En el liberalismo existe una corriente que defiende la desaparición absoluta del Estado, ellos son los anarcocapitalistas. Según explican, los servicios de seguridad (policía y ejército) y justicia pública pueden ser mejor brindados por empresas privadas. La visión anarcocapitalista se puede resumir en una frase de Murray Rothbard, uno de sus mayores exponentes: las funciones del Estado se dividen en dos: aquellas que se deben eliminar y aquellas que se deben privatizar. El anarcocapitalismo podría tomarse como la conclusión lógica más radical del liberalismo: si los liberales proponemos un Estado mínimo, ¿por qué no ir un paso más allá y desaparecerlo de una vez por todas? Suena interesante, pero no es así de fácil.

Harry Binswanger lo dejó claro en su columna en Forbes “Sorry Libertarian Anarchists, Capitalismo Requires Government”. Su argumento es que los anarcocapitalistas no hacen una distinción crucial entre el intercambio y la fuerza, dos realidades absolutamente contrarias:  “La producción es la creación del valor, y el comercio es el intercambio voluntario de valor por valor para beneficio mutuo. La fuerza es destrucción o la amenaza de ello”, en consecuencia la fuerza no puede ser una función empresarial. La competencia en el uso de la fuerza implicaría competencia en subyugar a otros, competencia en hacer a otros obedecer órdenes. La economía capitalista es el intercambio voluntaria entre dos personas que obtienen un beneficio mutuo, es un gana-gana; la competencia de la fuerza sería una competencia para ver quién logra ordenar y quien debe obedecer; es un gana-pierde. El uso de la fuerza debe ser un monopolio del Estado que despeje el campo de criminales para que el capitalismo se pueda desarrollar.

El argumento de Binswanger es válido. Yo agregaría otros tantos. La primera pregunta que se le debe hacer a un anarcocapitalista es por qué suponer que la libre competencia obligaría a las empresas a brindar seguridad y justicia bajo  principios liberales. ¿Las empresas respetarían el debido proceso? ¿Presumirían inocente al acusado hasta que en sentencia se pruebe lo contrario? ¿Privarían al demandado de sus derechos sólo luego de haber sido oído, citado y condenado en juicio? Una empresa podría reducir el tiempo de un juicio, y en consecuencia los costos, si hace caso omiso a estos principios.

Otro asunto a ponderar es la legitimidad de las autoridades. ¿Qué obligación tiene una persona a reconocer como legítimo al tribunal que lo condena y en consecuencia qué obligación tiene de cumplir la sentencia? En materia mercantil hay un claro ejemplo de justicia no estatal, el arbitraje, donde controversias entre empresarios son resueltas por una autoridad que no es juez de algún Estado. La diferencia es que en estos casos ambas partes han decidido voluntariamente someter cualquier conflicto al conocimiento de un árbitro que ellos mismos proponen, reconociendo así la legitimidad del árbitro. Nunca podría pasar tal cosa en materia penal, porque quien comete un delito, su intención es evadir la consecuencia que la ley establece a su acto. No me imagino un escenario en el que el violador, el asesino, el terrorista, llegue a un acuerdo con la víctima para decidir qué empresa privada lo habrá de juzgar. El criminal comete el delito y espera no ser descubierto. Dudo mucho que el delincuente reconozca la legitimidad del tribunal o de la sentencia que lo condene.

La sustitución de los servicios Estatales por empresas privadas podría derivar en anarquía, una guerra de todos contra todos. El Estado es necesario, pero siempre significará una amenaza para toda la humanidad, de ahí la frase: el precio de la libertad es su eterna vigilancia.