Una acción concreta, de corto plazo en su implementación pero de largo plazo en impacto, y de beneficio para todos, es la urgente revisión de la normativa de carreteras, que debe incluir desde el diseño, aprobación, construcción, supervisión y mantenimiento de las mismas. Incluyendo las condiciones de planificación, licitación, asignación, contratación, anticipos, fianzas, recepción, y auditorías externas. 

El estado actual y el abandono de la infraestructura trasciende a varios gobiernos en donde mediocremente, unos tras otros, han venido barriendo la basura debajo de la alfombra y haciéndose de la vista gorda -no sólo sobre la falta de avances en algunos casos, sino en otros casos, con relación a la mala calidad de la obra contratada, entregada, pagada, reparada y vuelta a reparar- sin que exista responsabilidad alguna. 

La contratación para la construcción de algunas carreteras se hace para que duren hasta 20 años. Sin embargo, en todo el país podemos ver casos como el de la CA-1 Occidente -que es la ruta que conecta con el Altiplano y que utilizan diariamente miles de micro y pequeños productores del interior de la República para transportar sus productos, y por donde se trasladan miles de turistas que visitan el país- en donde más de 150 planchas de algunos tramos inaugurados no hace más de 3 o 4 años, o incluso algunos más recientes, están dañados y se hace necesaria la reparación, elevando aún más el costo real de las mismas. 

Lo mismo sucede con la carretera de la autopista que viene de Puerto Quetzal a Escuintla, en donde todos los días miles de productos de pequeños comercios, y materias primas de las industrias son transportados hacia las plantas de producción o hacia sus centros de distribución, encareciendo para importadores, exportadores y transportistas los costos, y los precios de los productos para todos los consumidores, que además de tener que comprar más caro, también tenemos que seguir pagando con nuestros impuestos estas carreteras.

Otro ejemplo es el proyecto que, según mi estimación no supera los 200 kilómetros de construcción, incluyendo un puente en el área del Valle del Polochic. Proyecto que fue contratado con un préstamo del Gobierno de Japón, hace ya más de seis años, y después de varios gobiernos, no solamente no ha sido terminada, si no ya se pueden observar daños, que requerirán reparaciones y por supuesto más costos. Este ejemplo es importante, ya que esta carretera conectará comunidades enteras de los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, además permitirá transportar de manera más eficiente los productos, mejorando la competitividad de inversionistas que ya están en Guatemala, que ya están invirtiendo en el país, y lo más importante, que ya están generando más de 3 mil 500 empleos directos y más de 12 mil indirectos. 

Es urgente, “pa´quete alcance” que la calidad se garantice para que tengamos carreteras competitivas. Y por supuesto, la mejor manera de lograrlo sería a través de concesiones privadas que permitan una verdadera competencia dejando en el mercado sólo a quienes puedan competir y elimine el incentivo de la corrupción que está detrás del sistema actual.