Para que una sociedad libre verdaderamente exista, es necesario evaluar el sistema de justicia y rescatar las instituciones que lo conforman: la formación, la integración y la independencia de los Jueces, la profesionalización y el fortalecimiento del Ministerio Público. Solo así podremos aspirar a que el imperio de la ley sea una realidad para todos, sin excepciones.
Estoy segura que muchos estamos de acuerdo con esta afirmación a primera vista. Sin embargo, hay que dejar en claro que rescatar no es lo mismo que controlar. Especialmente cuando estamos a un mes de la elección del cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público que por mandato constitucional, corresponde al Presidente de la República y a nadie más; quien a su vez debe actuar como depositario de la soberanía ciudadana. Subrayo y repito -ante las inapropiadas muestras de intervención que funcionarios de otros países han efectuado sobre el proceso actual, mostrando un evidente irrespeto hacia los soberanos ciudadanos guatemaltecos- que no corresponde a nadie más que al Presidente dicha elección.
Las importantes contribuciones que los países como Estados Unidos o los de la Unión Europea (con los impuestos de sus ciudadanos trabajadores) han brindado a Guatemala ya sea en dinero o en capacidades técnicas para modernizar el MP, capacitar y entrenar a jueces y policías, entre otras muchas acciones, en definitiva han sido valiosas y deben ser reconocidas y apreciadas como tal. No obstante, eso no le da el derecho a funcionario de Estado alguno, a querer intervenir, manipular y menos a querer ejercer control sobre nuestras decisiones soberanas.
Controlar, según definición de la DRAE es: “ejercer el control”, “moderarse”. Y para la palabra rescatar se encuentran varias definiciones: “recoger por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y, por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena”, también “liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión”, “recobrar el tiempo o la ocasión perdidos” “recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado, o perdido”.
Guatemala se encuentra desde hace varios años en el puesto número 70 del índice de Estados Fallidos, que mide 12 factores, incluyendo, entre otros, el debilitamiento del Estado de Derecho con un puntaje de 6.6, y, la intervención de actores externos, en donde aparecemos con una calificación de 5.1, mientras que países como Estados Unidos y algunos países de la UE, como Francia, Italia, España, y Alemania (que por cierto aparecen entre los de menor riesgo de ser failed state), aparecen en estos mismos factores calificados con puntajes en un rango de 1 a 2 para debilitamiento de Estado de Derecho y entre 2.2 y 3.2 en intervención externa.
En mi opinión, las declaraciones, comunicados de prensa y foros organizados por los Gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, sobre el proceso de elección a Fiscal General constituyen un intento de control e intervención. Por lo que, en ejercicio responsable de mi ciudadanía soberana, respetuosamente, exijo a los representantes de estos países que no intervengan en nuestros asuntos internos, y que respeten nuestro legítimo intento ciudadano por el rescate del sistema de justicia, para que ni la comunidad internacional, ni gobiernos extranjeros, ni mafias, ni nadie, pretendan seguir controlando las instituciones públicas, en especial las obligadas a velar por el Estado de Derecho, el imperio de la Ley y la aplicación pronta y cumplida de la justicia.
El verdadero rescate del sistema de justicia, debe centrarse en el rescate y fortalecimiento de las instituciones, retomar la reforma del servicio civil es impostergable para lograrlo.
Para que una sociedad libre verdaderamente exista, es necesario evaluar el sistema de justicia y rescatar las instituciones que lo conforman: la formación, la integración y la independencia de los Jueces, la profesionalización y el fortalecimiento del Ministerio Público. Solo así podremos aspirar a que el imperio de la ley sea una realidad para todos, sin excepciones.
Estoy segura que muchos estamos de acuerdo con esta afirmación a primera vista. Sin embargo, hay que dejar en claro que rescatar no es lo mismo que controlar. Especialmente cuando estamos a un mes de la elección del cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público que por mandato constitucional, corresponde al Presidente de la República y a nadie más; quien a su vez debe actuar como depositario de la soberanía ciudadana. Subrayo y repito -ante las inapropiadas muestras de intervención que funcionarios de otros países han efectuado sobre el proceso actual, mostrando un evidente irrespeto hacia los soberanos ciudadanos guatemaltecos- que no corresponde a nadie más que al Presidente dicha elección.
Las importantes contribuciones que los países como Estados Unidos o los de la Unión Europea (con los impuestos de sus ciudadanos trabajadores) han brindado a Guatemala ya sea en dinero o en capacidades técnicas para modernizar el MP, capacitar y entrenar a jueces y policías, entre otras muchas acciones, en definitiva han sido valiosas y deben ser reconocidas y apreciadas como tal. No obstante, eso no le da el derecho a funcionario de Estado alguno, a querer intervenir, manipular y menos a querer ejercer control sobre nuestras decisiones soberanas.
Controlar, según definición de la DRAE es: “ejercer el control”, “moderarse”. Y para la palabra rescatar se encuentran varias definiciones: “recoger por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y, por extensión, cualquier cosa que pasó a mano ajena”, también “liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión”, “recobrar el tiempo o la ocasión perdidos” “recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado, o perdido”.
Guatemala se encuentra desde hace varios años en el puesto número 70 del índice de Estados Fallidos, que mide 12 factores, incluyendo, entre otros, el debilitamiento del Estado de Derecho con un puntaje de 6.6, y, la intervención de actores externos, en donde aparecemos con una calificación de 5.1, mientras que países como Estados Unidos y algunos países de la UE, como Francia, Italia, España, y Alemania (que por cierto aparecen entre los de menor riesgo de ser failed state), aparecen en estos mismos factores calificados con puntajes en un rango de 1 a 2 para debilitamiento de Estado de Derecho y entre 2.2 y 3.2 en intervención externa.
En mi opinión, las declaraciones, comunicados de prensa y foros organizados por los Gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, sobre el proceso de elección a Fiscal General constituyen un intento de control e intervención. Por lo que, en ejercicio responsable de mi ciudadanía soberana, respetuosamente, exijo a los representantes de estos países que no intervengan en nuestros asuntos internos, y que respeten nuestro legítimo intento ciudadano por el rescate del sistema de justicia, para que ni la comunidad internacional, ni gobiernos extranjeros, ni mafias, ni nadie, pretendan seguir controlando las instituciones públicas, en especial las obligadas a velar por el Estado de Derecho, el imperio de la Ley y la aplicación pronta y cumplida de la justicia.
El verdadero rescate del sistema de justicia, debe centrarse en el rescate y fortalecimiento de las instituciones, retomar la reforma del servicio civil es impostergable para lograrlo.