Redacción
21 de febrero, 2014
Las dudas que se ciernen sobre determinados miembros de las autodefensas y su posible vinculación con los carteles ha desatado numerosas críticas tanto hacia el gobierno como hacia las autodefensas. Ha habido una condena general ante la posibilidad de que el gobierno federal estuviera negociando con miembros de las autodefensas que podrían haber estado o estuvieran vinculados con diferentes cárteles. Las autoridades gubernamentales, por su parte, han legitimado la legalización de las autodefensas con el argumento de que sus integrantes no son criminales, ni ladrones, ni extorsionadores, sino honrados ciudadanos.
Sin embargo, la mayoría de las veces, los argumentos para demostrar estas afirmaciones no han sido muy sólidas. Este ha sido el caso de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, quien apeló a su experiencia e intuición para respaldar dichas aseveraciones. El tema ha hecho correr ríos de tinta y estas declaraciones no han logrado convencer demasiado a la opinión pública. Sin embargo sin pretender negar la importancia del asunto, lo cierto es que ha opacado un debate previo y de extraordinaria relevancia, como es la solución aportada, por el gobierno, para resolver la propia existencia de las autodefensas. La solución, en parte, se ha basado en reconocer a éstas como Cuerpos de Defensa Rurales. Un cuerpo contemplado en una antigua ley, mediante la cual se establece la colaboración de cuerpos de ciudadanos con las FAS y la posibilidad de que quien lo desee forme parte de la policía local.
Ciertamente las razones que han inducido a los ciudadanos a crear cuerpos armados para defenderse del crimen organizado pueden ser legítimas, sin embargo no hay que olvidar que también son ilegales. Ante la extorsión, los secuestros y/o las desapariciones y la falta absoluta de protección estatal y federal, por omisión o por la complicidad de éstas con los cárteles, la ciudadanía tomó la decisión de armarse y en última instancia desempeñar funciones que sólo corresponden al Estado. Este es la razón que explica la ilegalidad tanto de su existencia, como de sus acciones. Por este motivo por mucho que, durante meses, los líderes de las autodefensas insistieran en que no iban contra el Estado, su propia existencia era una auténtica contradicción con tan reiterada afirmación.
Esta cuestión obliga a reflexionar con detenimiento en las implicaciones del acuerdo firmado el 27 de enero donde se contempla la conversión de las autodefensas en Cuerpos de Defensa Rurales. Ciertamente la recuperación de esta figura legal ha sido un acto que demuestra extraordinaria habilidad política y gran pragmatismo por parte del gobierno. Sin duda la actuación ha sido impecable. De tener grupos de ciudadanos armados cuya existencia no sólo ponía en evidencia la incapacidad estatal para realizar sus funciones más básicas, sino que cuestionaba sus fundamentos existenciales, como el monopolio de la fuerza, ahora, de un plumazo, han pasado a formar parte del Estado.
Sin embargo el análisis no puede quedar ahí. Más allá de la decisión política, cabe plantearse si realmente los nuevos Cuerpos de Defensa Rurales cumplirán sus cometidos, como colaboradores de las autoridades y sometidos a ellas. No hay muchos motivos para pensar que quién se ha tomado la justicia por su mano, justificadas por la incapacidad de las instituciones estatales, ahora sea capaz de someterse a la legalidad y creer en la eficacia de éstas. Por el mismo motivo tampoco hay garantías de que vayan a prescindir, por ejemplo, del armamento ilegal que utilizaban, y del poder que les otorgaba, aunque deban entregarlas, por ser de uso exclusivo de las FAS. Aunque todo sea dicho de paso, todavía no las han entregado. Todas estas incertidumbres se potencian cuando además no están claros los mecanismos de control de estos cuerpos ya que la propia ley no es muy explícita en este sentido, ni tampoco está muy claro la propia capacidad de control del Estado, en vista de su debilidad, más allá de lo que regule dicha ley.
No sólo eso, estas dudas se suscitan respecto a Michoacán, donde se ha aplicado esta política. Pero y en otros estados donde parece la ciudadanía se está organizando de manera similar?. Es recomendable la generalización de esta solución para el resto de la república?. Llegados a este punto y a las posibles implicaciones que puede tener mantener a las autodefensas, aún como aliadas del Estado, parece, aunque importante, secundario en todo caso las posibles vinculaciones de algunos de sus miembros con los carteles. La situación puede complicarse extraordinariamente aunque los nuevos Cuerpos de Defensa Rurales, estén integrados por honrados ciudadanos, ya que éstos siguen armados, desconfían del Estado y hasta ahora consideran que ellos han sido más eficientes que las autoridades competentes para combatir a los carteles. Por todo ello no puede dejar de contemplarse la posibilidad que finalmente el Estado, aun involuntariamente, pueda llegar a favorecer la creación de cuerpos paramilitares con cobertura legal, pero que no pueda controlar. Como tampoco ha sido capaz de controlar, por su debilidad, la extensión del crimen organizado
*Sonia Alda, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (España)
Redacción
21 de febrero, 2014
Las dudas que se ciernen sobre determinados miembros de las autodefensas y su posible vinculación con los carteles ha desatado numerosas críticas tanto hacia el gobierno como hacia las autodefensas. Ha habido una condena general ante la posibilidad de que el gobierno federal estuviera negociando con miembros de las autodefensas que podrían haber estado o estuvieran vinculados con diferentes cárteles. Las autoridades gubernamentales, por su parte, han legitimado la legalización de las autodefensas con el argumento de que sus integrantes no son criminales, ni ladrones, ni extorsionadores, sino honrados ciudadanos.
Sin embargo, la mayoría de las veces, los argumentos para demostrar estas afirmaciones no han sido muy sólidas. Este ha sido el caso de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, quien apeló a su experiencia e intuición para respaldar dichas aseveraciones. El tema ha hecho correr ríos de tinta y estas declaraciones no han logrado convencer demasiado a la opinión pública. Sin embargo sin pretender negar la importancia del asunto, lo cierto es que ha opacado un debate previo y de extraordinaria relevancia, como es la solución aportada, por el gobierno, para resolver la propia existencia de las autodefensas. La solución, en parte, se ha basado en reconocer a éstas como Cuerpos de Defensa Rurales. Un cuerpo contemplado en una antigua ley, mediante la cual se establece la colaboración de cuerpos de ciudadanos con las FAS y la posibilidad de que quien lo desee forme parte de la policía local.
Ciertamente las razones que han inducido a los ciudadanos a crear cuerpos armados para defenderse del crimen organizado pueden ser legítimas, sin embargo no hay que olvidar que también son ilegales. Ante la extorsión, los secuestros y/o las desapariciones y la falta absoluta de protección estatal y federal, por omisión o por la complicidad de éstas con los cárteles, la ciudadanía tomó la decisión de armarse y en última instancia desempeñar funciones que sólo corresponden al Estado. Este es la razón que explica la ilegalidad tanto de su existencia, como de sus acciones. Por este motivo por mucho que, durante meses, los líderes de las autodefensas insistieran en que no iban contra el Estado, su propia existencia era una auténtica contradicción con tan reiterada afirmación.
Esta cuestión obliga a reflexionar con detenimiento en las implicaciones del acuerdo firmado el 27 de enero donde se contempla la conversión de las autodefensas en Cuerpos de Defensa Rurales. Ciertamente la recuperación de esta figura legal ha sido un acto que demuestra extraordinaria habilidad política y gran pragmatismo por parte del gobierno. Sin duda la actuación ha sido impecable. De tener grupos de ciudadanos armados cuya existencia no sólo ponía en evidencia la incapacidad estatal para realizar sus funciones más básicas, sino que cuestionaba sus fundamentos existenciales, como el monopolio de la fuerza, ahora, de un plumazo, han pasado a formar parte del Estado.
Sin embargo el análisis no puede quedar ahí. Más allá de la decisión política, cabe plantearse si realmente los nuevos Cuerpos de Defensa Rurales cumplirán sus cometidos, como colaboradores de las autoridades y sometidos a ellas. No hay muchos motivos para pensar que quién se ha tomado la justicia por su mano, justificadas por la incapacidad de las instituciones estatales, ahora sea capaz de someterse a la legalidad y creer en la eficacia de éstas. Por el mismo motivo tampoco hay garantías de que vayan a prescindir, por ejemplo, del armamento ilegal que utilizaban, y del poder que les otorgaba, aunque deban entregarlas, por ser de uso exclusivo de las FAS. Aunque todo sea dicho de paso, todavía no las han entregado. Todas estas incertidumbres se potencian cuando además no están claros los mecanismos de control de estos cuerpos ya que la propia ley no es muy explícita en este sentido, ni tampoco está muy claro la propia capacidad de control del Estado, en vista de su debilidad, más allá de lo que regule dicha ley.
No sólo eso, estas dudas se suscitan respecto a Michoacán, donde se ha aplicado esta política. Pero y en otros estados donde parece la ciudadanía se está organizando de manera similar?. Es recomendable la generalización de esta solución para el resto de la república?. Llegados a este punto y a las posibles implicaciones que puede tener mantener a las autodefensas, aún como aliadas del Estado, parece, aunque importante, secundario en todo caso las posibles vinculaciones de algunos de sus miembros con los carteles. La situación puede complicarse extraordinariamente aunque los nuevos Cuerpos de Defensa Rurales, estén integrados por honrados ciudadanos, ya que éstos siguen armados, desconfían del Estado y hasta ahora consideran que ellos han sido más eficientes que las autoridades competentes para combatir a los carteles. Por todo ello no puede dejar de contemplarse la posibilidad que finalmente el Estado, aun involuntariamente, pueda llegar a favorecer la creación de cuerpos paramilitares con cobertura legal, pero que no pueda controlar. Como tampoco ha sido capaz de controlar, por su debilidad, la extensión del crimen organizado
*Sonia Alda, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (España)