Volviendo a los detalles, primero: el titular dice “desde cárcel ordena plagio”, es decir los delitos fueron cometidos por individuos que ya fueron previamente perseguidos por el MP, condenados por juez y puestos a disposición del Ministerio de Gobernación. Segundo: “un integrante de la banda permaneció 20 días en la finca”, la nota no aclara bajo qué condiciones, pero sí deja claro que uno de los delincuentes estuvo en propiedad privada de la víctima por casi tres semanas, y tampoco menciona que tanto el Presidente Otto Pérez Molina como la misma Fiscal Claudia Paz y Paz recibieron denuncias varios meses atrás de un atentado sufrido por la misma familia. Por lo tanto, la duda es si el secuestro pudo haberse evitado con inteligencia e investigación previa, ya que las autoridades contaron con el tiempo suficiente para ello. Tercero: la nota menciona que “Benjamín Ax García, alias Mincho, informaba sobre la forma en que operarían”, agregando que “este también es vinculado con invasiones de terrenos”, es decir, vinculado a otro tipo de delitos como el delito usurpación. 

Esto último es importante porque lo que no dice la nota es que también en esas mismas reuniones, con el Presidente y con la Fiscal, se solicitó la intervención al más alto nivel y con todo el imperio de la Ley para investigar la situación y posibles vinculaciones con grupos criminales que pudieran tener presuntos usurpadores en las invasiones a la propiedad privada en el área. Se insistió en que la problemática en el área de Izabal y Alta Verapaz no es un problema de conflictividad y debe ser abordado como tal, como un problema de seguridad. 

Según datos oficiales de la SAA se registran aproximadamente 257 casos de usurpación o invasiones a la propiedad privada por año, concentrándose principalmente en los departamentos de Alta Verapaz, con 98 casos, Quiché, con 64, e Izabal, con 37. Y el 50% de estos casos delictivos y de violación del Estado de Derecho son acompañados por alguna autodenominada organización campesina como CONIC, con el 55%, y CUC y UVOC, con 21% cada una. Todos, datos que también conoce el Presidente de primera mano, al igual que la Fiscal. 

Ante lo descrito en la nota de prensa mencionada, el MP tiene la obligación de ampliar la investigación y los posibles vínculos de estas bandas criminales con grupos que se dedican a invadir propiedad privada en el área y determinar con evidencia si, ¿son infiltrados?, ¿es parte del modus operandi?, ¿tienen las usurpaciones e invasiones otros fines?, ¿qué otros delitos están asociados?, ¿cuántos más habrán?, ¿qué tanto saben y callan los “activistas” del lugar? ¿pertenecerá este individuo a uno de esos grupos que Brunori defiende a capa y espada? 

Por último, ¿habrá incurrido la Fiscal del MP y el mismo Presidente de la República en negligencia o en algún otro delito que los haga corresponsables de un secuestro, de una muerte? Cada muerte, cada secuestro, cada usurpación, pueden evitarse haciendo valer el imperio de la ley.