Ayer por la mañana fuimos testigos de cómo la falta de inversión social eficiente por parte de los gobernantes, hace que toda la población pague los platos rotos: decenas de personas bloquearon las carreteras del país ¡otra vez!.Esto me hizo reflexionar sobre la clase de políticas públicas que Guatemala ha estado implementando desde décadas atrás pese a los pésimos resultados.
Hace algunos días se debatió sobre la pertinencia de crear políticas públicas que beneficien a los ciudadanos por igual, indistintamente de sus capacidades económicas para la adquisición o satisfacción de sus necesidades básicas.
La experta Claudia Sanhueza expuso: “[l]as políticas sociales, en general, tienen como objetivo incluir a los más pobres en el proceso de desarrollo. Para eso hay dos posibles estrategias, la focalización y el principio universalista. En el primer caso, los servicios son provistos solamente para quienes lo necesitan, los más pobres. Por otra parte, el principio universalista es aquel en el que el servicio o bien provisto es un derecho de ciudadanía (T.H. Marshall, Cambridge, 1949). Este puede darse en diferentes grupos de la sociedad –niños, ancianos, jóvenes-, pero no selecciona basado en nivel de ingreso. Esto último es controvertido ¿qué sentido tiene proveer servicios para todos, incluidas las personas ricas?”
Según expuso Sanhueza, la evidencia indica que sistemas universalistas aumentan las posibilidades de salir de la pobreza. Este resultado se conoce como “la paradoja de la redistribución” (Korpi y Palme, 1998), porque es contra-intuitivo encontrar que en sistemas donde los beneficios no están focalizados se encuentre que los grupos de menores ingresos ganan más. Esto se explica por varias razones, entre éstas un argumento de economía política, respecto del cual existe extensa evidencia (Ferreira, 2001,Benabou, 2000, entre otros). En sistemas donde los más ricos no son parte de los beneficios se empieza a perder la demanda por mayores impuestos progresivos: servicios para los más pobres serán siempre peores servicios (Horton and Gregory, 2009.) Estas afirmaciones las ejemplifica con los casos de los sistemas nacionales de salud de Reino Unido (universalista) y Estados Unidos (focalizado en los más pobres); el primero calificado como “menos costoso y de mejor calidad” según la Organización Mundial de la Salud.
Haciendo armonizar los varios discursos en pro de la República que hemos escuchado los últimos días, la experta coincide en que las políticas universalistas son un tema de contrato social; afirma quela idea política que está detrás del principio universalista es: de cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Esto quiere decir, provisión para todos (necesidad) financiada con impuestos progresivos (posibilidad). Financiamiento y gasto en el principio universalista están intrínsecamente vinculados. En este contexto, el tema de las prioridades existe solamente en la elección de las dimensiones que desean ser provistas bajo este principio: salud versus educación versus pensiones, entre otros. Los límites del acceso a la provisión son definidos por función y no por costo, por ejemplo, que una persona no-discapacitada no reciba un subsidio de discapacidad no lo hace para ahorrarnos dinero. Por eso, se dice que el universalismo responde a un contrato social entre ciudadanos, mientras que la estrategia de focalización responde al concepto que la provisión de bienes y servicios este organizada por el mercado. En este sentido, el Estado provee servicios sociales solamente cuando el mercado falla.
Al derecho de igualdad en este contexto, se le ofrece un mejor escenario para su pleno ejercicio pues hay mayor crecimiento, prosperidad y competitividad.Wilkinson yPickett (2009), citados por Sanhueza, muestran con un gran número de indicadores desde adicción a las drogas, maternidad adolescente, violencia, obesidad, que sociedades más igualitarias lo hacen mejor en diversas dimensiones. La experiencia de los países escandinavos demuestra que los beneficios universales hacen a las economías más competitivas. La cohesión social, la confianza, y la inclusión promueven el capital social y por lo tanto alimentan la prosperidad colectiva. Esto produce un círculo virtuoso: mayor igualdad y mayor prosperidad.
Ayer por la mañana fuimos testigos de cómo la falta de inversión social eficiente por parte de los gobernantes, hace que toda la población pague los platos rotos: decenas de personas bloquearon las carreteras del país ¡otra vez!.Esto me hizo reflexionar sobre la clase de políticas públicas que Guatemala ha estado implementando desde décadas atrás pese a los pésimos resultados.
Hace algunos días se debatió sobre la pertinencia de crear políticas públicas que beneficien a los ciudadanos por igual, indistintamente de sus capacidades económicas para la adquisición o satisfacción de sus necesidades básicas.
La experta Claudia Sanhueza expuso: “[l]as políticas sociales, en general, tienen como objetivo incluir a los más pobres en el proceso de desarrollo. Para eso hay dos posibles estrategias, la focalización y el principio universalista. En el primer caso, los servicios son provistos solamente para quienes lo necesitan, los más pobres. Por otra parte, el principio universalista es aquel en el que el servicio o bien provisto es un derecho de ciudadanía (T.H. Marshall, Cambridge, 1949). Este puede darse en diferentes grupos de la sociedad –niños, ancianos, jóvenes-, pero no selecciona basado en nivel de ingreso. Esto último es controvertido ¿qué sentido tiene proveer servicios para todos, incluidas las personas ricas?”
Según expuso Sanhueza, la evidencia indica que sistemas universalistas aumentan las posibilidades de salir de la pobreza. Este resultado se conoce como “la paradoja de la redistribución” (Korpi y Palme, 1998), porque es contra-intuitivo encontrar que en sistemas donde los beneficios no están focalizados se encuentre que los grupos de menores ingresos ganan más. Esto se explica por varias razones, entre éstas un argumento de economía política, respecto del cual existe extensa evidencia (Ferreira, 2001,Benabou, 2000, entre otros). En sistemas donde los más ricos no son parte de los beneficios se empieza a perder la demanda por mayores impuestos progresivos: servicios para los más pobres serán siempre peores servicios (Horton and Gregory, 2009.) Estas afirmaciones las ejemplifica con los casos de los sistemas nacionales de salud de Reino Unido (universalista) y Estados Unidos (focalizado en los más pobres); el primero calificado como “menos costoso y de mejor calidad” según la Organización Mundial de la Salud.
Haciendo armonizar los varios discursos en pro de la República que hemos escuchado los últimos días, la experta coincide en que las políticas universalistas son un tema de contrato social; afirma quela idea política que está detrás del principio universalista es: de cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Esto quiere decir, provisión para todos (necesidad) financiada con impuestos progresivos (posibilidad). Financiamiento y gasto en el principio universalista están intrínsecamente vinculados. En este contexto, el tema de las prioridades existe solamente en la elección de las dimensiones que desean ser provistas bajo este principio: salud versus educación versus pensiones, entre otros. Los límites del acceso a la provisión son definidos por función y no por costo, por ejemplo, que una persona no-discapacitada no reciba un subsidio de discapacidad no lo hace para ahorrarnos dinero. Por eso, se dice que el universalismo responde a un contrato social entre ciudadanos, mientras que la estrategia de focalización responde al concepto que la provisión de bienes y servicios este organizada por el mercado. En este sentido, el Estado provee servicios sociales solamente cuando el mercado falla.
Al derecho de igualdad en este contexto, se le ofrece un mejor escenario para su pleno ejercicio pues hay mayor crecimiento, prosperidad y competitividad.Wilkinson yPickett (2009), citados por Sanhueza, muestran con un gran número de indicadores desde adicción a las drogas, maternidad adolescente, violencia, obesidad, que sociedades más igualitarias lo hacen mejor en diversas dimensiones. La experiencia de los países escandinavos demuestra que los beneficios universales hacen a las economías más competitivas. La cohesión social, la confianza, y la inclusión promueven el capital social y por lo tanto alimentan la prosperidad colectiva. Esto produce un círculo virtuoso: mayor igualdad y mayor prosperidad.