A finales del mes pasado, el presidente
Otto Pérez Molina anunció la destitución de dos miembros muy importantes de su
cartera. Por un lado, el ex Ministro de Salud, Jorge Villavicencio y, por el
otro, el interventor de la Dirección General de Migración, Vicente Roca. Tanto
Villavicencio como Roca, fueron destituidos de su cargo por supuestas anomalías
en el manejo de recursos públicos y distintos actos de corrupción.
Sin embargo, la situación es más complicada
que dos destituciones. El último informe de la Contraloría General de Cuentas, órgano
rector del control gubernamental y encargado de fiscalizar los egresos e
ingresos del Estado, enumera un sinfín de denuncias sobre mal manejo de
recursos públicos. El informe subraya anomalías en los ministerios de Salud y
de Cultura y Deportes, y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Según el documento, las tres entidades acumulan 58 observaciones por el manejo
cuestionable de Q319 millones. Además, en lo que va del año, se han presentado
al Ministerio Público 144 denuncias penales contra entidades públicas por mal
manejo de fondos.
Este tipo de situaciones no son novedad
alguna. Guatemala es uno de los países más corruptos de la región. Nuestra nación
ocupa el puesto 123 de 177 en el Índice de Percepción de Corrupción de
Transparencia Internacional del 2013. Lamentablemente, la cleptocracia –
etimológicamente definida como “el dominio de los ladrones”-, ha estado presente en las distintas
administraciones que nos han gobernado a lo largo de los años, envenenando
paulatina pero decididamente todo el sistema. Recordemos que un país donde la
ley y el orden no impera, no prospera porque las reglas del juego se
interpretan en forma flexible para favorecer a quien más pague. Un gobierno permeado
por la cleptocracia, no vela por los intereses de la ciudadanía, sino que lo
dirigen funcionarios que buscan el enriquecimiento personal. De esta manera se
aprovechan de su puesto y abusan de su autoridad para asignar obras a sus
propias empresas, sobrevalorar medicinas, etc. La corrupción no es un crimen
sin víctimas. Las víctimas son muy reales, y somos todos nosotros.
Aunque es meritorio que se expulsen a
funcionarios corruptos, realmente debemos exigir el funcionamiento del sistema
de justicia hacia la condena de aquellos que han violado la ley. Queda pendiente
que se lleve a cabo el debido proceso para llenar cualquier vacío que la
investigación presente
Parte de los derechos humanos universales
de toda persona es la presunción de inocencia, esta establece que todos somos
inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de nuestro país
debemos pasar de la simple retórica acusatoria, sea desde funcionarios o de los
mismos medios de comunicación, a sentencias firmes y bien fundamentadas.
Debemos despertar como ciudadanía y darnos cuenta que podemos acompañar estos
procesos, ya sea en la auditoría social de la fiscalía anticorrupción o
generando observatorios sobre los fallos de las cortes respecto a este tema. Como
guatemaltecos, no podemos seguir viendo a la cleptocracia como algo cotidiano.
Este es un tema que afecta aspectos como la calidad de las asignaciones
presupuestarias, la seguridad ciudadana, la atracción de turismo e inversión
extranjera y acceso a cosas tan importantes y vitales como las medicinas. No
podemos permitir que la cleptocraica robe nuestro futuro.
Más que un callejón sin salida, esta
problemática es una oportunidad para unirnos como ciudadanía. El abordaje
institucional de la corrupción y la veeduría de la erradicación de este flagelo,
nos debe de aglutinar como temática. Quiero aprovechar este espacio para invitarnos
a que juntos, organizaciones de sociedad civil y todos la ciudadanos, nos
unamos alrededor de este esfuerzo. Este no es un tema de clases, ideologías o
sectores, es un tema de corrosión institucional y de viabilidad como país.
Basta ya de ser espectadores pasivos de cómo se hunde este barco. Debemos
exigirle a nuestro sistema de justicia que genere consecuencias para quienes se
sirven vorazmente de la confianza y del poder con que han sido embestidos. Solo
así lograremos terminar con este ciclo vicioso que de tanto nos priva. Les
pregunto de nuevo entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para actuar?
@salva_paiz
A finales del mes pasado, el presidente
Otto Pérez Molina anunció la destitución de dos miembros muy importantes de su
cartera. Por un lado, el ex Ministro de Salud, Jorge Villavicencio y, por el
otro, el interventor de la Dirección General de Migración, Vicente Roca. Tanto
Villavicencio como Roca, fueron destituidos de su cargo por supuestas anomalías
en el manejo de recursos públicos y distintos actos de corrupción.
Sin embargo, la situación es más complicada
que dos destituciones. El último informe de la Contraloría General de Cuentas, órgano
rector del control gubernamental y encargado de fiscalizar los egresos e
ingresos del Estado, enumera un sinfín de denuncias sobre mal manejo de
recursos públicos. El informe subraya anomalías en los ministerios de Salud y
de Cultura y Deportes, y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Según el documento, las tres entidades acumulan 58 observaciones por el manejo
cuestionable de Q319 millones. Además, en lo que va del año, se han presentado
al Ministerio Público 144 denuncias penales contra entidades públicas por mal
manejo de fondos.
Este tipo de situaciones no son novedad
alguna. Guatemala es uno de los países más corruptos de la región. Nuestra nación
ocupa el puesto 123 de 177 en el Índice de Percepción de Corrupción de
Transparencia Internacional del 2013. Lamentablemente, la cleptocracia –
etimológicamente definida como “el dominio de los ladrones”-, ha estado presente en las distintas
administraciones que nos han gobernado a lo largo de los años, envenenando
paulatina pero decididamente todo el sistema. Recordemos que un país donde la
ley y el orden no impera, no prospera porque las reglas del juego se
interpretan en forma flexible para favorecer a quien más pague. Un gobierno permeado
por la cleptocracia, no vela por los intereses de la ciudadanía, sino que lo
dirigen funcionarios que buscan el enriquecimiento personal. De esta manera se
aprovechan de su puesto y abusan de su autoridad para asignar obras a sus
propias empresas, sobrevalorar medicinas, etc. La corrupción no es un crimen
sin víctimas. Las víctimas son muy reales, y somos todos nosotros.
Aunque es meritorio que se expulsen a
funcionarios corruptos, realmente debemos exigir el funcionamiento del sistema
de justicia hacia la condena de aquellos que han violado la ley. Queda pendiente
que se lleve a cabo el debido proceso para llenar cualquier vacío que la
investigación presente
Parte de los derechos humanos universales
de toda persona es la presunción de inocencia, esta establece que todos somos
inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de nuestro país
debemos pasar de la simple retórica acusatoria, sea desde funcionarios o de los
mismos medios de comunicación, a sentencias firmes y bien fundamentadas.
Debemos despertar como ciudadanía y darnos cuenta que podemos acompañar estos
procesos, ya sea en la auditoría social de la fiscalía anticorrupción o
generando observatorios sobre los fallos de las cortes respecto a este tema. Como
guatemaltecos, no podemos seguir viendo a la cleptocracia como algo cotidiano.
Este es un tema que afecta aspectos como la calidad de las asignaciones
presupuestarias, la seguridad ciudadana, la atracción de turismo e inversión
extranjera y acceso a cosas tan importantes y vitales como las medicinas. No
podemos permitir que la cleptocraica robe nuestro futuro.
Más que un callejón sin salida, esta
problemática es una oportunidad para unirnos como ciudadanía. El abordaje
institucional de la corrupción y la veeduría de la erradicación de este flagelo,
nos debe de aglutinar como temática. Quiero aprovechar este espacio para invitarnos
a que juntos, organizaciones de sociedad civil y todos la ciudadanos, nos
unamos alrededor de este esfuerzo. Este no es un tema de clases, ideologías o
sectores, es un tema de corrosión institucional y de viabilidad como país.
Basta ya de ser espectadores pasivos de cómo se hunde este barco. Debemos
exigirle a nuestro sistema de justicia que genere consecuencias para quienes se
sirven vorazmente de la confianza y del poder con que han sido embestidos. Solo
así lograremos terminar con este ciclo vicioso que de tanto nos priva. Les
pregunto de nuevo entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para actuar?
@salva_paiz