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Quitemos privilegios a partidos antes de reformar Constitución

Redacción República
26 de octubre, 2014

Las tradicionales pugnas políticas de fin de año por controlar la Directiva del Congreso de la República han degenerado hasta acabar en la vergonzosa trifulca de hace algunos días. Los medios de comunicación informaron que “manifestantes han bloqueado el ingreso de diputados al hemiciclo parlamentario. La acción provocó enfrentamiento con legisladores opositores que trataban de ingresar para participar en la sesión plenaria”.


Al interior, la sesión fue suspendida tres veces por el Presidente del Congreso, Arístides Crespo, y dos veces fue abierta por el diputado Jorge Mario Barrios Falla con el respaldo de 87 diputados. Golpes, gas pimienta, empujones, vidrios rotos: Un espectáculo que mostró no sólo la clase de políticos que tenemos, sino las razones por las que el Congreso de la República pierde todos los días credibilidad ante los ciudadanos. Esto ocurre en el contexto de una crisis del sistema de Justicia que ha llevado a plantear la posibilidad de reformar la Constitución.
Vale la pena preguntarse: ¿De veras queremos que la clase política actual conozca y apruebe una reforma a la Constitución? La actual Ley Electoral les otorgó a los partidos el monopolio para acceder a los cargos de Diputado o de Presidente de la República. Una vez controlados los poderes Ejecutivo y Legislativo, no es difícil para ellos acordar el control del sistema de Justicia, de los organismos de vigilancia –cuyas máximas autoridades eligen ellos mismos– y de todos los negocios alrededor de un botín de 70 mil millones de quetzales anuales llamado Presupuesto General de la Nación.
Tales oportunidades de rentas políticas y económicas generan incentivos para que los partidos, más que portadores de un plan de Gobierno acorde a ciertos principios o ideología, sean meros “vehículos electorales” para llegar al poder. Como cualquier monopolio, los partidos le han puesto barreras de entrada a otros competidores: Conformar un nuevo partido y ponerlo a tono para acceder al poder es un proceso millonariamente costoso, complicado y muchas veces corrupto. La posibilidad de que los guatemaltecos más preparados e idóneos se involucren en el quehacer político se ha reducido, pues en estos vehículos es usual que las candidaturas se vendan al precio más alto posible, comprometiendo el ejercicio del poder en beneficio de los financistas.
¿Por qué no puede un comité cívico proponer candidatos a Diputados o a Presidente de la República? ¿Por qué no la posibilidad de que ciudadanos independientes se postulen para competir por esos cargos? Para cambiar la realidad de nuestro país no debemos cometer los mismos errores. Si queremos cambiar la clase de personas que está llegando al Congreso y a la Presidencia, debemos elegirlos de forma distinta. Los ciudadanos tendríamos mejores opciones al momento de votar si se permitiera que cualquier grupo de ciudadanos organizados o individuos se postulen a cualquier cargo de elección pública. Bajo el modelo actual, y en tanto se mantengan los privilegios de los partidos, es muy difícil que éste pueda abrirse para que lleguen los mejores guatemaltecos. La apertura debe facilitarse para que emerja una nueva clase política alejada de la opacidad, y no requiere un cambio constitucional, sino tan solo una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ciertamente, este cambio debería ser impulsado por una amplia base ciudadana.
Apelar a una reforma constitucional, bajo las condiciones actuales, es un arma de doble filo. La coyuntura sería aprovechada por la clase política para reforzar aún más el poder y privilegios de los que goza, diseñando un traje a la medida de sus intereses y de los de sus financistas. Los problemas de Guatemala son muchos y complejos, pero eso no significa que deban abordarse con una reforma constitucional. Un buen análisis quizá nos muestre que, con retoques inteligentes a leyes de menor jerarquía, se pueden alcanzar buenos resultados. Ello, sin embargo, debe hacerse con toda la capacidad técnica y la ética del caso para resguardar la protección de las garantías individuales y de los límites que el sistema republicano le impone a la democracia. Aventurarse a una reforma constitucional, sin tomar en cuenta que quedaríamos a merced de los partidos, y sin meditar adecuadamente sus alcances, podría llevarnos a una situación en la que el remedio resulte peor que la enfermedad.
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