Muchos autores han coincidido en que el capital humano, la certeza jurídica, el respeto a los derechos de propiedad privada, la inversión, la tecnología y la innovación entre otros,juegan un papel fundamental en la competitividad, generación de empleo y crecimiento económico de un país. En este sentido, vemos que el desempeño de la academia, el Estado y el sector empresarial en su conjunto tienen un impacto directo sobre este resultado. Por un lado, la academia y los centros de capacitación, ya sean públicos o privados, tienen como función la formación del capital humano desarrollando competencias y propiciando el uso de nuevas tecnologías, por otro lado el sector empresarial esta en constante búsqueda de oportunidades para crear riqueza además de ser la principal fuente de generación de empleos a pesar de que aproximadamente el 70% se da en el sector informal, así como también es la principal fuente de ingresos del Estado, y por último es precisamente el Estado quien dicta las “reglas del juego” en que se desenvuelve la actividad productiva. 

Analizando esto podríamos deducir que lo lógico en la parte del sector productivo sería que los centros educativos promuevan dentro de su oferta académica programas que desarrollen competencias en el capital humano acorde a las necesidades de la actividad empresarial y en el caso de las universidades ser una fuente de oportunidades de inversión a través de la investigación y desarrollo al igual que funciona en otros países como Estados Unidos, ya que en la práctica los estudiantes desarrollan esta actividad con bajos presupuestos limitándose a la actividad académica, mientras que las empresas invierten altas sumas de dinero en este rubro buscando nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, no existe un espacio que propicie la articulación entre estos sectores de manera eficiente y por lo tanto vemos que si bien las cifras de desempleo son elevadas, también vemos que hay una demanda real por parte del sector empresarial de personal con competencias específicas con las que no cuenta la oferta laboral actual. Un ejemplo de ello son los Call Centers que han manifestado su intención de crear en el corto plazo más de 150,000 plazas si tan solo existiera ese personal con la capacidad de hablar inglés. 

Por otra parte, el Estado como beneficiario de las actividades productivas del sector empresarial debería tener como prioridad crear las condiciones que incentiven la inversión así como la productividad y competitividad de las empresas. Sin embargo, vemos como la miopía de los funcionarios públicos no les permite ver la complejidad del problema y cuando surgen iniciativas de ley como el caso de la iniciativa 4644 titulada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” saltan argumentos como los de la SAT manifestando que esta iniciativa pone en riesgo una importante cifra de la recaudación fiscal. Es como si el Estado se empeñara en castigar a las empresas que están lidiando con el marco regulatorio desfavorable que existe hoy en día para el sector productivo en su labor de generar empleo y crear riqueza, en lugar de propiciar la creación de nuevas riquezas que traigan con sigo la generación de más empleos formales y altas tasas de crecimiento económico real. 

La combinación entre la burocracia Estatal y los intereses particulares de los distintos actores no permiten la articulación de los diferentes esfuerzos en búsqueda del desarrollo en una misma ruta. La voluntad política por parte de estos tres actores claves en el desempeño de la economía para propiciar espacios de comunicación que les permita estar en sintonía hacia los objetivos de Nación en aras de alcanzar el bien común es fundamental y a su vez representa un gran reto para alcanzar ese modelo de crecimiento económico que nos permita salir de la pobreza y reducir la brecha de inequidad que existe en nuestra sociedad. 

@mmassis