El pasado miércoles 12 de noviembre se desarrolló una audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad. El objetivo era escuchar los argumentos de los grupúsculos esos que abusivamente se autonombran “sociedad civil”, los que pretenden que se otorgue amparo definitivo en contra del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones; así como también los de la defensa de algunos magistrados electos, actuando como terceros interesados.
Antes de analizar lo que aconteció, es necesario denunciar que el día jueves 6 de noviembre la activista Carmen Aída Ibarra, de la ONG –irónicamente- llamada “Movimiento Pro Justicia”, se reunió extrajudicialmente en un restaurante de la zona 1 con dos funcionarios de la CC, licenciados Fanuel García y Rubén Herrera, ambos vinculados con la magistrada Gloria Porras. Esta reunión, de la cual hay evidencia fotográfica, llama la atención ya que existen fuertes indicios de tráfico de influencias -¿o incluso posible cohecho?-, probablemente para pactar la resolución final a emitirse la próxima semana.
La primera persona en participar del lado de los amparistas fue Helen Mack. Visiblemente nerviosa únicamente se limitó a leer un documento, hacer comparaciones de notas de evaluación obtenidas por algunos candidatos, y mencionar nombres de otros postulantes que seguramente nunca le solicitaron representación legal. En una parte de su alocución reconoció que ella no es abogada, por lo que planteo estas inocentes preguntas: ¿Qué hacía entonces ella argumentando ante la máxima corte de nuestro país? ¿Acaso la multimillonaria ONG Fundación Myrna Mack, no tiene abogados que puedan hacer un mejor desempeño? ¿O es que acaso, como siempre, lo que pretenden los oenegeros es hacer show, “salir en la foto”, buscar protagonismo para influir y convocar presión extranjera? Al final no me queda más por decir que su participación fue patética, risible, digna de lástima, un fracaso total.
A continuación, el abogado Alejandro Balsells, representando al Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), simplemente se limitó a hablar de la Ley de la Carrera Judicial, la cual cualquier estudiante de 1er. semestre sabe que tiene mucho menor jerarquía que la Constitución Política de la República de Guatemala, jamás por encima de ésta.
Con respecto a la participación de la que yo llamo “Comisión Intrusa Contra la Institucionalidad de Guatemala” (CICIG), debo decir que el abogado costarricense que escogió este organismo espurio como representante, solamente demostró su total desconocimiento de las leyes y las instituciones guatemaltecas. Su mandato principal -y el pretexto con el cual fue impuesta en nuestro país- es que venía a investigar cuerpos paralelos clandestinos enquistados en el Estado. ¿Acaso esos grupitos que se autodenominan “sociedad civil” no son cuerpos paralelos que obtienen financiamiento de nuestros impuestos, y por lo tanto están enquistados en el Estado? Es decir, en lugar de combatirlos pasó a formar parte de los mismos órganos que supuestamente venía a contrarrestar.
Por último, me referiré a la participación del lado de la defensa del orden constitucional. El reconocido profesional Doctor Mario David García –quien realizó está representación de magistrados electos ad honorem debo decirlo-, expuso una serie de postulados jurídicos de forma magistral, una cátedra de Derecho Constitucional bien fundamentada, con argumentos sólidos, incuestionables, citando los artículos torales que han sido violados, principalmente el artículo 208 que se refiere a que los magistrados únicamente pueden permanecer en el cargo 5 AÑOS, ni un día más. También les hizo ver a los magistrados de la CC, que según el artículo 175 todas las resoluciones o leyes emitidas en contra de la Constitución son nulas ipso jure, tal es este caso.
Esta audiencia significó un fracaso total para los intereses ideológicos de la extrema izquierda. Si los magistrados de la CC basan su resolución en derecho, el amparo provisional debe ser revocado de inmediato para proceder a la juramentación y toma de posesión de los magistrados constitucionalmente electos.
El pasado miércoles 12 de noviembre se desarrolló una audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad. El objetivo era escuchar los argumentos de los grupúsculos esos que abusivamente se autonombran “sociedad civil”, los que pretenden que se otorgue amparo definitivo en contra del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones; así como también los de la defensa de algunos magistrados electos, actuando como terceros interesados.
Antes de analizar lo que aconteció, es necesario denunciar que el día jueves 6 de noviembre la activista Carmen Aída Ibarra, de la ONG –irónicamente- llamada “Movimiento Pro Justicia”, se reunió extrajudicialmente en un restaurante de la zona 1 con dos funcionarios de la CC, licenciados Fanuel García y Rubén Herrera, ambos vinculados con la magistrada Gloria Porras. Esta reunión, de la cual hay evidencia fotográfica, llama la atención ya que existen fuertes indicios de tráfico de influencias -¿o incluso posible cohecho?-, probablemente para pactar la resolución final a emitirse la próxima semana.
La primera persona en participar del lado de los amparistas fue Helen Mack. Visiblemente nerviosa únicamente se limitó a leer un documento, hacer comparaciones de notas de evaluación obtenidas por algunos candidatos, y mencionar nombres de otros postulantes que seguramente nunca le solicitaron representación legal. En una parte de su alocución reconoció que ella no es abogada, por lo que planteo estas inocentes preguntas: ¿Qué hacía entonces ella argumentando ante la máxima corte de nuestro país? ¿Acaso la multimillonaria ONG Fundación Myrna Mack, no tiene abogados que puedan hacer un mejor desempeño? ¿O es que acaso, como siempre, lo que pretenden los oenegeros es hacer show, “salir en la foto”, buscar protagonismo para influir y convocar presión extranjera? Al final no me queda más por decir que su participación fue patética, risible, digna de lástima, un fracaso total.
A continuación, el abogado Alejandro Balsells, representando al Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), simplemente se limitó a hablar de la Ley de la Carrera Judicial, la cual cualquier estudiante de 1er. semestre sabe que tiene mucho menor jerarquía que la Constitución Política de la República de Guatemala, jamás por encima de ésta.
Con respecto a la participación de la que yo llamo “Comisión Intrusa Contra la Institucionalidad de Guatemala” (CICIG), debo decir que el abogado costarricense que escogió este organismo espurio como representante, solamente demostró su total desconocimiento de las leyes y las instituciones guatemaltecas. Su mandato principal -y el pretexto con el cual fue impuesta en nuestro país- es que venía a investigar cuerpos paralelos clandestinos enquistados en el Estado. ¿Acaso esos grupitos que se autodenominan “sociedad civil” no son cuerpos paralelos que obtienen financiamiento de nuestros impuestos, y por lo tanto están enquistados en el Estado? Es decir, en lugar de combatirlos pasó a formar parte de los mismos órganos que supuestamente venía a contrarrestar.
Por último, me referiré a la participación del lado de la defensa del orden constitucional. El reconocido profesional Doctor Mario David García –quien realizó está representación de magistrados electos ad honorem debo decirlo-, expuso una serie de postulados jurídicos de forma magistral, una cátedra de Derecho Constitucional bien fundamentada, con argumentos sólidos, incuestionables, citando los artículos torales que han sido violados, principalmente el artículo 208 que se refiere a que los magistrados únicamente pueden permanecer en el cargo 5 AÑOS, ni un día más. También les hizo ver a los magistrados de la CC, que según el artículo 175 todas las resoluciones o leyes emitidas en contra de la Constitución son nulas ipso jure, tal es este caso.
Esta audiencia significó un fracaso total para los intereses ideológicos de la extrema izquierda. Si los magistrados de la CC basan su resolución en derecho, el amparo provisional debe ser revocado de inmediato para proceder a la juramentación y toma de posesión de los magistrados constitucionalmente electos.