuando dejó de serlo desde enero. Un error por unos días o incluso semanas sería entendible, pero de varios meses, no. La Unidad de Inteligencia de The Economist no fue diligente.

Si eso fuese un ligero gazapo, el poner como ministra de Cultura y Deportes a Lidiette Silvana Martínez es negligente; Martínez dejó de ser ministra en el año 2020, es decir, año y medio antes de la elaboración del Reporte. Lo mismo sucede con el nombre del ministro de Trabajo y Previsión Social que consignan (Rafael Lobos) quien también dejó de ser ministro de esa cartera desde el 2020.

Pero en donde el Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist ya no solo resulta negligente sino falaz, es cuando indica que el ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala es Julio Borba. Pareciese una broma de mal gusto que un Reporte de inteligencia confunda a Guatemala con Paraguay, de donde sí es ministro Borba. Un error de 5561 kilómetros, nada más.

Y no se trata solamente de una falta de actualización de la información; en el caso de Relaciones Exteriores, el Reporte sí consigna al ministro Mario Búcaro como el titular, con lo que evidencia que por lo menos desde enero actualizaron esa información. La inclusión de información desactualizada (por más de año y medio en algunos casos) y la confusión entre Guatemala y Paraguay son imperdonables en un Reporte elaborado por un grupo como The Economist y por el que sus clientes pagan mil dólares al año.

Tomando en cuenta que solamente se revisó la información política, y no los datos económicos que provee el Reporte, es dable pensar que en toda esa data también hay información inexacta o falsa.

Pero lo que sucede con el Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist es solo una muestra de un problema sistémico: la información desactualizada, sesgada, tendenciosa y maliciosa (más allá de las abiertas mentiras) que en el extranjero se publica sobre Guatemala.

El problema es multicausal, pero pasa por la calidad de insumos que reciben y transmiten quienes se encargan de ello en medios y agencias noticiosas. Muchas veces esa información es provista por corresponsales locales con pobre preparación, con una tendencia ideológica o preferencia política (o una mezcla de todas las anteriores) que hace que trasladen, como veraz, información falsa.

Otras veces, la falla está en los llamados “fixers” que son quienes, en el país, se encargan de guiar y conseguir entrevistas a los periodistas extranjeros que vienen al país a recopilar información por sí mismos. Aunque esos periodistas vengan con la mejor de las intenciones y con una mente abierta, que sus “fixers” los guíen y reúnan solamente con determinadas fuentes y no con otras tiene como resultado que se lleven (y publiquen en sus países de origen) inexactitudes o falsedades sobre la realidad nacional.

Cuando las relaciones entre gobiernos y países se tensan, como en el caso de la pretendida intromisión de agentes diplomáticos en asuntos internos y/o judiciales, resulta imperdonable que la información o “inteligencia” que les llegue a tomadores de decisión en aquellos países provenga de reportajes sesgados de origen y que incluya, como en el Reporte objeto de este análisis, información desactualizada por más de un año y medio y datos falsos. Resulta vergonzoso, tanto para la publicación, como para quienes pagan buen dinero por recibir esos insumos inservibles. En buen chapín llamamos a eso: mamarracho.

*Se contactó a la Unidad de Inteligencia de The Economist a quienes se les hizo ver los errores de su Reporte, a la vez que se solicitó autorización para reproducir partes de este. La respuesta fue incompleta. Se reproducen a continuación la solicitud y respuesta.