El
1 de octubre pasado en la Ciudad de Guatemala comenzó el juicio contra Pedro
García Arredondo, exjefe de un comando de la Policía Nacional en 1980, acusado
de “masacre” y “quema” de la Embajada de España el 31 de enero de aquel año. El
juicio, como era de esperarse, se ha convertido en un show mediático con
actuación estelar de la destacada actriz y escritora guatemalteca Rigoberta
Menchú Tum, quien, por sus capacidades teatrales y literarias, fue galardonada
con el Premio Nobel de la Paz en 1992.

Para
los lectores quienes no están al tanto de lo sucedido en aquel evento,
resumamos los hechos. El 31 de enero del 1980, año del conflicto armado interno
entre los guerrilleros marxistas y las fuerzas de estado, un grupo de unos 30
“pacíficos” campesinos y estudiantes del departamento de El Quiché, armados con
machetes y bombas molotov, irrumpió
en la embajada española en la capital guatemalteca para “llamar la atención del
mundo sobre las barbaridades que se cometían en el país”. Estos pacíficos
guerrilleros, todos representantes del Comité de Unidad Campesina – CUC –
encabezados por el comandante Vicente Menchú – padre de la actriz guatemalteca
más famosa – muy pacíficamente tomaron como rehenes al personal de la embajada
y todas las personas que se encontraban allí.

Muy
por casualidad (demasiada casualidad para mi gusto), estaban reunidos con el
embajador español Máximo Cajal varios importantes políticos guatemaltecos: el
exvicepresidente Eduardo Cáceres Lehnoff, excanciller Adolfo Molina Orantes y
el abogado Mario Aguirre Godoy. Todos ellos fueron convocados por Cajal para
esta fecha y esta misma hora a la cita en la embajada. Muy por casualidad
(demasiada casualidad para mi gusto) unos días antes el embajador Cajal había
visitado El Quiché donde se había reunido con los guerrilleros del CUC y con el
comandante guerrillero Gustavo Meoño, quien, “casualmente”, ahora está a cargo
del Archivo de la Policía Nacional Civil.

El
día del evento, 31 de enero, la secretaria de Cajal llamó insistentemente a los
tres políticos guatemaltecos para recordarles de la reunión y pedir que
llegaran puntuales. Al tomar a los rehenes, los “pacíficos” los amenazan y se
encierran con ellos en la embajada. En Guatemala, como en cualquier parte del
mundo, las personas que cometen delitos de secuestro asesinatos masivos se consideran terroristas.
El embajador Cajal, al permitir el acceso de los terroristas, violó el artículo
41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de esta manera se
convirtió en uno de ellos. Por otro lado, el mismo Cajal prohibió a la Policía
guatemalteca entrar en el inmueble español para que liberara a los rehenes
tanto guatemaltecos como españoles. Todo esto pasaba ante los ojos de los
transeúntes y simples curiosos que resultaron en el lugar de los hechos en el
momento del secuestro de la embajada por los guerrilleros.

Sin
embargo, la policía desobedeció la prohibición de Cajal e intentó penetrar en
el edificio, a pesar de que la Policía recibía constantes llamadas telefónicas
de los rehenes que pedían auxilio. En el
momento que los policías antimotines intentan entrar en la sede diplomática
española, rompen la puerta del despacho del embajador – donde se reunieron los
terroristas armados con bombas molotov
y adonde llevaron a los rehenes – y disparan. Las bombas comienzan a explotar
lo que provoca un incendio con el saldo de 37 muertos (todos calcinados). De
los que estaban en aquel salón, solo se salvaron el propio embajador Cajal
(demasiada casualidad para mi gusto) y un campesino que, dos días después, fue
secuestrado del hospital y asesinado por unos desconocidos.

Le
recomiendo al lector un análisis serio realizado por el veterano periodista y
exdiplomático guatemalteco Jorge Palmieri sobre todo lo sucedido. La opinión de
Palmieri se basa no solo en el análisis de la prensa de aquella época, tanto
guatemalteca como español, sino también en sus propias observaciones ya que él
fue testigo de los hechos al llegar a la Embajada española.

Por
supuesto que la guerrilla guatemalteca siempre ha insistido en que todo lo
sucedido es la culpa de las fuerzas de seguridad del estado. Era más que
evidente que en algún momento los terroristas, derrocados en el conflicto
armado, cambiarían las armas por otros medios y buscarían la venganza. Después
de la firma de los Acuerdo de Paz, en 1996, Rigoberta Menchú intentaba sin
éxito llevar su venganza a los tribunales europeos. No obstante, sus
solicitudes fueron rechazadas. Con esta apertura del juicio en Guatemala, los
exguerrilleros comprueban una vez más que no están dispuestos a afrontar la
verdad y que el negocio de la miseria de su propio país es más importante para
ellos. Las patéticas imágenes de Rigoberta Menchú llorando con lágrimas de
cocodrilo en el juicio por querer “cerrar un capítulo de 34
años” podrían convencer a los ingenuos e ignorantes. O a los
interesados en el negocio de la venganza guerrillera.

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