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¿Justicia popular?

Redacción República
23 de abril, 2014

La conducta de los guatemaltecos manifiesta una progresiva propensión a la agresividad y las preferencias de grupo, en detrimento de la racionalidad y la prudencia, lo que provoca un ambiente tenso e intensifica la polarización de sus ciudadanos. 

La reciente resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, relacionada con una queja planteada contra la juez Jassmín Barrios, ha puesto en evidencia cómo crecientemente organizaciones ciudadanas e instancias internacionales, emiten opiniones ruidosas en favor o en contra de resoluciones inicialmente emitidas por órganos competentes pero pendientes de apelarse a través de los recursos e impugnaciones establecidas por ley. 
En otras palabras, se está pretendiendo sustituir el criterio de las instancias designadas para revisar esas decisiones para confirmar o no si la resolución originaria cumple con los principios y normas establecidas, por los designios parcializados que intentan imponerse mostrando su poder. 
Se ha confundido lo que es el ejercicio de una ciudadanía activa, comprometida con el bienestar del país, con una conducta agresiva y de fuerza, que busca controlar las decisiones que competen a los órganos legítimos establecidos para dirimir esos conflictos en el marco de la ley, y se protesta sin dar oportunidad a esos órganos para que decidan libremente lo que corresponde en el marco de la independencia y la imparcialidad. 
 Asimismo se ha desvirtuado la potestad de los órganos internacionales, competentes en virtud de tratados y convenios suscritos y ratificados por Guatemala, así como su misión de colaborar al fortalecimiento de un Estado que capaz de responder a los compromisos establecidos en los referidos instrumentos en beneficio de todos los guatemaltecos. 
Llama la atención el hecho que durante los últimos 29 años la ciudadanía ha elegido mediante el ejercicio de su soberanía, a las más altas autoridades, dentro de un marco electoral supervisado por distintas organizaciones, sin que se cuestionaran los procesos mediante los cuales fueron electas autoridades como el Presidente y Vicepresidente (Organismo Ejecutivo), Diputados (Legislativo) y Alcaldes (Municipalidades). Son por lo tanto, autoridades legítimas. Como es conocido, la elección del mas importante poder, el Organismo Judicial, no depende directamente del voto ciudadano. 
¿De dónde pues, la solvencia para la promoción de campañas mediáticas destinadas a inclinar la balanza en favor de sentencias de culpabilidad o inocencia de cualquier persona sindicada y conforme a las pasiones del activismo espectacular, en vez de fortalecer las capacidades de las instituciones democráticamente constituidas? 
El problema más serio es que lejos de contribuirse al fortalecimiento institucional mediante el apoyo a las instancias legítimamente constituidas y dirigidas conforme a la ley, se está fomentando el desorden y debilitando las instituciones favoreciendo un activismo que se impone por la vía de los hechos o de la presión mediática. 
Uno se pregunta, si los jueces y magistrados debieran entonces omitir el análisis jurídico y el sustento razonado de sus decisiones conforme a Derecho. para simplemente dedicarse a obedecer las exigencias de poderes de facto y resolver de acuerdo a los criterios que se demandan y complacer así a las mayorías vociferantes. Será que solo debieran formalizar y darle cuerpo a las decisiones pre-establecidas por esas organizaciones propias y extrañas? 
Ciertamente, la ciudadanía tiene razones para la inconformidad con el desempeño de autoridades de los tres poderes del Estado, y la falta de voluntad para emprender el camino más idóneo para la superación de los distintos problemas nacionales, pero la vía para resolverlo no es provocando la anarquía. Más bien, el camino es predicar con el ejemplo y respetar a las distintas instancias en el Sistema de Justicia establecido a partir de la Constitución Política y demás leyes pertinentes. 
Convertir la administración de justicia en un pulso entre facciones ciudadanas e instancias internacionales que solo parcialmente conocen la intricada y prolífica legislación nacional mediante publicaciones que exigen fallos predeterminados en un sentido u otro, contribuye a menoscabar la independencia, la imparcialidad y la legitimidad con la que actúan los órganos competentes y en nada benefician la certeza jurídica ni contribuyen al fortalecimiento institucional. 
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