Remontando un poco en el tiempo, unos meses antes de las elecciones del 2011, el Congreso conoció una iniciativa para reformar la Ley General de Telecomunicaciones. En ese momento la propuesta fue planteada por LIDER y, según narra la historia, el famoso “Ángel de la democracia” estaba detrás de la iniciativa para beneficiarse de una renovación del usufructo de frecuencias. Pero, finalmente, no fue aprobada. A finales del año 2012, el partido oficial retomó la propuesta pero para entonces ya se sumaba en la escena un empresario de telecomunicaciones, cuya publicidad hace alusión a dejar el frijol por un lado.

Dos diputados de la UNE, Orlando Blanco y Mario Taracena, señalaron entonces a esta empresa, su abogado y el principal accionista como los impulsores de la reforma. Ya desde 1986 su empresa antecesora contaba con parte del espectro radioeléctrico del Estado para telefonía celular; en el año 2000, en la administración de Portillo, se le entregó el usufructo de la banda, reemplazando la concesión; y la reforma del 2012 amplió los efectos a frecuencias de radio y televisión, entre otros.

Este personaje emergente, ministro de Comunicaciones del primer Gobierno de la democracia contemporánea, también tiene peso en los medios de comunicación escrita. Cuando los dos diarios escritos de mayor circulación se “separaron”, éste compró aproximadamente 30% de las acciones del primero y quedó vinculado al segundo, el que se dedica a la nota roja, mediante dos accionistas.

Hoy vuelve a aparecer en escena con la aprobación del Decreto 12-2014, Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos. Ojalá la ley estuviera enfocada realmente en la primera parte de su título, pero sólo 2 artículos (de 17) se refieren a los centros de privación de libertad.