Constantemente vemos como se trasladan reos desde los centros de privación de libertad a la Torre de Tribunales EN LAS HORAS PICO DEL TRÁFICO, vulnerando la integridad de miles de personas que día a día luchan contra el caos vial y además deben evitar ser blanco de la irresponsabilidad de algún funcionario.
Y esta semana ocurrió nuevamente un caso paradigmático de lo que NO debe ser: el martes se trasladó a Juan Ortíz, alias Chamalé, al Hospital General San Juan de Dios por dolencias médicas. Como si fuera poco, todos los medios de comunicación (radiales particularmente) se dedicaron a dar seguimiento a la presencia del privado de libertad, en una clara irresponsabilidad social.
Algunos medios de comunicación evidenciaron carecer de principios que guíen un actuar donde se valore la vida de las personas antes que la primicia. Una total irresponsabilidad las emisiones permanentes de la ubicación de Chamalé, poniendo en riesgo la vida de muchas personas que además no pudieron accesar al servicio público de salud porque el San Juan fue cerrado temporalmente para atender “en exclusiva” al reo (argumentando peligro de fuga).
Pero más grave que un Sistema movilice en las condiciones que lo hizo a un privado de alto riesgo (más que por sus supuestos delitos por las consecuencias que podrían ocurrir si terceros intentaran su liberación o venganzas). En el Sistema Penitenciario existía, hace algunos años, una unidad de análisis e inteligencia penitenciaria, que se dedicaba a analizar información para evitar los escenarios con mayor nivel de riesgo. Lo ocurrido esta semana me hace pensar que dicha unidad ha sido desmantelada, o al menos debilitada en su máxima expresión.
Luego, el día jueves, para seguir abonando al contexto, fuimos testigos de un campo pagado por Juan Ortíz, a página completa en un medio de comunicación escrito de alta circulación, donde expone las razones por las que considera haber sido “ilegalmente privado de su libertad”. Un caso que puede dejar asombrado a cualquiera por varias razones: primero, la facilidad de los privados de libertad a los recursos, medios y canales para hacer una publicación de esa magnitud; y segundo, los argumentos utilizados para cuestionar la institucionalidad de justicia en Guatemala (grave, independientemente del perfil del reo que se trate).
Todos estos acontecimientos, aunque parecen aislados evidencian la gravedad de la situación en seguridad, justicia y persecución penal que enfrentamos en Guatemala… ¡y ante la que nadie parece reaccionar! ¿O será que estamos tan gravemente acostumbrados a la crisis?
Constantemente vemos como se trasladan reos desde los centros de privación de libertad a la Torre de Tribunales EN LAS HORAS PICO DEL TRÁFICO, vulnerando la integridad de miles de personas que día a día luchan contra el caos vial y además deben evitar ser blanco de la irresponsabilidad de algún funcionario.
Y esta semana ocurrió nuevamente un caso paradigmático de lo que NO debe ser: el martes se trasladó a Juan Ortíz, alias Chamalé, al Hospital General San Juan de Dios por dolencias médicas. Como si fuera poco, todos los medios de comunicación (radiales particularmente) se dedicaron a dar seguimiento a la presencia del privado de libertad, en una clara irresponsabilidad social.
Algunos medios de comunicación evidenciaron carecer de principios que guíen un actuar donde se valore la vida de las personas antes que la primicia. Una total irresponsabilidad las emisiones permanentes de la ubicación de Chamalé, poniendo en riesgo la vida de muchas personas que además no pudieron accesar al servicio público de salud porque el San Juan fue cerrado temporalmente para atender “en exclusiva” al reo (argumentando peligro de fuga).
Pero más grave que un Sistema movilice en las condiciones que lo hizo a un privado de alto riesgo (más que por sus supuestos delitos por las consecuencias que podrían ocurrir si terceros intentaran su liberación o venganzas). En el Sistema Penitenciario existía, hace algunos años, una unidad de análisis e inteligencia penitenciaria, que se dedicaba a analizar información para evitar los escenarios con mayor nivel de riesgo. Lo ocurrido esta semana me hace pensar que dicha unidad ha sido desmantelada, o al menos debilitada en su máxima expresión.
Luego, el día jueves, para seguir abonando al contexto, fuimos testigos de un campo pagado por Juan Ortíz, a página completa en un medio de comunicación escrito de alta circulación, donde expone las razones por las que considera haber sido “ilegalmente privado de su libertad”. Un caso que puede dejar asombrado a cualquiera por varias razones: primero, la facilidad de los privados de libertad a los recursos, medios y canales para hacer una publicación de esa magnitud; y segundo, los argumentos utilizados para cuestionar la institucionalidad de justicia en Guatemala (grave, independientemente del perfil del reo que se trate).
Todos estos acontecimientos, aunque parecen aislados evidencian la gravedad de la situación en seguridad, justicia y persecución penal que enfrentamos en Guatemala… ¡y ante la que nadie parece reaccionar! ¿O será que estamos tan gravemente acostumbrados a la crisis?